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» Comercio y Justicia
Fecha: 28/06/2025 12:26
La investigación del fiscal Guillermo González también incluye a civiles y abogados. Están imputados por presunta asociación ilícita, peculado, enriquecimiento y encubrimiento. La oposición legislativa pidió la renuncia del ministro Quinteros El escándalo desatado en la Policía de Córdoba tras la resolución judicial del fiscal Guillermo González, que ordenó una serie de detenciones y allanamientos en una causa de alto impacto que involucra a la cúpula de la Policía Caminera y a otros efectivos policiales, junto con civiles y abogados,en diferentes delitos, provocó un verdadero tembladeral político con duras acusaciones por parte de la oposición política. El nuevo caso que involucra a personal policial esta vez recayó sobre el comisario general Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, jefe de la Policía Caminera, quien fue detenido acusado de graves delitos: coacción, asociación ilícita en calidad de jefe, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento por omisión de denuncia en diversos hechos. Junto a él, su hermano, el policía y abogado Gastón Miguel Ochoa Roldán, también se le ordenó la detención por su presunta participación en la asociación ilícita. La investigación, a cargo de la fiscalía de González, apunta a una banda delictiva conformada por efectivos policiales y abogados particulares. Hasta diciembre de 2024 fue secretario privado del actual jefe de la Policía de Córdoba, Leonardo Gutiérrez. En ese mes, el Ministerio de Seguridad provincial lo ungió como jefe de la Caminera. Entre los detenidos se encuentra Gabriel Burkhard, un civil acusado de coacción, así como el comisario inspector Leonardo Javier Torres, a cargo de la dirección de asesoría letrada de la Policía de Córdoba, y el inspector Martín Darío Heredia, también de la Policía Caminera. La lista de implicados es extensa e incluye a otros efectivos policiales y varios abogados, señalados por su rol en la organización. Según la fiscalía, esta banda utilizaba información reservada extraída de bases de datos oficiales, a las que los policías implicados tenían acceso, para llevar adelante negociaciones extrajudiciales relacionadas con el cobro de deudas, asumir defensas penales y fijar honorarios. Este esquema delictivo, que habría operado de manera sistemática, constituye un golpe a la credibilidad de la institución policial. En el marco de la investigación, se realizaron allanamientos en las localidades de La Calera y Cosquín, donde se detuvo a siete personas. Además, se procedió al registro de la propia Jefatura de la Policía de la Provincia de Córdoba, donde se recolectó prueba clave para la causa. Impacto político Tras conocerse el nuevo escándalo en la fuerza policial de Córdoba, el arco opositor provincial reclamó una respuesta por parte del Gobierno de Martín Llaryora. El bloque de legisladores del Frente Cívico presentó un proyecto de resolución en el que solicita al gobernador “la inmediata renuncia del ministro de Seguridad ante la detención del jefe de la Policía Caminera y de varios policías y civiles, en el marco de una megacausa en la que se investiga presunta asociación ilícita, coacción, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento por omisión de denuncia en varios hechos, entre otros graves delitos”. El presidente del bloque de legisladores juecistas, Walter Nostrala, aseguró que pedirán en la próxima sesión se trate el proyecto.. “Da miedo ver en qué manos estamos en Córdoba. Debe dar la cara y hacerse cargo. La responsabilidad es toda suya”, dijo Nostrala al hablar del gobernador de Córdoba. En la bancada de la UCR se emitió un comunicado en conjunto, aunque también hubo legisladores radicales que pidieron desde sus redes sociales la salida de Quinteros. “¿Nadie sabía nada?, ¿nadie sospechaba nada? Evidentemente, el ministro, no. De hecho, volvió a premiar con un ascenso a un efectivo que termina tras las rejas por corrupción”, expresaron los legisladores.
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