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» El Ciudadano
Fecha: 06/07/2025 02:42
Un agente de la Brigada Motorizada fue condenado a tres años de prisión condicional por un procedimiento irregular realizado en República de la Sexta en diciembre del 2024. El suboficial señalado fue identificado como Julián Márquez, de 27 años. La sentencia fue dictada por la jueza Verónica Lamas González luego de que el acusado sea declarado coautor por hechos de privación abusiva de la libertad, falsedad ideológica de instrumento público, allanamiento ilegal, violación de domicilio, privación ilegal de la libertad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, amenazas coactivas y lesiones leves calificadas. Además de su condena, se lo inhabilitó por 10 años a ocupar cargos públicos y tuvo que pagar una multa de 5 millones de pesos. El hecho que comenzó la causa que ya tenía otro condenado fue un control a un joven que iba en una moto Yamaha YBR realizado el 7 de diciembre en Esmeralda e Ituzaingó, cuando salió a comprar algo, pero había dejado su documentación -tanto personal como del rodado- y su billetera en la casa de su hermano. El procedimiento fue iniciado por Márquez y un compañero al que después se sumaron otros dos. Los agentes le arrebataron el celular al joven y se quedaron con la moto, mientras que los dos agentes que llegaron a reforzar el procedimiento lo acompañaron a la casa del hermano para que muestre la documentación. En ese marco, explicó el fiscal Pablo Socca en base al testimonio de la víctima, los policías acusaron al motociclista de querer cerrar la puerta y forzaron su entrada en la vivienda. Asustado por el accionar policial, el joven comenzó a gritarles y a filmarlos, hasta que escapó hacia la calle por la terraza, donde agarró su moto que estaba abandonado sin los otros uniformados y la escondió por Ituzaingó y Beruti. Luego se fue a casa de su madre, donde se quedó. Aunque logró evadir el irregular procedimiento, el afectado relató que quería “saber qué había pasado con su hermano” pero que cuando salió “llegó la policía motorizada”. Al verlo por la calle, el joven trató de escapar hasta que pudo volver a refugiarse en casa de su madre, donde lo volvieron a detener tras otro allanamiento. En medio de ese irregular procedimiento, de acuerdo a la investigación, se constató que de la casa del hermano faltaban 70 mil pesos y un celular Motorola. En tanto, de la casa de la madre, ya no estaban múltiples objetos cosméticos tales como un masajeador de pies, un lipoláser y radiofrecuencia, un asiento masajeador, entre otros. Además de un parlante que no estaba en los informes porque lo robo uno de los involucrados, Bernardino Fernández. La detención del joven que iba en moto fue justificada porque cargaba con un revólver calibre 38 que había sido descartado en un techo durante la persecución, pero se comprobó que el arma era de uno de los policías que llevaba de forma ilegal. No obstante, el caso no se conoció hasta que la víctima declaró acerca de lo ocurrido tras ser imputada por presuntamente portar un arma de fuego de guerra, resistirse a la autoridad y cohecho activo. Así las cosas, los acusadores precisaron que el acta del procedimiento estaba plagado de irregularidades y autorizaciones para irrumpir en los inmuebles que obligaron a los familiares a firmar.
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