29/06/2025 22:11
29/06/2025 22:05
29/06/2025 22:05
29/06/2025 22:04
29/06/2025 22:04
29/06/2025 22:04
29/06/2025 22:03
29/06/2025 22:03
29/06/2025 22:02
29/06/2025 22:01
Parana » Informe Digital
Fecha: 29/06/2025 14:08
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola están ultimando los detalles de la apelación que presentarán ante el Tribunal Oral Número 2 con el objetivo de impugnar la prisión domiciliaria concedida a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, medida que comenzó a cumplir hace diez días. Los acusadores tienen plazo hasta mediados de la próxima semana para presentar el recurso, que será analizado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes posteriormente podrían elevarlo a la Cámara Federal de Casación para que sea esta última la que tome la decisión final. Aunque la fiscalía mantiene un absoluto hermetismo respecto a los argumentos que utilizarán para objetar el arresto domiciliario de Cristina, PERFIL ha logrado reconstruir, a partir de fuentes vinculadas al caso, que Luciani y Mola argumentarán que la exvicepresidenta debe cumplir la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta en un establecimiento carcelario. La oposición de ambos fiscales se basaría en que la concesión de prisión domiciliaria es una facultad de los jueces, no una obligación. Esto implica que se trata de una excepción que no debe concederse automáticamente, sino que debe evaluarse en función de su razonabilidad. En otras palabras, la prisión domiciliaria es una alternativa a la cárcel, y no un derecho. En su momento, la defensa de Cristina Fernández argumentó razones de edad y seguridad para solicitar este beneficio. La exmandataria, que tiene 72 años, se beneficia de una norma que establece que, a partir de los 70 años, cualquier persona con pena privativa de libertad presume un grado de vulnerabilidad y puede solicitar el arresto domiciliario. Además, sus abogados invocaron su condición de expresidenta y su experiencia de haber sido víctima de un atentado durante su gestión. Con base en estas premisas, los letrados advirtieron dos aspectos: primero, que la reclusión de Cristina en una cárcel no se ajusta a los requisitos de seguridad que debe garantizar su condición de exjefa de Estado, ya que no podría cumplir adecuadamente su función de seguridad en un penal, y que los protocolos de confidencialidad no se pueden delegar a los efectivos del Servicio Penitenciario Federal. Segundo, que no tendría acceso a espacios comunes ni podría compartirlos con otros internos, y también que estaría bajo vigilancia continua. Sin embargo, la fiscalía podría señalar que la defensa no expuso razones humanitarias para justificar la concesión de este beneficio. Además, Luciani y Mola podrían usar como ejemplo el caso del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, a quien el mismo tribunal rechazó el arresto domiciliario a pesar de su edad y problemas de salud crónicos, argumentando que “la morigeración pretendida no resulta automática”. También podrían enfatizar la falta de razones humanitarias que demuestren que la cárcel implicaría un trato indigno para él. Otro punto que los fiscales podrían destacar es la inconveniencia del domicilio de Cristina en función de las condiciones de seguridad, su ubicación y la concentración de sus seguidores. Sin embargo, este argumento podría volverse irrelevante, ya que fue la propia exjefa de Estado quien solicitó redirigir la última movilización hacia la esquina de San José y Humberto Primo al Parque Lezama, tras denunciar un “operativo policial sin orden judicial” en la zona, que calificó como provocación de Patricia Bullrich. La decisión sobre el reclamo de los fiscales recaerá en la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, compuesta por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes solicitarán la opinión del fiscal de esa instancia, Mario Villar, quien se espera que apoye lo planteado por Diego Luciani y Sergio Mola. Por último, es altamente probable que el reclamo de los fiscales sobre la prisión domiciliaria se trate en la audiencia programada para el próximo lunes 7 de julio por la Casación, donde se abordará la objeción de la defensa que busca evitar la autorización judicial para quienes visiten a Cristina en su hogar. A esto se podría sumar la reciente impugnación de los abogados de la exmandataria respecto al uso de la tobillera electrónica. Si todo se concentra, los camaristas de la sala IV, de quienes Cristina intentó apartar a dos del expediente argumentando que se reunieron con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos durante su presidencia, tendrán un plazo de cinco días para decidir si mantienen lo dispuesto por el TOF 2 o si ordenan medidas más restrictivas.
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por