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  • Alternativas a la prisión: más de 3800 personas bajo seguimiento penal en Entre Ríos

    Parana » Ahora

    Fecha: 04/07/2025 09:52

    En la provincia de Entre Ríos, 3819 personas se encuentran actualmente bajo medidas penales alternativas a la prisión, según datos oficiales difundidos este jueves por la Oficina de Mediación Penal (OMA), dependiente del Superior Tribunal de Justicia. Esta cifra supera al número de personas alojadas en unidades penales provinciales, que asciende a 2901 internos. El informe, actualizado al 19 de junio, destaca el impacto creciente de herramientas como la suspensión del proceso a prueba (probation) y las condenas condicionales, mecanismos que permiten a personas imputadas o condenadas evitar la cárcel bajo estrictas condiciones de conducta. Desde 2004, en el caso de los probados, y desde 2015 en los condenados condicionales, las personas beneficiadas son asistidas, acompañadas y monitoreadas por Oficiales de Prueba, figuras clave dentro del sistema de justicia entrerriano. Su labor consiste en verificar el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas como condición legal, las cuales pueden incluir desde la realización de tareas comunitarias no remuneradas en espacios de bien público, hasta tratamientos psicológicos por adicciones o violencia de género, finalización de estudios, procesos de alfabetización o capacitación en oficios, entre otras medidas, dice el informe enviado a AHORA. Actualmente, la provincia cuenta con 17 Oficiales de Prueba distribuidos de forma desigual entre departamentos. El área Paraná-Diamante concentra la mayor cantidad, con nueve oficiales, mientras que otras zonas como Victoria, Gualeguay o La Paz cuentan con sólo uno. En el trabajo realizado por la oficina de Prensa del STJ se explica que en caso de incumplimiento de las condiciones fijadas a la persona bajo proceso, el Oficial de Prueba eleva un informe al fiscal, quien puede solicitar la revocación del beneficio y reactivar el proceso penal o convertir la condena en efectiva. La experiencia entrerriana, dice el informe, subraya la relevancia de políticas penales basadas en la reintegración y no exclusivamente en el encierro, posicionando a la figura del Oficial de Prueba como una pieza fundamental del sistema judicial provincial.

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