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  • Gobernadores al ataque, supermartes peronista y preocupación por el Criptogate

    Parana » Informe Digital

    Fecha: 29/06/2025 19:17

    Ultimátum de los gobernadores La multipartidaria de gobernadores hará este martes una descarga de artillería. La dispararán los ministros de Hacienda de todas las provincias que integran la Comisión Federal de Impuestos, organización interprovincial que administra el intercambio de tributos entre los distritos, como Ingresos Brutos, que se cobra en cascada en sucesivas jurisdicciones. Esta organización se encontrará con los negociadores de la Nación Carlos Guberman (secretario de Hacienda) y Lisandro Catalán (virtual ministro del Interior). Buscarán conciliar posiciones en torno al proyecto que los gobernadores amenazan con presentar esta semana en el Senado para coparticipar una parte del impuesto a los combustibles (el tramo asignado a obras viales) y de los ATN. Es el debate que más preocupa al Gobierno. La novedad es que por primera vez se han puesto de acuerdo los mandatarios de todos los partidos en una organización que radica hoy en un grupo de whatsapp que se titula “23 gobernadores y un jefe de Gobierno”. Ojo que todo empieza con un grupo de whatsapp. Los ministros de la Comisión se reunirán en la sede del Consejo Federal de Inversiones, en donde los técnicos exhiben una obra maestra de la gráfica que es el “Laberinto de la Coparticipación Federal de Impuestos”. Es un friso del complejo circuito de los fondos que se recaudan y cómo se reparten, o no se reparten. “Equilibrio con la plata de otro” Una mesa informal que representa a los 24 se reunió por zoom el viernes a media tarde para afinar detalles de la presentación del proyecto. Por los gobernadores estuvieron Rogelio Frigerio, Sergio Ziliotto (encargados de la letra final), Maxi Pullaro, “Nacho” Torres y Alfredo Cornejo. Contaban con el compromiso de Axel Kicillof y Gerardo Zamora para apoyar la iniciativa, cuyos detalles adelantó la columna “Entretelas de la política” publicada este sábado por el diario Clarín para sus lectores. Por el Senado participaron del zoom los jefes de bloque José Mayans (Unión por la Patria), Eduardo Vischi (UCR), acompañado por el presidente del partido Martín Lousteau, Alfredo De Ángeli (PRO) y Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro, que responde al gobernador Alberto Weretilneck). El apuro se debe a que el Gobierno, conociendo la fuerza de la iniciativa, les va a hacer a los gobernadores una contrapropuesta. El argumento más fuerte de los mandatarios es que les retienen dinero que les pertenece a las provincias y que dárselo no tiene costo fiscal para la Nación. Prolongar en el tiempo esa mora puede convertirse en un problema futuro de los funcionarios de Economía, porque pueden ser denunciados en la Justicia por incumplir sus obligaciones. Con sigilo de boqueteros La negociación se hará en torno a un proyecto de ley que elimina tres fideicomisos y tres fondos a los que van impuestos asignados al transporte, las obras viales, las obras hídricas, la electricidad y la vivienda (el legendario FONAVI). El proyecto de ley prevé que esos fondos sean coparticipados entre la Nación y las provincias, junto a los que alimentan los ATN (Asistencias del Tesoro Nacional, el 1% del total de la masa coparticipable). La negociación transcurre con un sigilo propio de boqueteros. Ninguna de las partes quiere quedar atrapada en la exhibición de conflictos. Hay gobernadores de la oposición que son socios de La Libertad Avanza, como el del Chaco (cuyo ministro de Hacienda preside la comisión de Impuestos); otros buscan alguna sociedad, como el de Mendoza o el jefe de Gobierno de CABA. Los gobernadores huelen sangre y creen que esta vez han embocado al Gobierno, que tampoco quiere ir a elecciones con todos en contra. Las reuniones tratarán de habilitar un reparto jugoso para todas las partes, convencidos ya todos de que no producirá costo fiscal porque es dinero de las provincias retenido de prepo. A la Nación no le conviene que se ponga en el primer nivel de la discusión el argumento de que el Gobierno finge el equilibrio fiscal con dinero ajeno que no transfiere. La mesa del CFI también debe aportar el mecanismo legal para cerrar el acuerdo porque la Constitución exige que la coparticipación debe ser objeto de una ley (pendiente desde la reforma de 1994) que requiere una mayoría especial de votos y ser una ley-convenio. El atajo legal sería una modificación del articulado del presupuesto en uso, que es el de 2022 prorrogado ya en dos oportunidades. “Entre garcas se desconfían” El supermartes del peronismo de Buenos Aires prolonga un entuerto que un veterano protagonista del partido definió con crudeza: “Entre garcas se desconfían”. No es que no haya garcas en otras fuerzas, pero la encerrona a la que ha llevado el cristinismo al partido aprieta por los cuatro costados. La intervención del matrimonio Kirchner, que permitió en 2003 Eduardo Duhalde, convirtió a un peronismo ganador en un peronismo perdedor en la Provincia. En 20 años no pudo ganar ninguna elección legislativa en el distrito. Fue el costo de que el peronismo del matrimonio gobernase el país durante 16 de los últimos 20 años. El ciclo termina en el calabozo dorado de San José 1111. En el ADN del peronismo K había tres nombres. Néstor ha muerto, Daniel Scioli es superministro del gobierno conservador de Milei y Cristina está presa, inhabilitada de por vida -por ahora-. Este fin del ciclo en la provincia de Buenos Aires es tan tortuoso como el que vive el macrismo en donde nació, la ciudad de Buenos Aires. El motivo es el diagnóstico equivocado que hicieron en 2023 los dos jefes, Cristina y Macri, seguido de su estrategia suicida. ¿Como imaginaron que Sergio Massa y Patricia Bullrich podían ser una solución a nada? De terror. Rechazan el lema “Cristina Libre” El martes se reúne en la sede del PJ el Consejo del partido en la provincia de Buenos Aires, que preside Máximo Kirchner. Está en tiempo de descuento para aprovechar el legado de la madre, que ha consagrado un PJ monárquico, unitario y porteño. Lo administra una familia que viene de un distrito que ya no manejan (Santa Cruz) y desde la Capital. La pelea del infante es para ocupar la candidatura de su madre en la 3ª sección electoral de Buenos Aires, que lo puede mantener en carrera para pelear la gobernación. Siempre por los atajos. El recurso a favor es que el peronismo está forzado a manifestarse solidario con el destino de su madre. La desventaja es que hay sectores del peronismo de la provincia, en particular del interior, que rechazan la consigna “Cristina libre” que el cristinismo quiere imponer como lema de la campaña. Solidarios sí, pero no suicidas. La condena a Cristina los unió, pero la contracara es que puede dividirlos si le ponen la tobillera al partido. Entienden que les tira para abajo en comarcas donde el “camporismo” carece de apoyos, y le hacen el juego a la polarización que beneficia al mileísmo. El Consejo citará al Congreso que sesionará el viernes próximo en Merlo, para autorizar la integración del PJ en un frente electoral para el 7 de septiembre. Axel posibilista Por encima de esas posiciones, el sector Kicillof y el sector Cristina entienden que dividirse es un seguro de derrota. Unidos tienen una ventaja frente al arco del no-peronismo que está más dividido que ellos y en más pedazos. Kicillof tiene 44 intendentes más la gobernación; Máximo y Massa tienen 40, pero los intendentes de las ciudades más grandes gobernadas por el peronismo están con Kicillof: La Matanza, La Plata, San Martín, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela. Los intendentes que están con Axel (movimiento Derecho al Futuro) exigen el 50 % de los cargos legislativos. El cierre va a ser muy dificultoso, pero hay voluntad de ambos sectores de ir a una lista de unidad. Los diferencia la mirada de corto plazo. La gente de Axel gobierna y quieren que Kicillof sea candidato a presidente en 2027. Ejercen un peronismo posibilista. Máximo, camporista sin tiempo La gente de Cristina se enrosca en torno a una ideología ligada al debate sobre la Argentina bimonetaria. Una hipótesis que difícilmente traiga votos. La prueba es que en 2023, con la peor administración de la economía que se pueda imaginar, Massa sacó 44% de los votos: la mitad del electorado. Es el peronismo como lo definía el “Colorado” Jorge Abelardo Ramos: “Es como el pasto que crece entre los adoquines. Lo cortan y vuelve a crecer”. El cristinismo cree que puede esperar a su momento en un futuro incierto y se protege bajo el título de La Cámpora, evocación de quienes denunciaban al Perón facho, algo que rechazan los peronistas que gobiernan. Claro que alzan el estandarte de Kicillof, a quien también se le discute el peronismo, al igual que a quienes rodean a Cristina en el balcón, como Mayra Mendoza o Leopoldo Moreau, (los dos de extracción radical) -el resto son familia (Alicia, Máximo)-. Hundan el Criptogate Pero no hay tema más importante para el Gobierno que bloquear la actividad de la comisión que investiga en Diputados el Criptogate. El oficialismo sienta religiosamente a sus representantes con un celo que no aplica a otros emprendimientos. Ese cuidado es para evitar que alguna ausencia ocasional le permita a la oposición sacar una ventaja. Al mismo tiempo el oficialismo minimiza la importancia del Criptogate con el argumento que ahí no hubo nada irregular para investigar y que, además al público no le interesa y ya se olvidó del caso -argumento comprensible en quienes confunden gobernar con una campaña de publicidad-. Si tuvieran confianza en su propio argumento no pondrían tanto celo en el bloqueo. Ese empecinamiento alimenta a la oposición más fiera de Unión por la Patria, que llegó a pedir un juicio político al Presidente por este caso. La oposición confía en juntar quórum para esta semana y plantear una resolución que saque a la comisión de un empate en la cantidad de miembros -que bloquea la designación de autoridades- y así pueda aprobar un reglamento que le permita citar con la fuerza pública a funcionarios que puedan esclarecer si hubo delito o responsabilidad en el lanzamiento de la cripto Libra. El Gobierno ha impedido hasta ahora que comparezcan los funcionarios mencionados en el caso, como la hermana y secretaria presidencial Karina Milei. Asistencia perfecta La integración resultó empatada por un ardid del oficialismo, que desdobló bloques, a la usanza de Cristina de Kirchner en el Senado cuando era vicepresidenta. Aseguró de esa manera que el oficialismo tenga la misma cantidad de integrantes que la oposición, 14 a 14. Este empate ha impedido que en las reuniones se haya podido elegir autoridades o dictar su reglamento. Tiene 90 días y merced al empate (que no refleja las mayorías y las minorías de la cámara) es coordinada por un funcionario de planta designado por el presidente del cuerpo Martín Menem. El oficialismo se ha ocupado de sentar a sus 14 representantes de manera de impedir que la oposición aproveche alguna ausencia y elija al presidente. En la sesión de la semana pasadas se escuchó a testigos y expertos en un maratón que terminó a las 2:09 AM del jueves. Los bloques negociaron un acuerdo de caballeros para no aprovechar ausencias higiénicas o alimentarias de sus adversarios para precipitar una votación de autoridades. La oposición entiende que el presidente debe ser un diputado que haya votado a favor de la creación de la comisión. El oficialismo, en el borde del sarcasmo y sin que se le corra el rimmel, sostiene que debe presidirla uno de ellos, que votaron y perdieron la votación que dio origen a la comisión. En la sesión de este martes la oposición buscará discutir una nueva integración de la comisión que refleje las mayorías y minorías reales del cuerpo: “En caso de empate en la elección de la presidencia -dice textualmente el proyecto- será designado como presidente aquel miembro propuesto que cuente con el respaldo de los miembros de la comisión cuyos bloques parlamentarios representen, en conjunto, la mayor cantidad de diputadas y diputados en la Honorable Cámara”.

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