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Concordia » Despertar Entrerriano
Fecha: 28/06/2025 20:11
Un proyecto de investigación impulsado por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) junto al Frente de Organizaciones Canábicas de Entre Ríos (FOCER) trazó una radiografía inédita sobre el uso del cannabis para la salud en la provincia. El relevamiento alcanzó a más de 600 personas, incluyendo productores, profesionales de la salud y usuarios terapéuticos, y revela una contradicción feroz: mientras el uso medicinal de la planta crece, la legislación vigente sigue penalizando a quienes cultivan y consumen cannabis para aliviar su sufrimiento. A pesar de los avances científicos y culturales, la realidad jurídica sigue atada a un paradigma punitivo. En el país aún rige la ley de drogas 23.737, sancionada en 1989, que castiga con hasta 15 años de prisión el cultivo de cannabis, incluso cuando es con fines terapéuticos. En Entre Ríos, esa sombra legal se agrava con la vigencia de la ley provincial de narcomenudeo (10.566), que habilita a la Policía a perseguir delitos menores relacionados con sustancias. Mientras tanto, la Ley 10.894 de acceso al cannabis medicinal —la primera en el país en reconocer el autocultivo con fines terapéuticos— lleva cuatro años sancionada, pero jamás fue reglamentada. “Las personas que legítimamente producen o consumen cannabis siguen expuestas a la criminalización. La reglamentación es urgente para garantizar derechos que ya están en la ley”, remarcó Tabaré Echeverría, director del proyecto e investigador de la Facultad de Ciencias de la Educación de UNER, en diálogo con Despertar Entrerriano. Producción responsable, persecución vigente El relevamiento, titulado “Relevamiento Intersectorial y Participativo del Cannabis para la Salud”, fue realizado por FOCER con apoyo de Revista Mate, la Asociación de Reducción de Daños y el Colectivo de Reflexión sobre los Consumos. Fue procesado junto al Observatorio de Salud Pública de UNER. Entre los 88 productores de Entre Ríos encuestados la mayoría aplica criterios de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). En promedio, más del 57% de las prácticas relevadas son cumplidas por los productores y ese porcentaje asciende al 59% en aquellos que elaboran fitopreparados. Una muestra de la responsabilidad en la producción artesanal de cannabis, aún sin estar obligados a cumplir estos estándares en las resoluciones de Reprocann. Sin embargo, el acceso al análisis cromatográfico —clave para conocer el contenido y concentración de cannabinoides— es una barrera enorme. Solo el 50% de quienes elaboran preparados lo realiza. Aunque el mejor cannabis es aquel que llega a las personas, conocer el contenido de los productos en base a cannabis es un requisito esencial para la implementación de una terapéutica efectiva con la planta. Cuando los productores responden por qué no realizan cromatografías, la causa principal es el desconocimiento de cómo o dónde hacerlo (56%), seguido de la inaccesibilidad geográfica (39%) y altos costos del servicio (26%). “El artículo sobre cromatografías de la Ley 10.894 es fundamental: establece que el Estado debe garantizar su acceso gratuito. Pero si no se reglamenta, ese derecho no existe”, advirtió Echeverría. Cultivar salud, arriesgar la libertad A pesar de que el 84% de los productores asegura estar inscripto en Reprocann, solo 6 de cada 10 tenían su permiso vigente al momento de responder la encuesta, y un 10% admitió no contar con autorización legal. A esto se suma que 1 de cada 10 productores tuvo un conflicto con la ley o prefirió no decirlo, señal de un clima de temor y exposición constante. “Hoy en Entre Ríos cultivar una planta para calmar un dolor puede tener las mismas penas que un delito aberrante. Es un sinsentido jurídico y un escándalo social”, sentenció Echeverría. Usuarios terapéuticos: alivio sin acompañamiento Las tres condiciones más frecuentes para el uso de cannabis están vinculadas a la salud mental: ansiedad (50%), insomnio (41%) y depresión (25%). Una señal de los tiempos que corren y la crisis de salud mental que crece. Le siguen el dolor crónico (24%), migrañas (17%) e inflamación (9%). Sin embargo, el 60% no tiene acompañamiento médico, y el 34% señala que no encuentra profesionales en su zona. Además, el 83% de quienes usan cannabis para la salud consume cogollos, lo que desmiente la creencia de que solo los aceites tienen valor terapéutico. Profesionales sin formación: una deuda del sistema sanitario La dimensión más crítica del estudio fue la situación de los profesionales de la salud. La encuesta obtuvo solo 16 respuestas válidas, y el 94% afirmó que la principal barrera para prescribir cannabis es la ausencia total del tema en sus planes de estudio. “La formación médica reduce al cannabis a una sustancia de abuso. No se enseña endocannabinología ni el sistema endocannabinoide, que es clave para su uso terapéutico”, explicó Echeverría. El 100% de los profesionales encuestados prescribe aceites, el 86% flores secas, el 71% cremas, el 28% óvulos vaginales y el 14% supositorios. Sin embargo, el 86% de sus pacientes está en espera de aprobación de Reprocann, un sistema que hoy está paralizado y con menos accesos que en años anteriores. ¿Y ahora qué? El estudio recomienda reglamentar de manera inmediata la Ley 10.894, para evitar que miles de personas sigan en la informalidad o la ilegalidad. También exige la implementación de laboratorios públicos para análisis cromatográficos, y formación sistemática en cannabis medicinal para profesionales de la salud, como ya ocurre en otras provincias. “La regulación no puede seguir ignorando una práctica social instalada y con beneficios comprobados. Hace falta una política sanitaria real, no castigos camuflados en leyes viejas”, concluyó Echeverría. Una planta, tres actores, una demanda común: dejar de ser perseguidos por buscar salud. Fuente: Despertar Entrerriano
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