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CABA » Plazademayo
Fecha: 01/07/2025 12:52
La jueza neoyorquina Loretta Preska emitió un polémico fallo que pretende transferir el control de la petrolera estatal argentina a inversores privados extranjeros. El Gobierno anunció que apelará, mientras crecen las críticas por la amenaza al principio de soberanía nacional. En un fallo que sacudió los cimientos de la política económica argentina y reavivó las tensiones con el capital financiero internacional, la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF al fondo buitre Burford Capital. Horas más tarde, dictó una medida similar a favor de Bainbridge, otro fondo litigante, en un fallo que suma presión sobre el país en medio de una crisis económica y política. Preska dispuso que Argentina deposite sus acciones Clase D en una cuenta de custodia en el Bank of New York Mellon (BNYM), como parte del cumplimiento de la sentencia por US$ 16.100 millones que el país fue condenado a pagar por la reestatización de YPF en 2012. La jueza, sin embargo, carece de jurisdicción soberana sobre el patrimonio estatal de un país extranjero, lo que generó el rechazo inmediato de especialistas en derecho internacional. Una jueza por encima de los Estados Expertos en derecho consultados por PáginaI12 y otros medios coinciden en señalar que la decisión de Preska constituye un “precedente peligroso”, ya que busca colocarse por encima del principio de soberanía que rige el derecho internacional. “Si esta resolución queda firme, cualquier país del mundo podría quedar expuesto a decisiones de tribunales extranjeros sin tener garantías de su estatus soberano”, advirtió el abogado Sebastián Soler. El argumento del fallo se basa en la demanda iniciada por Burford Capital en nombre del grupo Petersen, antigua tenedora de acciones de YPF, tras la estatización de la empresa durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En 2015, el fondo compró los derechos de litigio tras la quiebra del holding de la familia Eskenazi, y desde entonces busca compensaciones millonarias. Reacciones cruzadas y una defensa debilitada El presidente Javier Milei, lejos de cuestionar el avance judicial extranjero, aprovechó la ocasión para atacar a la oposición y responsabilizar al entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, por la reestatización de 2012. “Vamos a apelar este fallo en todas las instancias para defender los intereses nacionales”, escribió en sus redes, aunque no sin antes calificar a Kicillof de “imbécil” y culpar a los gobiernos anteriores por las consecuencias actuales. Kicillof respondió duramente: “Lo más grave no es el fallo, sino que el presidente argentino elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales”. Además, denunció el vínculo ideológico de Milei con Estados Unidos y recordó que su espacio político ya confesó su intención de privatizar YPF. Las críticas también se enfocaron en la actual estrategia jurídica del Gobierno. Aunque los argumentos presentados hasta el momento son sólidos desde el punto de vista legal, especialistas alertan que el desmantelamiento del equipo de defensa en la Procuración General del Tesoro y las declaraciones contradictorias de Milei debilitan la posición argentina. “No se puede defender a YPF en los tribunales mientras se insinúa su privatización en los medios”, advirtió un jurista. Presiones con fines políticos y financieros Según los especialistas, la orden de Preska es más política que jurídica. “Es una medida desmesurada e inaplicable en la práctica, pero que funciona como herramienta de presión para forzar un acuerdo o concesión”, señalan. Además, subrayan que el derecho argentino contempla tres requisitos para la validez de una expropiación, todos cumplidos en el caso de YPF: causa de utilidad pública, ley del Congreso e indemnización. El argumento de que no se respetó el estatuto de YPF solo tiene valor dentro de un ordenamiento jurídico comercial privado, pero no puede imponerse sobre una decisión soberana avalada por la Constitución. ¿Qué viene ahora? Aunque el fallo no tiene aplicación inmediata, su impacto simbólico y político es alto. La Argentina apelará ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, con la esperanza de que se revoque la medida o se suspenda hasta tanto se resuelva en última instancia. En paralelo, el panorama se complica si se considera que Burford y Bainbridge no buscan únicamente compensaciones económicas, sino también un activo estratégico como YPF. “Estados Unidos no quiere este escenario porque es un disparate jurídico, pero lo permite una jueza de formación anglosajona que actúa como árbitro global del capital financiero”, resumió un jurista. El riesgo de que sentencias como estas se multipliquen podría modificar para siempre las reglas del juego entre los Estados y los fondos de inversión. En ese contexto, el caso YPF es mucho más que un conflicto legal: es una batalla por el derecho de los pueblos a decidir sobre sus recursos estratégicos.
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