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Parana » Informe Digital
Fecha: 01/07/2025 19:02
A través del decreto 443/2025, publicado en el Boletín Oficial este martes, el presidente Javier Milei ha aceptado la renuncia del juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, quien estaba a punto de ser destituido por el Consejo de la Magistratura. La detención del magistrado se hizo efectiva este martes. Bailaque cumplirá con la prisión preventiva dispuesta por el juez Eduardo Rodrígues Da Cruz en su domicilio durante 90 días. Esta medida se implementó tras la evaluación realizada en mayo por los integrantes de la Cámara de Apelaciones, Aníbal Pineda, Fernando Barbará y Elida Vidal, quienes concluyeron que no existía riesgo de fuga. Después de presentar su renuncia al Ministerio de Justicia de la Nación el 10 de junio pasado, Bailaque inició el proceso para jubilarse bajo el régimen especial de Santa Cruz, donde se desempeñó en la Justicia desde 1994 hasta 2008. Este martes por la mañana, los fiscales que investigan a Bailaque presentaron un escrito ante el juez Rodrígues Da Cruz, solicitando una audiencia “de forma urgente” para analizar los detalles sobre la modalidad de su detención. Se busca definir cómo se controlará la prisión domiciliaria hasta que llegue la tobillera electrónica, así como el lugar específico de cumplimiento de la medida y las pautas de conducta pertinentes. A su vez, los abogados defensores de Bailaque, Claudio Puccinelli y Alejandro Parolo, informaron que el exjuez se encuentra en su domicilio, dispuesto a cumplir la prisión preventiva, según publicó La Nación. El “proyecto de decreto” que formalizaba la aceptación de la renuncia de Bailaque fue elaborado por el Ministerio de Justicia y databa del 25 de junio, aunque fue publicado oficialmente solo este martes. Esta situación ha generado suspicacias, ya que la noticia se hizo pública después de las elecciones en Santa Fe, donde podría haber afectado negativamente a los candidatos de La Libertad Avanza. Con la aceptación de la renuncia de Bailaque, Milei dio por finalizado un extenso proceso que se inició el año pasado en el Consejo de la Magistratura. Allí se había aprobado un dictamen de más de 190 páginas, elaborado por los consejeros Álvaro González y Alberto Maques, que argumentaba a favor de su destitución. El proceso en el Consejo iba a culminar con el apartamiento de Bailaque; sin embargo, surgió un inconveniente con la conformación del tribunal, ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel no designó a los dos senadores que deben integrar ese cuerpo sancionador, los cuales debían ser del bloque peronista. Dado que Milei aceptó la renuncia redactada por Bailaque el 10 de junio, ya no será necesario formar el tribunal de enjuiciamiento. El exjuez planea jubilarse por el régimen especial de Santa Cruz, donde desde el 21 de septiembre de 1994 sirvió como defensor oficial y, tres años después, fue ascendido a juez de instrucción en Caleta Olivia, cargo que ocupó hasta el 8 de febrero de 2008. Bajo el régimen previsional de Santa Cruz, los funcionarios judiciales pueden jubilarse a los 54 años. Bailaque tomó la decisión de renunciar ante el avance de la investigación en su contra en el Consejo de la Magistratura, así como tras ser imputado en tres causas que enfrenta en la justicia federal de Rosario, donde se dispuso su prisión preventiva el 30 de abril pasado. En el Consejo se observó que eligió un momento particular para presentar su renuncia, coincidiendo con la atención mediática centrada en la detención domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner. El juez federal de Rosario enfrenta una compleja investigación a su cargo, que abarca tres episodios. Está acusado de extorsionar a un empresario junto al financista Fernando Whpei, quien también se encuentra bajo prisión domiciliaria, y al exjefe de ARCA, Carlos Vaudagna. A su vez, se le imputa haber favorecido al narcotraficante Alvarado, con quien compartía su contador, y de permitir que Whpei manejara fondos millonarios de una cooperativa intervenida. Todo indica que el caso Bailaque “es solo la punta del iceberg”, aunque existe incertidumbre sobre si la caída de este juez tendrá repercusiones. El futuro dilema es qué sucederá cuando un nuevo juez ocupe el cargo en el juzgado federal N°4. Hay sospechas de que la trama de corrupción expuesta en esta investigación judicial está lejos de ser un caso aislado y es parte de un sistema de funcionamiento ilegal más amplio. Las investigaciones han revelado otros aspectos oscuros que escapan al mal desempeño de un magistrado. Bailaque, junto con Whpei y Vaudagna, presuntamente orquestaron una estrategia utilizando el aparato del Estado y la justicia para perjudicar al empresario Claudio Iglesias. Según Vaudagna, admitió que se fabricó un caso y se puso en marcha la maquinaria judicial con allanamientos y peritajes, con el objetivo de extorsionar a Iglesias por 200.000 dólares. De esa suma, alrededor de 120.000 dólares fueron pagados en el Museo de la Democracia, una ONG vinculada a Whpei. Bailaque operaba el engranaje judicial a su voluntad, como lo demostró en el caso del narcotraficante Alvarado, al que tardó al menos tres años en investigar de manera efectiva. Durante ese tiempo, Alvarado acrecentó su fortuna y ordenó varios asesinatos. Carlos Arguelles, un examigo y mecánico de Alvarado, describió atrocidades que el narcotraficante cometió con sus víctimas; Arguelles fue asesinado en septiembre de 2021, tras declarar en su contra. Bailaque compartía el contador Gabriel Mizzau con el narcotraficante que debía investigar. Mizzau, amigo de Bailaque, construyó un entramado legal para blanquear dinero provenientes del narcotráfico, a través de empresas como Logística Santino y Sagrado Corazón. Desde hace años, circulan versiones sobre la opacidad que prevalecía en el juzgado a cargo de Bailaque. Las investigaciones mostraban que la justicia federal solía condenar a los grupos narcos solo después de que lo hiciera la provincial, donde los delitos juzgados no incluían tráfico de drogas, sino asociación ilícita y homicidios. Por ejemplo, la causa de lavado de dinero contra Los Monos, tramitada en su juzgado, no aportó casi nuevos elementos al expediente que había pasado antes por la justicia provincial, que ya había comenzado a condenar a este grupo criminal en 2018.
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