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Parana » Informe Digital
Fecha: 02/07/2025 07:31
El Gobierno argentino presentó un escrito este martes 1 de julio solicitando a la jueza de Nueva York Loretta Preska que suspenda el fallo sobre la expropiación de YPF hasta que la Cámara revisora tome una decisión sobre el fondo del asunto. Acompañando esta medida, se está preparando una apelación que sería presentada a mediados de mes, mientras se rechaza cualquier negociación, actual o futura, con los fondos Burford y Eton Park. Fuentes cercanas a la Casa Rosada han señalado que este caso también preocupa al gobierno de Donald Trump, ya que la Justicia estadounidense está cuestionando a un aliado clave en la región, como es Javier Milei. La solicitud de suspensión es la primera acción del Estado argentino tras la orden de la magistrada estadounidense de entregar, en un plazo de 14 días, el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes en el juicio sobre la expropiación de la petrolera. La jueza determinó este método de pago basándose en la sentencia en primera instancia contra nuestro país, que estableció un monto de 16.100 millones de dólares más intereses en 2023. La defensa argentina presentó un documento de 4 páginas, al que tuvo acceso el diario La Nación, en el cual se argumenta que Preska se excedió en su jurisdicción y no es posible llevar a cabo la expropiación de las acciones, ya que están registradas en la Caja de Valores. Además, añadieron que cualquier decisión vinculada a la expropiación de YPF deberá ser aprobada por el Congreso de la Nación con dos tercios de los votos, un punto también mencionado por Axel Kicillof en la conferencia de prensa que ofreció este martes. “No se puede poner al genio de vuelta en la botella”, fue una de las frases de los abogados para indicar que, si los fondos extranjeros asumen el control de la petrolera y deciden venderla, ello causaría un daño inmenso a la Argentina. “Esto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su marco legal interno”, enfatizaron los letrados argentinos en su presentación, subrayando que están en juego 23.000 puestos de trabajo, en referencia a los empleados de YPF. El monto es otro de los asuntos en discusión. En el Gobierno consideran que podría ser “mucho menor” a los 16.100 millones de dólares fijados por Preska, dependiendo de si se utiliza el tipo de cambio entre pesos y dólares del momento de la expropiación (2012) o del momento de la ejecución (2023), así como el valor de las acciones en cada uno de esos años. Ahora se aguarda la decisión de la jueza respecto al pedido de suspensión. Mientras tanto, las partes contarán, desde el momento en que se les notifique el escrito, con tres días hábiles para responder. Posteriormente, Argentina dispondrá de un tiempo adicional para contestar lo que digan los representantes legales de los fondos. Los representantes argentinos tienen en mente, independientemente de si hay o no respuesta de Preska, continuar con su reclamo ante la Cámara revisora. En la Casa Rosada se realizaron varias reuniones este martes para abordar el tema. Desde temprano afirmaron su determinación de apelar el fallo de la jueza de Nueva York, tal como anticipó el propio presidente Javier Milei. Esta acción se llevará a cabo en los próximos quince días. Alrededor del presidente consideran que el fallo de Preska es de “imposible cumplimiento”. “Imagínese que si Argentina aceptara esta locura, perdería el control mayoritario de YPF”, declaró a la agencia Noticias Argentina un exfuncionario del área energética. En la sede gubernamental también negaron que hubiera negociaciones con los bonistas, aunque estos afirman que sí existen. Jueza Loretta Preska Por su parte, Manuel Adorni, vocero presidencial, expresó en su cuenta de X: “El Gobierno solicitó la suspensión del fallo de la jueza Prezka y trabaja en la apelación. La sentencia que ordena la entrega de acciones de YPF es jurídicamente inaplicable: contradice la ley 26.741, que exige autorización del Congreso por mayoría agravada y desconoce la inmunidad soberana. Las acciones no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles. Fin”. El caso está a cargo de Juan Ignacio Stampalija, segundo de Santiago Castro Videla en la Procuración del Tesoro Nacional (PTN). Castro Videla, quien asumió a comienzos de este año la dirección de los abogados del Estado, no participa debido a que su exsocio, Alberto Bianchi, fue testigo experto en contra del Estado argentino en este conflicto legal (otro punto que mencionó Kicillof en su conferencia). El posteo de Manuel Adorni sobre YPF Stampalija cuenta con la ventaja de ser experto en Arbitraje, Litigios y Contratos Internacionales. Además, posee un Magíster en Derecho por la Universidad de Hong Kong, y otro en estudios legales internacionales por la Universidad de Nueva York. El estudio Sullivan & Cromwell LLP continuará representando a Argentina en los tribunales de Nueva York, manteniendo su papel desde el inicio de este conflicto legal. A favor, comentan desde la Casa Rosada, está el hecho de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazó este fallo y respalda totalmente la apelación argentina. HM/ML
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