29/06/2025 19:35
29/06/2025 19:35
29/06/2025 19:34
29/06/2025 19:34
29/06/2025 19:32
29/06/2025 19:32
29/06/2025 19:31
29/06/2025 19:31
29/06/2025 19:31
29/06/2025 19:31
Crespo » Paralelo 32
Fecha: 29/06/2025 13:00
La Secretaría General de la seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Cristina Miño, lanzó duras críticas contra el gobierno provincial, al que acusó de llevar adelante un “ajuste criminal” mediante el desmantelamiento de derechos laborales y educativos. Las declaraciones se dan en el marco de la denuncia por el cierre de 60 Centros Educativos de Jóvenes y Adultos distribuidos en más de una decena de departamentos entrerrianos, incluidos Concordia, Paraná, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Nogoyá. Según Agmer, el Consejo General de Educación (CGE) habría ordenado la clausura de estos centros en un proceso que el gremio califica de “arbitrario”, afectando no solo a docentes sino también a estudiantes en situación de vulnerabilidad. En la ciudad de Paraná, se señala que cuatro centros cesarían su actividad a partir del 30 de junio. “Un ajuste que impacta sobre los más vulnerables” Miño sostuvo que el gremio permanece en estado de alerta y denunció que el gobierno “quita derechos laborales en cuestión de días”, dejando sin trabajo a docentes —en su mayoría suplentes— que, si bien no cuentan con titularidad, han sostenido durante años espacios educativos con alumnos en pleno proceso de aprendizaje. “Este gobierno ajustador es criminal. Están eliminando espacios educativos esenciales para jóvenes y adultos integrados, sin importarles las consecuencias sociales”, declaró la dirigente, visiblemente indignada. El reclamo gremial ha sido acompañado por el bloque justicialista en la Cámara de Diputados de la provincia, así como por sectores de la oposición como la agrupación UCR Activa, que expresaron preocupación por el impacto de la medida. La postura oficial: “No hay cierres, sino reordenamiento” En respuesta a las acusaciones, el director de Educación de Jóvenes y Adultos del CGE, Alfredo Blochinger, difundió un comunicado en el que desmiente categóricamente que exista una disposición formal de cierre de centros educativos. Blochinger aseguró que se trata de una “interpretación errónea y parcial” de una circular interna cuyo objetivo es la “actualización de datos institucionales, matrícula y funcionamiento” en el sistema SAGE, y que en muchos casos se detectaron centros sin alumnos activos, matrícula nula o figuras laborales de “suplencia de suplencia” sin respaldo pedagógico. “No hay ninguna resolución que ordene el cierre. Lo que se está haciendo es una evaluación para refuncionalizar, optimizar recursos y fortalecer el sistema”, indicó el funcionario, quien además pidió “no generar alarma ni desinformar con datos tergiversados”. El fondo del conflicto: educación, derechos y recursos La disputa entre el gremio docente y el gobierno provincial pone en el centro del debate el modelo de gestión educativa, la calidad del empleo docente y el uso de los recursos públicos. Mientras desde el CGE se argumenta la necesidad de eficiencia —llegando a afirmar que “no puede sostenerse un maestro para un solo alumno o aulas vacías”—, desde Agmer sostienen que esta lógica pone en riesgo el acceso a la educación de sectores históricamente marginados. La controversia promete escalar en los próximos días, con posibles medidas de fuerza por parte del gremio docente si no se revisan las decisiones administrativas o si no hay instancias de diálogo que contemplen la continuidad de los centros y la estabilidad laboral de los trabajadores.
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por