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Colon » El Entre Rios
Fecha: 06/07/2025 08:30
El fallo de la jueza Loretta Preska que fuerza a la República Argentina a entregar sus acciones representativas del 51% del capital de YPF ha sido recibido con estupor, resignación y, sobre todo, indignación. Esta indignación proviene de múltiples frentes, que van desde el origen sospechoso del reclamo, que nació de la maniobra por la cual el Grupo Petersen se hizo del 25% del capital de YPF sin poner un peso, pasan por el pretendido lavado de manos de los funcionarios que decidieron la nacionalización con la ignorancia y la arrogancia que los hicieron incumplir los estatutos de la empresa, atraviesan la forma poco transparente en que los fondos Burford y Eton Park se hicieron del derecho a litigar del Grupo Petersen, y llegan a lo que se siente como una intromisión indebida de la jueza en cuestiones de jurisdicción puramente argentina. El caso es que la indignación sólo ofrece una mirada retrospectiva sobre una cosa juzgada, que representa un problema presente y futuro que hay que resolver. Es un problema presente porque el plazo que fue otorgado es de 14 días corridos para depositar las acciones en las cuentas de los demandantes. Y es un problema futuro porque no cumplir con el fallo acarrea consecuencias en parte impredecibles y en parte ya conocidas, porque ya tenemos la experiencia del kirchnerismo con el fallecido juez Griesa, que tenía el juzgado de Preska a su cargo hasta algunos años atrás. En aquella ocasión, Argentina se vio obligada a entrar en default con el pago de sus bonos bajo legislación de Nueva York, porque corría el riesgo de que, si depositaba los fondos para hacer frente a los pagos, esos fondos podrían haber sido embargados por los fondos buitre beneficiados por la sentencia judicial favorable. Eso podría repetirse ahora. Además, el incumplimiento podría despertar problemas con el acuerdo con el FMI y, aún más preocupante, impedir que Argentina emita nuevos títulos en los EE.UU., por el miedo al embargo. Volver al mercado de deuda voluntaria parece crucial para afrontar el pago de los vencimientos de capital de los próximos 12 meses. Cabe desear que en el Gobierno exista esta noción de importancia y cierta urgencia del asunto. Por lo pronto, las referencias al “impuesto Kicillof” con el que amenaza el Presidente, y la acusación de “vendepatrias” con la que replica el kirchnerismo, no son auspiciosas. El tema parece ser tratado como un factor de campaña, cuando en realidad se trata de un problema concreto, y no de una sentencia decorativa. Argentina seguramente apelará el fallo y pedirá la suspensión de su ejecución. El tema de fondo ya ha sido apelado y se discute en una cámara de segunda instancia en la justicia estadounidense. Allí, Argentina ha reclamado por el monto calculado para la indemnización y por el fondo de la cuestión, su derecho soberano a expropiar el activo. Los demandantes también han apelado: reclaman que la empresa YPF, liberada de cargos en primera instancia, sea declarada culpable. YPF parece más solvente que el estado argentino, de ahí el interés de los demandantes para devolverla a la mesa. Está bien pedir un cálculo más razonable para la indemnización, que aún hoy, 13 años después de la expropiación, supera tres veces el valor de mercado de la posición del estado en YPF. Pero no podemos olvidar que las cosas se hicieron mal, que YPF cotizaba en Nueva York, un privilegio que acarrea responsabilidades, y que sus accionistas minoritarios tenían derechos que no fueron respetados. Tarde o temprano, y esto también lo hemos aprendido del caso de los buitres, habrá que pagar. Fuente: El Entre Ríos
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