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Usuhahia » Diario Prensa
Fecha: 30/06/2025 00:13
Mientras se investigan faltas éticas, contravenciones y delitos graves. Felicitas Maiztegui Marcó chocó cinco autos y huyó. Andrés Leonelli fue imputado por tenencia de pornografía infantil. A pesar de la gravedad de los hechos, ambos magistrados continúan ejerciendo sus cargos, sin suspensión ni reasignación de funciones. En contraste y entre otros casos, el relator del Superior Tribunal, Marcelo Guzmán, lleva casi tres años apartado por una denuncia por violencia de género. La disparidad en el trato institucional resulta cada vez más evidente. Jueza Correccional del Distrito Judicial Sur, Felicitas Maiztegui Marcó. Aunque el mismo proceder hubiera merecido severas sanciones si hubiese sido protagonizado por cualquier hijo de vecino —secuestro del vehículo, fuerte multa por alcoholemia positiva o intoxicación (en caso de comprobarse mediante el test correspondiente), huida del lugar del hecho y el consecuente inicio de una causa en el Juzgado Municipal o incluso en la Justicia Provincial si hubiera habido lesionados—, en el caso de la jueza Felicitas Maiztegui Marcó, nada de eso ocurrió. No sólo no se le aplicó ningún tipo de apercibimiento, llamado de atención o cuestionamiento ético – al menos todavía – sino que el Poder Judicial le permitió continuar desempeñando, como si nada hubiera pasado, sus tareas habituales al frente del Juzgado Correccional. Allí, precisamente, su función consiste en analizar y aplicar criterios ante faltas de tránsito exactamente iguales a las que ella misma cometió. Claro que en otros casos, los infractores no son jueces sino ciudadanos anónimos, despojados de la impunidad que parece amparar a quienes detentan algún tipo de poder. Cualquier Juan o Juana Pueblo habría visto cómo una grúa trasladaba su auto al playón de secuestros del Municipio luego de un choque bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, y no habría podido recuperarlo sin pagar antes las multas correspondientes. Pero en el caso de Maiztegui Marcó, eso no pasó. Y no sucedió porque huyó y, por ende, no fue posible realizarle el test de alcoholemia ni secuestrar su potente Jeep Wrangler, que llevó a su casa después de ir al aeropuerto, donde finalmente fue encontrada. ¿Por la Policía? No. Fue el propio representante de la empresa Avis Budget —dueña de tres de los cinco autos afectados en el siniestro— quien logró ubicarla. Marcelo Villanueva fue claro al relatar lo ocurrido cuando se presentó por su cuenta en una vivienda del barrio privado Mirador Fernández. Allí encontró estacionado el vehículo causante del siniestro múltiple y fue recibido por la escapista jueza. ¿Cómo llegó hasta allí? No gracias a la Policía, sino, tras averiguar el número de chapa patente del rodado que había impactado sus vehículos y averiguar a quién pertenecía, una vez más, por su propia iniciativa. Villanueva contó que, en un primer momento, la jueza negó su responsabilidad en los hechos. Pero al exhibirle la filmación de una cámara de seguridad que registró la secuencia, la magistrada terminó por admitir su autoría. También intentó justificar su fuga, alegando que “estaba apurada”, y afirmó no recordar haber maniobrado marcha atrás, pese a que las imágenes del hecho muestran una colisión frontal. Según el testimonio formal del damnificado, la jueza encargada de impartir justicia intentó, paradójicamente, eludirla. Ante este panorama, resultó inquietante ver a la jueza Felicitas Maiztegui Marcó estacionar su Jeep Wrangler tranquilamente en el playón del supermercado Carrefour, el miércoles pasado, junto a una hermana, la persona a la que fue a buscar al aeropuerto ese viernes 13 de descontrol, en el que al salir de la aeroestación, también habría impactado contra la barrera de la garita de estacionamiento. Cualquier otro ciudadano, en su situación y ante la necesidad de hacer compras, habría tenido que hacerlas en taxi, Uber o remis, porque su vehículo estaría secuestrado y su licencia de conducir, suspendida. Sin embargo, no es ese el caso de la jueza. La misma sensación de impunidad que le provoca a quienes la ven circular indiferente por la ciudad, la produce su presencia en los pasillos del edificio judicial de Monte Gallinero, expedientes en mano, lista para dictaminar sobre la conducta de otros. ¿Con qué autoridad moral lo hará? ¿Con qué legitimidad puede emitir un fallo condenatorio sobre alguien que haya infringido normas de tránsito, cuando ella misma las violó y eludió las consecuencias? Cuesta imaginar que su palabra conserve el peso de la imparcialidad y el ejemplo, pilares esenciales de la función judicial. Juez de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia, Andrés Leonelli. Una situación distinta, pero con un inquietante punto en común —el cuestionamiento sobre su conducta— se da en el caso del juez de la Cámara de Apelaciones, Andrés Leonelli. Tras el allanamiento de su vivienda en el exclusivo barrio Terrazas del Fin del Mundo y de su despacho en la Cámara de Apelaciones de Río Pipo, fue notificado de derechos y garantías en una causa por tenencia de pornografía infantil. El magistrado eligió el mismo camino que Maiztegui Marcó: no dar la cara, ni explicar en primera persona lo ocurrido. Al absoluto silencio de la primera, Leonelli eligió la opción de pedirle a su abogado defensor, un ex integrante del Poder Judicial jubilado, que lo haga por él. Así el abogado Gustavo Ariznabarreta aseguró que las imágenes encontradas en los dispositivos secuestrados, corresponden a expedientes judiciales en los que le tocó intervenir a su defendido. Y mientras tanto, surge una pregunta inevitable: ¿estará el juicio del camarista lo suficientemente lúcido y sano como para emitir resoluciones con el equilibrio que exige el cargo?. Habrá que creer —como si se tratara de un acto de fe— que sí. Porque Leonelli trabajó con absoluta normalidad el miércoles 25 de junio – el día de los allanamientos – como si nada hubiera ocurrido. Y lo seguirá haciendo, según lo dicho por su defensor. La contradicción institucional se vuelve aún más evidente si se tiene en cuenta que en agosto de este año se cumplirán tres años desde que el abogado Marcelo Guzmán, relator del Superior Tribunal de Justicia, fue apartado de sus funciones con el 50% de su salario, tras ser denunciado en una causa por violencia de género. En ese caso, el apartamiento fue inmediato, incluso antes de que se resolviera la situación procesal del acusado. ¿Por qué, entonces, no se aplica el mismo criterio con otros magistrados involucrados en hechos graves o escandalosos? ¿Cuál es el estándar que determina cuándo corresponde suspender a un funcionario judicial y cuándo mirar hacia otro lado…?. Los rumores de la existencia de animosidades y simpatías, y un espíritu corporativista sesgado en los despachos judiciales, son un secreto a voces. Es de suponer que dentro del Poder Judicial —específicamente en el Superior Tribunal de Justicia y el Consejo de la Magistratura— existe una estructura y un criterio para advertir este tipo de incongruencias, aunque parecen estar invernando, en consonancia con la temporada. A ellos les compete ejercer la conducción de uno de los tres poderes del Estado y relevar de sus funciones o reasignarles tareas, al menos temporariamente, a magistrados con faltas confirmadas, como en el caso de Maiztegui Marcó, y también a quienes se encuentren bajo sospecha en causas graves, como Leonelli. Se trata, ni más ni menos, de evitar que decisiones judiciales tomadas sin la debida legitimidad moral terminen afectando injustamente la economía, la libertad o incluso la vida misma de los ciudadanos sobre los que deben expedirse a través de sus dictámenes.
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