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Parana » Informe Digital
Fecha: 29/06/2025 07:15
El gobierno de Javier Milei y la Casa Rosada no han logrado avanzar en el proceso privatizador que propusieron desde el 10 de diciembre de 2023. Esto se debe no solo a la compleja maraña de regulaciones y legislación que la administración libertaria enfrenta, sino también a la falta de interés por parte del sector privado hasta el momento. El próximo decreto relacionado con las privatizaciones será el de Aguas y Saneamiento Argentino SA, comúnmente conocida como Aysa. Este decreto establecerá el mecanismo de privatización; sin embargo, en el Gobierno no se mencionan interesados ni el posible valor de la empresa. Actualmente, se espera que el 51% de las acciones se liciten públicamente para el futuro operador, mientras que el 31% restante podría colocarse en la Bolsa de Valores. Todo esto sigue siendo una suposición. El 10% restante será reservado a favor de los trabajadores. Este escenario refleja la dilación del Gobierno en cuestiones privatizadoras, a pesar de su discurso sobre la desestatización. El 17 de junio pasado, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 416/25, que establece las pautas para la venta de empresas, 18 meses después de haber comenzado su gestión. Las acciones de las empresas públicas podrán ser vendidas a través de plataformas en línea o mediante subastas públicas. El decreto coincide con una declaración del ministro Luis “Toto” Caputo, quien afirmó que las ventas de las empresas públicas contribuirían a aumentar las reservas del Banco Central. ¿Acaso la urgencia por incrementar reservas es lo que presiona a Caputo? Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y que reporta directamente al asesor Santiago Caputo, está a cargo de las privatizaciones. Hasta ahora, no se han obtenido resultados significativos, excepto en el caso de Impsa, la única empresa pública que ha sido efectivamente privatizada. Fuera de ello, no hay avances. Aerolíneas Argentinas, una empresa insignia, quedó excluida de la ley Bases debido a la presión de legisladores y gobernadores. En un pedido de información pública realizado por PERFIL, se destaca que los directores trabajan “ad honorem”. Este dato es sorprendente; Diego Colunga, director de la empresa y quien ocupó el puesto gracias al asesor Caputo, trabaja de manera gratuita, de acuerdo a la información proporcionada por la empresa. No obstante, Aerolíneas tiene pendiente en el Congreso una ley para su privatización, la cual no será tratada este año, sino hasta el próximo, cuando cambie la composición legislativa. El avance en privatizaciones por parte de los libertarios también ha enfrentado problemas técnicos. La situación de Belgrano Cargas es un ejemplo paradigmático. Fue uno de los primeros anuncios del Gobierno; sin embargo, lo que se presentó fue la concesión y explotación del servicio, no la privatización de la empresa. El 21 de abril de este año se lanzó una licitación pública (34-2025) en la que se solicita “asesoramiento legal” para la elaboración de pliegos. En la práctica, esto implica la contratación de una consultora para que elabore los pliegos, dado que hubo errores en las primeras licitaciones por falta de conocimiento del sector. Los tres ramales Belgrano, Urquiza y San Martín continúan siendo operados por Trenes Argentinos Carga, es decir, el Estado nacional. La situación ha sido mal recibida en el ámbito ferroviario, ya que argumentan que hay suficiente experiencia técnica para llevar a cabo los pliegos licitatorios. Belgrano Cargas está bajo la dirección de Alejandro Núñez, quien también responde al asesor Caputo. El sector ferroviario enfrenta además más problemas. El 19 de junio pasado, a través de la resolución 822/2025, el Ministerio de Economía prorrogó por tercera vez la concesión del contrato de la empresa carguera Nuevo Central Argentino (NCA), esta vez por solo 30 días, a pesar de que el servicio ha vencido hace tres años. NCA administra la línea Mitre y la prórroga busca que la empresa presente un plan de adecuación para inversiones, un horizonte que hoy parece una quimera, especialmente con el vencimiento de la prórroga el próximo 24 de julio. En el sector ferroviario ha habido cierres y despidos; se ha reportado una reducción de aproximadamente cinco puestos de trabajo entre despidos y contratos discontinuados. En las empresas de transporte también hubo controversias con la salida de Franco Mogetta. Algunos sostienen que su despido se debió al mal manejo de los subsidios, y que encontró una forma “elegante” de salir, apareciendo como eventual candidato en Córdoba. El actual secretario del área, Luis Pierrini, proviene de la industria de los seguros. Otra de las empresas a las que se les ha acercado la privatización es Intercargo, que proporciona servicios de rampas en los aeropuertos del país. En marzo de este año, el Gobierno avanzó en la adecuación normativa, aunque aún no hay interesados, o al menos no se ha hecho pública su existencia. Algunas otras empresas o entidades estatales han comenzado a sufrir transformaciones societarias. Por ejemplo, el Banco Nación, que depende del Ministerio de Economía, fue convertido en Sociedad Anónima, y su privatización también ha enfrentado resistencia en la ley Bases. Similarmente, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) fue transformada en una SA. La empresa estatal Fabricaciones Militares, que posee cinco plantas en diversas partes del país, ha sido transformada en una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU). Fuentes del sector informaron a este diario que el proceso de venta está aún lejano de concretarse. Por ahora, Chaher, cuyo antecedente más notable fue el desguace de la ex-Télam (reducción sin privatización ni cierre), no ha logrado avances sustanciales. En algunos despachos de la Casa Rosada se justifican recordando que el expresidente Carlos Menem “demoró dos años” en avanzar con el proceso privatizador, y señalan que no es una tarea sencilla. Lo que sí ha conseguido la administración libertaria es una reducción significativa de las transferencias del Tesoro, que cayeron un 70%, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Sin embargo, algunas empresas públicas parecen distantes del recorte. En Nucleoeléctrica SA, Demián Reidel percibe más de $ 14 millones de honorarios como presidente de la compañía. Nueva renuncia Gabriel Oriolo, titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, ha presentado su renuncia al cargo alegando motivos personales. Esta renuncia será efectiva este lunes mediante el Boletín Oficial. Según fuentes libertarias, la salida fue en buenos términos y discutida con el ministro de Salud, Mario Lugones. El reemplazo de Oriolo ya ha sido definido: se trata de Claudio Stivelman, gerente general del organismo. “Esto significa que se mantiene el rumbo de las reformas que ya se venían aplicando desde el inicio de la gestión”, destacaron. Incluso, afirmaron que Oriolo, con 30 años en la gestión privada, participó de la elección de su sucesor. Se trata del funcionario número 147 que abandona la administración Milei.
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