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Parana » Informe Digital
Fecha: 28/06/2025 23:13
Los miembros del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ejercen una gestión discrecional en cuanto a viáticos, nombramientos sin concurso y ausencias que ellos mismos designan sin ningún límite. Entre 2022 y 2025, Susana Medina de Rizzo estuvo ausente 191 días hábiles del Poder Judicial, incluyendo 32 días en lo que va de este año. En otras palabras, durante tres años y medio, prácticamente no trabajó un calendario completo—considerando que el año judicial cuenta con un máximo de 205 días—sin embargo, ha recibido puntualmente su sueldo, que asciende a casi 15 millones de pesos, según una investigación realizada por ANÁLISIS. En conjunto, los 9 vocales del tribunal gastaron en viáticos un total de 260.767.232 pesos, equivalentes a 217.306 dólares al tipo de cambio oficial actual. Además, sin concurso, nombraron a más de 300 personas, entre ellas a una refugiada política siria por solicitud de Claudia Mizawak, y a un miembro de una fuerza de seguridad extranjera que enfrentaba amenazas de muerte en Buenos Aires. Este último permaneció en Paraná por orden de Susana Medina. La estructura del Poder Judicial entrerriano tiene características que lo hacen difícil de penetrar; es un entorno casi hermético donde se desconoce la mayoría de los movimientos de sus vocales. Las decisiones institucionales que toman, así como los fundamentos y el contenido de los acuerdos del martes, generalmente solo se conocen años después de que se realizan. La información sobre sus gastos en viáticos, los motivos de sus viajes interprovinciales y las licencias con goce de haberes permanece en la esfera privada entre ellos y algunos colaboradores cercanos. Esta falta de transparencia se traduce en un ambiente donde se dan distancias, luchas de poder y rivalidades, aunque todos simulan una convivencia armoniosa. “Cada cual en lo suyo”, repiten cuando se les pregunta sobre estas dinámicas. Este silencio en el desarrollo del Superior Tribunal ha permitido que ocurrieran diversas situaciones bajo reserva en los últimos tres años y medio, sin que los políticos se atrevan a cuestionar a los miembros del tribunal. Han mantenido una distancia que sugiere un cierto temor, lo que les permite evitar cerrar puertas en caso de necesitar ayuda. Los pactos entre los vocales se manejan bajo absoluto secreto, y aunque hay vínculos notables entre el poder político y el judicial, este intercambio rarely se hace público. Esta falta de control ha ocasionado abusos de poder y desprolijidades en la gestión del tribunal. Ejemplos de esto incluyen el nombramiento de más de 300 personas por disposición de un vocal y el ascenso de empleados solo por haber realizado “favorcillos” a ciertos vocales. Estas prácticas también permiten que un vocal contrate a una militante política refugiada por pedido de su hija, o a otros individuos bajo solicitudes de embajadores. A pesar de ciertos intentos internos por regular la situación, no se han realizado modificaciones en las resoluciones o reglamentos del STJ, porque, según dicen, “las cosas siempre se han hecho de esta manera”. Aun enfrentando una grave crisis económica en los últimos cuatro años, el gasto de este alto cuerpo resulta vergonzoso y conspicuo, considerando que deberían dar el ejemplo, al recibir los sueldos más altos del estado entrerriano. Cada vocal cobra entre 12 y 15 millones de pesos mensuales y, entre 2022 y 2024, algunos recibieron hasta 1.400.000 pesos mensuales en concepto de viáticos, y hay instancias en las que solicitaron viáticos hasta en dos ocasiones dentro de la misma semana. La cifra actual que se paga por viáticos es de 164.044 pesos por día dentro de la provincia, 246.074 pesos fuera y hasta 369.111 pesos por día para viajes internacionales. Este dinero se paga a los vocales, independientemente de que solo participen durante unas horas de sus funciones, y aunque la movilidad se realice en el marco de su propia jurisdicción. Durante los acuerdos en diferentes localidades, reciben este viático como un “extra” a su sueldo, aunque no se incurran en gastos personales, pues son trasladados en autos lujosos del organismo. Los vocales regulan la tasa de actualización de viáticos cada dos o tres meses sin obligación de justificar su gasto. A menudo, se ha advertido de casos donde vocales solicitan viáticos sin realizar el viaje, lo cual califica como un fraude. La reglamentación impuesta limita el número de viáticos a cuatro por mes, pero esta limitación es eludida fácilmente por una interpretación que permite declarar que se viaja “en representación del STJ”, lo que provoca la anulación de dichos límites. A lo largo de los años, los gastos en viáticos han continuado siendo una constante en la gestión de Medina de Rizzo. Desde su asunción como presidenta en febrero de 2022, tras una denuncia de violencia de género contra su predecesor, tuvo una gestión marcada por altos gastos en inversiones y viajes. El gasto total en viáticos entre 2022 y 2025 asciende a 260.767.232 pesos, con un pico en 2022. En cuanto a sus licencias, Susana Medina de Rizzo ha tomado más días de licencia con goce de haberes que sus pares, con 191 días ausente entre 2022 y 2025. Aunque los días hábiles son 200 al año, su ausencia revela un patrón de inactividad que contrasta con su salario mensual. En comparación, otros vocales como Miguel Giorgio y Claudia Mizawak, aunque también ausentes, no alcanzan sus cifras. Algunos miembros del STJ han solicitado licencias bajo motivos que suelen ser vagos, y al no haber un sistema de control, muchos optaron por permanecer en sus domicilios, con el viático como una forma de ingreso extra. La falta de control sobre los viáticos llevó a la consideración de establecer un límite que, sin embargo, no se ha cumplido efectivamente. Además, Medina hizo suya la decisión de incorporar personal que no cumplía con los requisitos legales, favoreciendo a solicitantes de asilo y refugiados bajo pedidos específicos. Esta gestión ha estado marcada por el abuso de la discrecionalidad en los nombramientos y un uso incontrolado de los fondos públicos. Por otro lado, mientras que los poderes Ejecutivo y Legislativo de Entre Ríos han adoptado un sistema de administración financiera para mayor transparencia, el Poder Judicial se ha mantenido al margen, generando inquietudes sobre la legitimidad de sus decisiones. Esto contribuye a erosionar la confianza pública en estas instituciones, en un contexto donde se exige mayor apertura y confianza en la administración pública. La situación actual plantea interrogantes sobre la gestión del Superior Tribunal de Justicia y su relación con el poder político, sugiriendo una revisión urgente en su funcionamiento.
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