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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 28/06/2025 05:05
En la causa judicial hay 41 mujeres identificadas como víctimas del delito de trata de personas. Foto de archivo. La historia de “la madame de Parque Avellaneda” es una de esas que parecen no tener final. Durante años sus dos prostíbulos de la Ciudad de Buenos Aires operaron en un ciclo permanente de denuncias, clausuras y reaperturas. Para ella el negocio estaba por encima de todo, incluso de los amores, y por eso en el corazón de su equipo trabajaban a la par su pareja y su ex marido. Después de una década de investigación y múltiples vaivenes judiciales, ahora todos compartirán el banquillo de los acusados en un juicio por trata de personas. Al menos 41 mujeres pasaron por las habitaciones de los locales que funcionaron en Juan Bautista Alberdi 4694 y Bonifacio 3793. Son las víctimas identificadas en la causa que llevaron adelante el fiscal federal Ramiro González y la jueza María Eugenia Capuchetti, con colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). El expediente tiene seis imputados a los que les atribuyen diferentes roles en la organización. La líder, según la acusación, es Claudia Parra, “la madame”. Su mano derecha era Cristian López, su novio, quien supervisaba y controlaba todas las actividades. Más abajo en la estructura aparece Sergio Luca, a quien se le atribuye haber simulado contratos de alquiler de los locales y ser el nexo con policías que cobraban dinero a cambio de su inacción. Aunque hay pruebas para sostener que existieron coimas a agentes de la fuerza porteña, no hay efectivos involucrados directamente. La lista de acusados se completa con María Alejandra Valdettaro y Alicia Fernández, quienes habrían coordinado los servicios sexuales y recaudado el dinero de la actividad, y por último Sebastián Achille, el ex de “la madame”, que aunque habría cumplido múltiples funciones se encargaba de una tarea fundamental: el abastecimiento del alcohol. Ambos prostíbulos funcionaban sin parar, las 24 horas. Así consta en la causa y de la misma manera lo recuerdan los vecinos y comerciantes que dialogaron con Infobae en una recorrida por el barrio. “Entraba y salía gente permanentemente, más de 50 personas en un día seguro”, describió una mujer que desde su ventana tiene vista directa a uno de los locales. Otro hombre que vive en la zona describió el lugar como “bien disimulado y tranquilo” porque la actividad nunca generó problemas puertas afuera, al menos que él recuerde. Eso sí, “todo el barrio siempre supo” lo que pasaba entre esas cuatro paredes. Los gerentes del prostíbulo se quedaban con el 50% de lo que pagaban los clientes, según la acusación de la fiscalía Según la acusación del fiscal González, lo que ocurría era la trata de mujeres vulnerables con fines de explotación sexual. Entre ellas se repiten patrones de bajos niveles de educación, la imposibilidad de insertarse en el mercado laboral formal, con algunas migrantes y muchas madres de hijos menores de edad. Cada una cobraba “el 50% de los pases” que le facturaban a los clientes, y además existía un sistema de retención de sumas de dinero que luego devolvían a las víctimas, buscando con ello asegurar su continua presencia en los lugares. De los testimonios de las mujeres que se obtuvieron en Cámara Gesell se desprendió además que habría existido un aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, engaños, amenazas y otros medios de coerción. El negocio se cortó en 2020, cuando se produjeron los últimos allanamientos y clausuras en los prostíbulos, en plena pandemia. ¿Prostitución o trata de personas? Inicialmente, el Juzgado Federal N° 5 procesó a todos los mencionados en 2023 con prisión preventiva, como coautores del delito de trata. Sin embargo, la sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional modificó la calificación legal a explotación de la prostitución ajena agravada. Para los jueces de alzada no había pruebas suficientes para demostrar la captación, el traslado o la recepción de las víctimas, que configuran el mecanismo de trata de personas. Ramiro González, fiscal federal (Foto: Adrián Escandar) Con el aval de la jueza Capuchetti, el Ministerio Público Fiscal insistió con esta figura delictiva en su requerimiento de elevación a juicio. La defensa de Sergio Luca -el supuesto encargado de las coimas- se opuso, planteó la nulidad del requerimiento fiscal y solicitó el sobreseimiento de su representado. Dicha presentación fue inicialmente desestimada por Capuchetti, pero luego encontró un fallo favorable en la Cámara de Apelaciones, que declaró la nulidad del requerimiento de elevación a juicio. Estos jueces consideraron que el tipo penal por el cual Luca fue procesado no concordaba con la figura delictiva que la fiscalía postuló en su requerimiento, y que había imprecisiones que afectaban el derecho a la defensa del imputado. Así, el fiscal González interpuso un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal para defender su caso. Argumentó que la calificación legal es provisional, y que incluso puede ser ampliada durante el debate oral. La Sala IV del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, resolvió hacer lugar al pedido de la fiscalía, revocó la decisión de la Cámara de Apelaciones, y ratificó así lo resuelto por el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti. Según remarcaron en el fallo firmado esta semana, la discrepancia entre trata y prostitución no implicó una vulneración a las garantías constitucionales de los imputados, ya que la base fáctica se mantuvo inalterada y la defensa conoció desde la etapa inicial del proceso los elementos esenciales de la acusación. Subrayaron, además, que la declaración de nulidad requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes. De esta manera Casación dejó allanado el camino para que la causa avance a juicio. El expediente volvió al despacho de Capuchetti y ahora se deberá sortear un Tribunal Oral para ponerle fecha al debate. Los acusados llegarán detenidos con prisión domiciliaria, mientras se los sigue investigando en una causa paralela por lavado de dinero. A cinco años de la última vez que se encendieron las luces de estos burdeles porteños, al mirarlos desde afuera nada sugiere que por ahí hayan pasado decenas de mujeres sometidas a entregar su cuerpo a cambio de dinero. Tan solo quedan los restos de las fajas de clausura que ya fueron arrancadas, y un rumor que invade la curiosidad de los vecinos que atestiguaron la época dorada de la madame de Parque Avellaneda: según cuentan, ya habría conseguido una nueva sucursal para recibir a un selecto grupo de habitués.
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