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Usuhahia » Diario Prensa
Fecha: 01/07/2025 05:06
Creciente enojo, impotencia y frustración entre los comerciantes riograndenses. Los comercios locales siguen siendo escenario del accionar constante de delincuentes reincidentes. El hartazgo crece ante la impunidad de quienes delinquen una y otra vez, la automaticidad de las notificaciones de derechos y garantías y la falta de espacios para su efectiva reclusión. La creciente inseguridad que atraviesa Río Grande tiene un patrón que se repite con alarmante frecuencia: los protagonistas de los robos son, en muchos casos, los mismos de siempre. La modalidad varía —barretas en la madrugada, engaños con transferencias falsas, arrebatos rápidos—, pero los nombres se repiten. Y también se repite el resultado: la notificación de derechos y garantías procesales, como único límite momentáneo y simbólico antes del próximo ilícito. Dos hechos recientes ilustran con claridad esta dinámica. El primero ocurrió en el restaurante Lo de Nené, ubicado en calle Almafuerte, que fue blanco de dos robos en menos de una semana. En el primero, el 22 de junio, delincuentes ingresaron tras forzar una puerta de emergencia y se llevaron mercadería de alto valor: cortes de carne, vinos y licores importados. En el segundo, ocurrido el 26, sustrajeron nuevas bebidas. En ambos casos, la Policía identificó a los responsables y recuperó parte de lo robado durante allanamientos ordenados por el Juzgado de Instrucción Nº 3. Los nombres se repitieron en ambos episodios: Juan Ramón Aguilar Calisto y Néstor Fabián Ulloa Calisto, acompañados esta vez por José Benjamín Peralta y Gabriel Aravena. Lo más llamativo es que dos de ellos ya habían participado del primer robo y volvieron días después, como si nada, al mismo lugar. Fueron nuevamente notificados… y puestos en libertad. En otro punto de la ciudad, el local Roma Shop, ubicado en calle Tolhuin 488, fue escenario de un intento de robo el 28 de junio. Allí, una comerciante embarazada de nueve meses observó por cámaras cómo dos sujetos intentaban llevarse un reloj. Avisó a su familia y a la Policía. Una de sus familiares se interpuso en la puerta, enfrentó a los delincuentes cuerpo a cuerpo y evitó su fuga hasta que llegaron los efectivos. Uno escapó, pero el otro —Fernando Daniel Morillas, de 32 años— fue detenido a pocas cuadras. Morillas tiene un historial cargado de hechos similares: intentos de estafa con transferencias bancarias falsas, robos en distintos comercios y múltiples denuncias en su contra. Fue detenido hace apenas semanas por hechos similares en la Margen Sur y en el local “R&R Mates”. Sin embargo, sigue en libertad, sin más consecuencia que ser “notificado” cada vez que reincide. Los comerciantes —agotados por los robos y frustrados por la falta de respuestas judiciales— ya no disimulan su malestar. La dueña de Roma Shop, Betzabé, fue clara: “Los sueltan rápido. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos porque la Justicia no da respuestas”. A este hartazgo creciente entre comerciantes se suma el malestar silencioso pero notorio dentro de las propias fuerzas policiales. Muchos efectivos reconocen, en voz baja, la frustración que sienten al tener que arriesgar su integridad física para detener a personas que, en muchos casos, oponen resistencia y se tornan violentas, solo para ver cómo en cuestión de horas recuperan la libertad. El desgaste emocional, el peligro en cada operativo y la falta de respaldo efectivo desde el sistema judicial minan el ánimo del personal, que también empieza a sentir que su esfuerzo es en vano. El uso reiterado y casi automático de las notificaciones de derechos y garantías procesales como respuesta judicial a cada hecho delictivo, alimenta una sensación de impunidad que crece en la comunidad. Si bien la herramienta legal es parte del procedimiento penal, en los hechos se ha transformado en un recurso remanido e ineficaz. Una de las razones no dichas —pero sabidas— es la crónica falta de lugares de alojamiento para personas detenidas en la provincia, lo que lleva a un manejo restrictivo de las prisiones preventivas. Así, los delincuentes reincidentes circulan libremente, porque la capacidad para contenerlos es muy restringida. El perfil de estos delincuentes es casi calcado: jóvenes, desempleados, en situación de calle, con antecedentes y una lógica delictiva que se repite con total impunidad. Frente a eso, la reacción judicial sigue siendo insuficiente. La notificación de derechos y garantías procesales parece haberse convertido en una formalidad que, lejos de frenar el delito, lo posterga unas horas y hasta próximos hechos que podrían ser más graves. ¿Habrá que esperar que alguien resulte gravemente herido o muerto en uno de estos incidentes delictivos para que las cosas cambien”. La Justicia tiene la respuesta.
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