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Colon » El Entre Rios
Fecha: 30/06/2025 06:30
¿Qué se reparte y cómo? Atención Esta imágen puede herir su sensibilidad Ver foto Compartir imágen El resultado es una especie de “radiografía fiscal y social” de cada ciudad. Cuanto mayor sea la población, más alta la pobreza o más sólida la recaudación local, más alto será el coeficiente, y, por lo tanto, mayor la porción del impuesto que le toca. Un sistema, dos regímenes, múltiples realidades Atención Esta imágen puede herir su sensibilidad Ver foto Compartir imágen Índices del 2024: el año del error evitable Atención Esta imágen puede herir su sensibilidad Ver foto Compartir imágen En resumen, la parte social del reparto se congeló y solo se valoró lo fiscal. Se premió al que recaudó más, pero no se reconoció al que más creció ni al que más necesidades tiene. Año 2025: una corrección tardía del reparto que dejó en evidencia lo que se hizo mal Atención Esta imágen puede herir su sensibilidad Ver foto Compartir imágen El caso de Concordia es emblemático. Con más de 179.000 habitantes y un coeficiente de 19,53, quedó demostrado que en 2024 no se la había reconocido como correspondía. El atraso censal le costó recursos, y la corrección de 2025 llega, sí, pero tarde y sin devolver lo perdido. Lo que reflejan los rankings: recaudación o vulnerabilidad Tal como pasó con la provincial… ¿Y si también la coparticipación nacional se calculó con datos viejos? Cuando la coparticipación se reparte mal, el reclamo no es político: es legal y los municipios tienen herramientas ¿Y qué se puede hacer desde cada municipio? Concordia: los datos estaban desactualizados, la plata no llegó, y alguien tiene que reclamar Normativa y bibliografía consultada: En 2024, la provincia de Entre Ríos repartió millones entre los municipios usando datos del Censo 2010, como si en más de una década nada hubiera cambiado. El Censo 2022 ya estaba disponible, pero fue ignorado. Este artículo analiza cómo esa decisión afectó a los municipios de más de 10.000 habitantes —incluida Concordia, una de las más afectadas— y revela, con datos concretos y normativa en mano, cuánto se perdió por no actualizar los coeficientes. Los Intendentes, además de exigir una distribución justa, deberán plantear la devolución retroactiva de los fondos mal asignados. Y queda abierta una pregunta clave: ¿también se usaron datos viejos para repartir la coparticipación nacional?Cada vez que se paga una compra, se patenta un auto o se abona una tasa, una parte de ese dinero va a parar a un fondo común que administra la provincia. Desde allí, se reparte entre los municipios para que puedan prestar servicios, sostener obras y atender necesidades cotidianas.El impuesto que más aporta a ese fondo es el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB). Es el corazón de la recaudación provincial y, también, la principal fuente de coparticipación que hace la provincia a los municipios.De todo lo que se recauda por este impuesto, el 12% se transfiere a los municipios. Pero no en partes iguales: el reparto se realiza usando coeficientes, que funcionan como una fórmula para estimar cuánto necesita y cuánto aporta cada localidad.Estos coeficientes consideran, principalmente:• Cuánta población tiene el municipio;• Qué grado de vulnerabilidad social presenta (como pobreza o desempleo);• Y cuánto recauda en forma directa, a través de sus propios contribuyentes.Los coeficientes no son un tecnicismo oscuro, ni un simple dato estadístico. Son el instrumento que define cuánto dinero efectivamente ingresa a cada municipio. Y eso los convierte en una herramienta central de planificación.Más del 70% de los recursos coparticipables de origen provincial que reciben los municipios, proviene del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por eso, cualquier error en el cálculo de estos coeficientes -o el uso de datos desactualizados- no es menor: se traduce en recursos que dejan de llegar a donde se los necesita.El coeficiente de Contribuyente Directo es un reflejo de la economía formal local, en tanto; el coeficiente de Convenio Multilateral es un reflejo de las necesidades sociales.Esta dualidad muestra que coparticipación no es solo distribución de dinero: es una radiografía de la desigualdad territorial, y debe ser analizada como herramienta de política pública, más que como dato técnico aislado.La clave para sostener y mejorar recursos coparticipables sin depender de la pobreza es fortalecer la recaudación local, pues mejorar en recaudación directa es clave para ganar autonomía y depender menos del reparto por necesidad.En 2024, la provincia de Entre Ríos calculó cuánto dinero le correspondía a cada municipio utilizando los datos del Censo 2010, a pesar de que desde fines de 2023 estaban disponibles los resultados definitivos del Censo 2022. Eso quiere decir que, en lugar de usar información reciente, se tomaron valores de población y pobreza con 12 años de antigüedad para definir cuánta plata recibía cada ciudad.Los números hablan. Al mirar cómo se calcularon los coeficientes en 2023 y 2024, aparece con claridad la trampa del reparto congelado:fue exactamente el mismo en ambos años para todos los municipios. Esa rigidez confirma que no se usaron los datos del Censo 2022, a pesar de estar disponibles. Es decir, se repartieron millones como si la población y la pobreza de cada ciudad siguieran igual que en 2010.sí cambió, pero solo porque se actualizó la recaudación de cada municipio. Es la única variable que se movió.El resultado fue una especie de reparto con una pata paralizada: una parte viva (la recaudación) y otra dormida (la población y la pobreza). Y esa decisión tuvo consecuencias: ciudades como Concordia, que deberían haber recibido más fondos por su crecimiento y vulnerabilidad, quedaron atrapadas en una tabla vieja que ya no refleja la realidad.En concreto, el error no fue sólo técnico, fue una decisión política: elegir seguir usando una base de datos vencida para repartir millones de pesos. Y eso tuvo un impacto directo y real en el presupuesto de los municipios, que no se trata solo de porcentajes: se trata de recursos concretos que no llegaron en tiempo y forma y si no se reclama, ese daño queda consolidado.En 2025, por fin se usaron los datos actualizados del Censo 2022 para calcular cuánto debía recibir cada municipio. Y los cambios hablaron por sí solos: el ranking se movió, los coeficientes variaron y quedó a la vista el error cometido en 2024.El nuevo cuadro lo deja claro, por ejemplo: Concordia, que en 2024 había sido castigada por la desactualización, pasó al primer lugar del ranking del Convenio Multilateral, con el coeficiente más alto (19,53607), reflejando su verdadera dimensión demográfica y social y en contraste, Paraná, que había liderado injustamente el reparto anterior, ahora aparece en segundo lugar (17,45407), mostrando que había recibido más de lo que le correspondía.La lectura es directa: cuando se usaron datos reales, el reparto cambió y con él, se reveló la distorsión anterior.Los cuadros comparativos no solo informan, orientan decisiones, permitiendo detectar patrones: municipios que mejoran su coeficiente por fortalecer su recaudación, otros que lo hacen por aumento de población o del incremento de la pobreza.-Cada Presidente Municipal debería hacerse al menos, tres preguntas clave:• ¿Mejoré porque crecí o porque mi población se empobreció?• ¿Estoy recaudando todo lo que debería?• ¿Mis datos sociales y censales están actualizados?Estas respuestas permiten transformar los rankings en una hoja de ruta fiscal y social, y no simplemente en una tabla comparativa, pues la coparticipación no es solo un resultado: también puede ser una herramienta de planificación estratégica municipal.El análisis desarrollado hasta aquí se centró en la distribución provincial del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y su impacto concreto sobre los municipios entrerrianos durante el año 2024. Sin embargo, este caso revela una inquietud mayor, que trasciende el alcance de esta nota pero no puede pasarse por alto, pues hay indicios de que también la coparticipación nacional -la parte que la provincia transfiere a los municipios por impuestos federales como Ganancias, IVA y Bienes Personales, entre otros tributos- se habría calculado utilizando datos desactualizados del Censo 2010, en lugar de los del Censo 2022, ya disponibles a fines de 2023.La propia Metodología de Liquidación y Acreditación de Coparticipación establece que se emplean como variables para el cálculo de coeficientes, la cantidad de electores y el porcentaje de hogares pobres con necesidades básicas insatisfechas, ambos derivados del Censo Nacional.Si se confirma que también allí se usó el Censo 2010, el perjuicio para municipios como Concordia no solo fue real, sino doble; pues si lo provincial fue mal calculado, lo nacional, posiblemente también.La advertencia está hecha y aunque esta nota no aborda en profundidad ese otro componente, queda claro que el control de los indicadores utilizados debe ser parte activa de la gestión de cada municipio que quiera defender los recursos que le corresponden.La omisión en la actualización de los indicadores utilizados para distribuir fondos de coparticipación —como sucedió en 2024 al no aplicarse el Censo 2022— no constituye un mero error administrativo ni una cuestión de oportunidad política. Es una transgresión a los principios de legalidad, equidad y razonabilidad que rigen la asignación de recursos públicos, en tanto perpetúa un esquema de distribución basado en parámetros demográficos obsoletos y ajenos a la realidad actual de los municipios.Ante esta situación, los gobiernos locales que resulten afectados no deben limitarse a reclamar el recálculo de sus coeficientes. sino que les corresponde además:a) realizar un análisis técnico que cuantifique la pérdida de recursos atribuible al uso de datos desactualizados, b) promover una presentación formal ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas solicitando la rectificación de los criterios aplicados y la recomposición de fondos, c) requerir la restitución de las sumas no percibidas durante el período de aplicación indebida, con la correspondiente actualización e intereses legales, y d) respaldar cada instancia del procedimiento mediante actos administrativos debidamente fundados, que permitan eventualmente accionar en sede judicial conforme al principio de tutela judicial efectiva.Ignorar el Censo 2022 no fue un olvido: fue una decisión que tiene consecuencias, pues repartir fondos públicos con información desactualizada podría configurar una omisión grave de los deberes del cargo, con posibles implicancias administrativas e incluso penales para quienes la sostuvieron.Los datos de población y de pobreza que definen los coeficientes de coparticipación en Entre Ríos provienen del Censo Nacional 2022, lo que o implica que, por varios años, ningún municipio podrá modificar esa fotografía demográfica y social.Lo único que sí pueden cambiar y deben hacerlo, es su recaudación local, pues cada punto que se suma en el régimen de Contribuyentes Directos no depende del empobrecimiento ni del crecimiento poblacional, sino del esfuerzo administrativo, de la gestión tributaria y de la voluntad política de ordenar y formalizar la economía local.En un sistema que distribuye recursos según cuánto sufrís o cuánto aportás, la única respuesta posible de cada Municipio es actuar, pues no alcanza con quejarse por lo que “toca”: hay que intervenir sobre lo que cada municipio puede mejorar.En 2024, Concordia fue perjudicada. No es una opinión: es un hecho. El cálculo de cuánto dinero debía recibir la ciudad se hizo con datos del Censo 2010. O sea, como si estuviéramos en otra época, con menos población, menos barrios y menos necesidades.El Censo 2022 ya estaba terminado y mostraba una realidad distinta: más habitantes, más pobreza, más urgencias. Pero la provincia ignoró esos datos actualizados. Y por eso, Concordia recibió menos recursos de los que le correspondían. Esa decisión —porque fue una decisión— dejó a la ciudad con menos fondos para obras, servicios y atención social.En 2025, con los nuevos datos, el coeficiente mejoró. Pero lo perdido en 2024 ya no vuelve solo y es por eso que el Intendente, el Concejo Deliberante y los legisladores tienen que pedir lo que le corresponde a Concordia: el recálculo de los coeficientes y la devolución retroactiva de lo que nunca debió dejar de llegar.No se trata de pelear con nadie. Se trata de defender lo que es justo. Porque si los datos estaban desactualizados, la plata que no llegó tiene que volver.Instructivo con Metodología de Liquidación y Acreditación de Coparticipación.Municipios - Ley Prov. nº 8492 (TO de disposiciones vigentes al 30-11-2005)Municipios - Decreto nº 1.945-2023- Índices Provinciales 2.023- Bol. Oficial nº 27.718Municipios - Decreto nº 4.445/2022 - Índices Nacionales 2.023- Bol. Oficial nº 27.610Municipios - Decreto nº 3.645-2024- Índices Provinciales 2.024- Bol. Oficial nº 28.007Municipios - Decreto nº 1.082-2024 - Índices Nacionales 2.024- Bol. Oficial nº 27.863Municipios - Decreto nº 1.005-2025- Índices Provinciales 2.025- Bol. Oficial nº 27.860Municipios - Decreto nº 3.834-2024 - Índices Nacionales 2.025- Bol. Oficial nº 28.018
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