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Parana » Informe Digital
Fecha: 28/06/2025 14:58
Un empresario del sector agroindustrial avícola expresó recientemente: “el año que viene tiene que haber una gran reforma impositiva y laboral”. Alineado con la visión del Gobierno, el ejecutivo afirmaba ante sus interlocutores que la competitividad del país se encuentra ante un desafío crucial en 2026, tras la definición del panorama político en las elecciones legislativas de octubre próximo. Con miras a preparar el Día de la Avicultura, que se celebrará el próximo miércoles, el empresario era consciente de que la cadena necesita reducir los costos tributarios y laborales (no salariales) para mantenerse competitiva. Al igual que otros en la agroindustria, señalaba a Brasil como un ejemplo de país con una visión a largo plazo, sin importar el signo político de quien esté en el poder. “La industria avícola brasileña ya genera más dólares que la exportación de autos”, afirmaba. El mismo desafío que enfrentan quienes dirigen empresas agroindustriales lo enfrentan aquellos que se encuentran en el inicio de la cadena. Por ello, en los últimos días han proliferado los reclamos públicos de entidades rurales exigiendo que el Gobierno mantenga la reducción de las alícuotas de Derechos de Exportación para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo, anunciada a finales de enero. Al cierre de esta edición, pese a la insistencia del sector rural, el Gobierno no había aclarado si continuaría con la reducción o mantendría el decreto del verano. Apenas el vocero presidencial, Manuel Adorni, manifestó: “Respecto de las retenciones, el esquema nunca se modificó en realidad; lo que se hizo fue una modificación transitoria, excepto para las economías regionales [se eliminaron derechos de exportación que quedaban]. Todavía no hay ninguna determinación; si la hay, la comunicaremos, pero aún no hay definición al respecto”. Esa “modificación transitoria” recuerda demasiado al “dólar soja” ideado hace casi tres años por el entonces ministro de Economía, Sergio Massa. Se trata de un incentivo a corto plazo para que los productores adelanten sus ventas y los exportadores aceleren la liquidación de divisas, aumentando así la disponibilidad de dólares en el mercado cambiario. Los Derechos de Exportación (DEX) llevan más de dos décadas desde su aumento y han representado una transferencia de ingresos desde el sector privado hacia el Estado por aproximadamente US$200.000 millonesDIEGO LIMA – LA NACION “En 2023, el consenso era unánime: las retenciones son un robo. Hoy, también queda claro que fue el propio gobierno nacional quien no cumplió con el compromiso asumido ante la sociedad y el sector productivo, bajo el argumento de que debíamos cargar con la responsabilidad de sostener las variables macroeconómicas del plan. Este argumento no resulta válido, dado que dichas variables no se vieron alteradas entre enero y la actualidad”, afirmó una declaración contundente del Distrito 4 de la Sociedad Rural Argentina (Córdoba). En efecto, Javier Milei, durante la campaña electoral de 2023, no mencionó una fecha específica para la eliminación de las retenciones, aunque sí expresó su intención de hacerlo. Afirmó, además, la posibilidad de implementar un mecanismo transitorio de alivio. “Durante la transición, las retenciones se utilizarán como adelanto del pago de impuestos a las ganancias, de modo que el sector quede liberado de esta situación”, dijo el candidato libertario durante las jornadas organizadas por la SRA en la Exposición de Palermo de 2023. Ha pasado un año y medio desde que asumió el Poder Ejecutivo y no se ha presentado ninguna propuesta para implementar un esquema de este tipo. La soja vuelve al 33% de retenciones El argumento del Gobierno para no eliminar las retenciones es que no se encuentran dadas las condiciones macroeconómicas para concretar una rebaja impositiva y que primero debe reducir el gasto público. Se sostiene que la liberación del cepo cambiario para las personas y la desburocratización del Estado están devolviendo competitividad a las empresas. En el ámbito agrícola, a diferencia de otros sectores de la economía, los Derechos de Exportación (DEX) llevan más de dos décadas desde su incremento y han representado una transferencia de ingresos desde el sector privado hacia el Estado de alrededor de US$200.000 millones. Esa suma no se ha reinvertido en las áreas de origen en forma de mejor infraestructura, educación, salud o seguridad que hagan más habitable el interior profundo. En definitiva, la discusión es sobre el modelo de futuro, no sobre un mero reclamo sectorial de quienes, supuestamente, buscarían una “ventaja corporativa”, aunque haya funcionarios que lo presenten de esa manera. Si no se producen cambios en la resolución de enero, la gestión libertaria se dirige hacia un verdadero autogolpe.
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