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Parana » Entremediosweb
Fecha: 02/07/2025 23:49
El ex fiscal provincial Fernando Martín Rodrigo (43) fue condenado a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos, luego que se descubriera que había «pinchado” el teléfono de quien era su novia, y las amigas y familiares de la mujer. El juicio abreviado fue homologado el mismo día de inicio deldebate oral y públicosobre una investigación que comenzó a mediados de 2017. El caso derivó en la suspensión temporal del funcionario, que luego presentó su renuncia. A partir de esta resolución quedó inhabilitado a perpetuidad para ocupar cargos públicos en todo el país. El fiscal adjunto dejó su cargo en agosto de 2017 por la denuncia de escuchas telefónicas ilegales. Las intervenciones solicitadas por el funcionario no correspondían a presuntos delincuentes, sino a una empleada del MPA que fue su pareja, familiares de la mujer y otras tres abogadas De acuerdo a la evidencia exhibida por la fiscal Natalia Benvenuto, el ex funcionario judicial pidió entre el 25 de junio de 2017 y el 11 de agosto de ese año “cinco interceptaciones de comunicaciones telefónicas y mensajes de texto respecto de doce números telefónicos”, que fueron otorgadas por jueces que habían interpretado que se trataba de personas involucradas en las investigaciones. Según la acusación, Rodrigo llegó a obtener de esa forma 183 CD’s con intervenciones telefónicas de su ex pareja, sus padres, hermanos y amigas. Incluso se mencionó en la imputación que iba a retirar personalmente los materiales a la sede local de la Dirección Nacional de Captación de Escuchas. Rodrigo, al momento de ser acusado, se desempeñaba como jefe de una de las unidades fiscales de Investigación y Juicio, e intervenía en robo de vehículos que, posteriormente, eran desguazados en desarmaderos. La causa cobró impulso el 7 de agosto de 2017, cuando un empleado de Rodrigo detectó que uno de los teléfonos que tenían en la investigación por los desarmaderos de autos era de una compañera de trabajo y denunció a su superior. Eso le valió tener custodia policial por temor a represalias. En una audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal, el juez Gonzalo Fernández Bussy homologó el juicio abreviado que había sido acordado entre la defensa y la fiscal Natalia Benvenuto. El 11 de agosto de 2017, cuatro días después de que se desatara el escándalo, el por entonces fiscal general Jorge Baclini lo suspendió preventivamente por solicitud de la auditora del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich. Antes de que las autoridades analizaran la posible destitución, renunció a su cargo el 25 de agosto de aquel año y el entonces gobernador Miguel Lifschitz se la aceptó. La condena que contempla la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos adquiere relevancia porque en junio de 2022 llegó a estar entre los ternados para cubrir un cargo como titular de la Fiscalía Federal de Río Gallegos, según los nombres que había elevado por entonces el procurador general de la Nación Eduardo Casal al Poder Ejecutivo, a través del concurso número 114. La demora en llegar a la condena se debió a que se mantuvo una discusión de competencia, el legajo pasó a manos de la Justicia federal y luego regresó al fuero ordinario. En ese derrotero, el imputado utilizó todas las vías recursivas a su alcance, hasta que resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La condena le permitirá al ex fiscal seguir en libertad e incluso puede continuar litigando en forma particular. No obstante, quedó inhabilitado para volver a ocupar cargos públicos por los delitos cometidos mientras estaba en funciones en las oficinas de Montevideo al 1900. Leé también: https://entremediosweb.com/se-oficializa-la-suba-de-tarifa-plana-para-colectivos-del-area-metropolitana
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