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» Diario Cordoba
Fecha: 06/07/2025 04:03
En 1986 se protegía el lobo en Andalucía dada la precariedad de su población. Se estimó que no quedaban más de 50 ejemplares repartidos en Sierra Morena de Jaén y Córdoba. Se prohibía cualquier forma de captura, posesión y de muerte; la recolección de crías; el tráfico y comercio vivo o muerto, incluidos los naturalizados y de cualquier parte fácilmente identificable obtenidos a partir del animal. Después de muchos años de persecución dejaba de cazarse. Los cazadores en los distintos órganos de participación de la administración apoyaron la medida y se realizaron campañas de educación ambiental y concienciación. Se instauró la medida sin problemas ni crisis existenciales del sector de la ganadería. En realidad el lobo, aunque muy mermada su población, se refugiaba en los cotos de caza mayor en los lugares más intrincados y pasaba desapercibido para la mayoría. No existía problema alguno con el lobo. En 1992 la Directiva de Hábitats protegió estrictamente las poblaciones al sur del Duero Se instauró un sistema de indemnizaciones a ganaderos por los daños que pudieran sufrir en su ganado por acciones depredadoras del lobo. Incluso se preveía un sistema de arbitraje con la participación de peritos nombrados por ambas partes en caso de desacuerdo. Asimismo, se establecía un baremo de indemnización que ascendía a 500.000 pesetas (3.000 euros) con independencia de sexo y edad. En 1992 la Directiva de Hábitats incluyó las poblaciones de lobo al sur del Duero como especie estrictamente protegida y obligó a los estados miembros a instaurar un sistema de protección rigurosa, prohibiendo lo que en Andalucía se había realizado seis años antes. Las poblaciones al norte del río Duero también se consideraban de interés comunitario y su explotación podía ser objeto de medidas de gestión, siempre y cuando fueran compatibles con el mantenimiento de las mismas en un estado de conservación favorable, con la puesta a punto de una serie de medidas de seguimiento y vigilancia. Los científicos consideran indispensables para la viabilidad del lobo en la península Ibérica Más de una década después, en 2003, la administración andaluza promulgaba la Ley de Flora y Fauna Silvestre y mantuvo el sistema de protección introducido en el ordenamiento jurídico de 1986. Se desaprovechó una oportunidad para haber incluido al lobo en alguna de las categorías de especies amenazadas que estableció la Ley de conservación de la naturaleza aprobada por el Gobierno de España en 1989. Nadie esperaba lo que podía pasar poco más de veinte años después. La Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad aprobada por el Estado en 2007 derogó la anterior y estableció como especies amenazadas las categorías de «en peligro de extinción» y «vulnerable». Traspuso la directiva de hábitats e incluyó las poblaciones de lobo al sur del Duero como estrictamente protegidas y con el requerimiento de declarar zonas de especial conservación destinadas a su conservación. En Córdoba se designaron la del Suroeste de la Sierra de Cardeña y Montoro, el Guadalmellato y Guadiato-Bembézar en el año 2015. Poco tiempo después se conoció que no existían indicios fiables en esa fecha y se ha reconocido oficialmente su extinción en Andalucía. Urge la puesta en marcha de un plan de recuperación de la especie en Andalucía En 2011 se aprobó el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespe) y el Catálogo Español de Especies Amenazadas, que incluyó las poblaciones de lobo al sur del Duero en el listado. Un año después, el reglamento de conservación y uso sostenible de la flora y fauna silvestres y sus hábitats en Andalucía vuelve a desaprovechar una nueva oportunidad de catalogar al lobo como especie amenazada. Deroga el decreto de protección del lobo, al encontrarse ya incluido en el Lespe, y deja en vigor los artículos que hacen referencia a las indemnizaciones a los ganaderos, una voluntad clara para que los daños no fueran soportados por éstos. En España, en septiembre de 2021, tras el procedimiento previsto en la legislación y los informes científicos pertinentes, todas las poblaciones de lobo entran en el Lespe. La extinción del lobo en la región andaluza está oficialmente reconocida La política entra en juego, unos a favor de su caza y otros a favor de su protección estricta con medidas de apoyo a ganaderos. En junio de este año se aprueba una modificación de la Directiva de Hábitats, que conlleva dejar de estar estrictamente protegido al sur del río Duero, toda la población ibérica aparece indiferenciada y acogida a la protección con carácter general. Curiosamente, una ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario aprobada en abril por el Parlamento Español en una disposición transitoria consolidaba lo aprobado por la directiva posteriormente. La primera vez que una ley española traspone una directiva europea antes de aprobarse, no deja de ser curioso todo el procedimiento. Un buen ejemplo de regresión ambiental que está prohibida en la Unión Europea. Recientemente, el Ministerio ha hecho público el censo nacional del lobo ibérico, que determina que quedan 333 manadas en España. No se alcanzan las 500 que los científicos consideran indispensables para la viabilidad de la especie en la península. Algunas comunidades han comenzado a matar lobos, a otras las han paralizado los tribunales. El cuento del lobo no ha concluido, pero el hecho es que en Andalucía ya no está protegido de manera especial y urge la puesta en marcha de un plan de recuperación. Suscríbete para seguir leyendo
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