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» Facundoquirogafm
Fecha: 05/07/2025 23:26
El Gobierno nacional pondrá en marcha la fusión de los entes reguladores del gas y la electricidad en un nuevo organismo que concentrará las funciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). La medida se oficializará mediante un decreto que será publicado la próxima semana, antes del 8 de julio, fecha en la que vencen las facultades delegadas por la Ley Bases. La decisión se da en el marco de la reciente crisis energética generada por la ola de frío, que derivó en cortes de suministro en distintos puntos del país. Según confirmaron fuentes oficiales, el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad será el encargado de absorber las funciones de los organismos creados en los años 90 tras la privatización de las empresas estatales de servicios públicos. Actualmente, el Enre está intervenido por Osvaldo Rolando, ex ejecutivo de Edesur, y el Enargas por Carlos Casares, vinculado al Grupo Techint. Ambos continuarán en sus cargos hasta julio de 2026 o hasta que se conforme el nuevo directorio del ente unificado, que estará compuesto por cinco miembros. Desde el sector anticipan que el proceso de designación será complejo debido a la alta calificación requerida y los bajos salarios del sector público. La reestructuración se produce luego de una semana crítica para el sistema energético. La alta demanda por las bajas temperaturas obligó a cortar el suministro de gas en estaciones de servicio, industrias y hogares, mientras que la demanda eléctrica alcanzó niveles récord, generando apagones preventivos. Aunque el Comité de Crisis anunció el fin de la emergencia en el sistema de transporte de gas, el riesgo de nuevos episodios durante el verano sigue latente. En este contexto, el Gobierno de Javier Milei continúa impulsando una política de aumentos tarifarios y recortes de subsidios para atraer inversión privada. Según el ex secretario de Energía Emilio Apud, recuperar la calidad del servicio de hace dos décadas requeriría una inversión superior a los 25.000 millones de dólares, cifra que la gestión actual busca obtener sin recurrir al gasto público ni trasladarla completamente a la tarifa.
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