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» tn24
Fecha: 02/07/2025 13:10
El Gobierno argentino solicitó este martes a la jueza de Nueva York, Loretta Preska, una medida cautelar para frenar la ejecución de la sentencia por la expropiación de YPF, que obliga al Estado a pagar hasta USD 16.000 millones. La estrategia oficial busca extender los plazos legales durante varios meses mientras prepara una apelación formal ante la segunda instancia judicial. Desde la Casa Rosada insisten en que no habrá negociación con el fondo demandante Burford Capital mientras el fallo no esté firme. Señalan además que sería un “daño irreparable” perder la mayoría accionaria de YPF en manos del Estado nacional. El decreto firmado por el presidente Javier Milei apunta también a disputar el monto de la condena, que según fuentes oficiales podría reducirse a «algunos cientos de millones de dólares». La Procuración del Tesoro, que lidera la defensa jurídica, presentó el pedido de suspensión —conocido en EE.UU. como “stay”— y, si es rechazado, recurrirá directamente a la Corte de Apelaciones. En el Ejecutivo califican la sentencia como de «cumplimiento imposible» y afirman que no está en discusión cumplirla mientras siga vigente solo en primera instancia. La apelación formal se presentará en los próximos días. La sentencia de Preska se basa en que el Estado, al expropiar la petrolera en 2012, no extendió la oferta de compra a otros accionistas minoritarios, como el Grupo Petersen, lo que según la magistrada violó el estatuto de YPF. El Gobierno buscará revertir ese fallo, cuestionando también el mecanismo con el que se calculó la indemnización: un esquema expresado en dólares que, para los abogados del Estado, es jurídicamente impugnable. En paralelo, el Gobierno considera inviable operativamente entregar acciones de YPF, como ordena el fallo, ya que una eventual reversión de la sentencia volvería imposible recuperar ese patrimonio. La Casa Rosada sostiene que aún existen varias etapas legales por delante, incluyendo una eventual revisión de la Corte Suprema de EE.UU., y apuesta a que el proceso se extienda lo suficiente como para ganar margen político y financiero. La posibilidad de que Milei asista a la inauguración de la exposición de La Rural, en medio de esta controversia, agrega condimento político a un litigio que todavía promete muchos capítulos por delante.
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