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» Comercio y Justicia
Fecha: 28/06/2025 01:11
COLUMNA DE JUSCOM Por Jesica V. Rípodas (*) La comunicación judicial en Argentina se encuentra en un punto de inflexión. La necesidad de transparencia y la demanda de la ciudadanía por una justicia accesible chocan con estructuras y prácticas arraigadas. Los desafíos actuales, lejos de ser meras cuestiones técnicas, impactan directamente en la legitimidad del Poder Judicial y en la calidad de la democracia. ¿Podremos achicar esa brecha con una política comunicacional? 1. La barrera del tecnicismo El lenguaje jurídico históricamente ha sido una herramienta de precisión; pero, a la vez, una barrera infranqueable para el ciudadano común. La complejidad sintáctica, el léxico especializado y la profusión de latinismos son obstáculos para la comprensión. Generan una sensación de lejanía y opacidad. La persistencia de este lenguaje es utilizada, en ocasiones, como una forma de “poder”, que excluye a quienes no poseen las claves de interpretación. La búsqueda de un lenguaje claro se ha convertido en una bandera de movimientos por el acceso a la justicia, pero enfrenta la resistencia de quienes ven en la simplificación una pérdida de la rigurosidad técnica. Desafío adicional: si bien avanza en algunas jurisdicciones, la implementación de un lenguaje inclusivo y no sexista aún es un proceso desigual. Requiere no solo una revisión de términos, sino un cambio de perspectiva en la redacción de sentencias y documentos judiciales que refleje la diversidad de la sociedad. 2. Relación con los medios de comunicación La interacción entre el Poder Judicial y los medios de comunicación es compleja y, a menudo, conflictiva. Sus lógicas son intrínsecamente diferentes: la judicial, basada en tiempos procesales y garantías; la mediática, en la inmediatez y el interés público. Esta disparidad genera fricciones y muchas veces, malentendidos. La mediatización de los casos judiciales puede llevar a “juicios paralelos” en la opinión pública y afectar la presunción de inocencia y la imparcialidad de los procesos. Los medios a menudo simplifican casos complejos, omiten detalles cruciales o enfatizan aspectos sensacionalistas. Esto genera una percepción distorsionada de la justicia. Desafío adicional: la era digital ha exacerbado la presión por la inmediatez. Las redes sociales, con su viralidad y capacidad de generar tendencias, complejizan el control de la información y la posibilidad de rectificar errores o desinformación. 3. Transparencia y rendición de cuentas La demanda de transparencia es un pilar de las democracias modernas. El Poder Judicial enfrenta una creciente exigencia de apertura y justificación de sus actos. La rendición de cuentas va más allá de la publicación de sentencias. Implica explicar las razones de las decisiones, hacer públicos los procesos de designación de jueces, informar sobre la gestión administrativa y presupuestaria, establecer mecanismos efectivos para recibir y procesar las quejas ciudadanas. La resistencia a esta apertura puede generar suspicacia y erosionar la confianza pública. Desafío adicional: Encontrar un equilibrio entre la búsqueda de la transparencia y la protección de datos personales y la privacidad de las partes. En particular, en casos que involucran a víctimas o niñas, niños y adolescentes, la difusión de información debe ser especialmente cuidadosa. 4. Políticas institucionales de comunicación Su implementación es incipiente y desigual en los poderes judiciales argentinos. La ausencia de una estrategia coherente y de un enfoque proactivo dificulta la gestión de crisis, la difusión de información relevante y la construcción de una imagen institucional sólida. Una política de comunicación efectiva no se limita a tener una oficina de prensa. Implica definir objetivos claros, identificar públicos, seleccionar canales adecuados (redes sociales, comunicados, conferencias, etc.), capacitar a voceros y monitorear la percepción pública. La ausencia de estos elementos lleva a una comunicación reactiva, fragmentada y, a menudo, ineficaz. La formación de jueces, funcionarios y empleados judiciales en habilidades comunicacionales es fundamental. Muchos actores judiciales, acostumbrados a un rol más reservado, no poseen las herramientas para interactuar eficazmente con los medios o para comunicar de forma clara y accesible al público. 5. La cultura institucional y la resistencia al cambio La cultura institucional, la inercia y la resistencia al cambio son obstáculos significativos para la adopción de nuevas prácticas comunicacionales. La concepción tradicional del juez como una figura imparcial y silenciosa, que “habla por sus sentencias”, dificulta la adopción de un rol más activo en la comunicación. Si bien tiene un fundamento en la independencia judicial, esta visión puede ser malinterpretada como un desinterés por la sociedad. La independencia judicial no debe confundirse con el aislamiento de la realidad social o con la incapacidad de comunicar eficazmente. Desafío adicional: la falta de recursos económicos y humanos dedicados a la comunicación, así como la ausencia de incentivos para que magistrados y funcionarios adopten un perfil más comunicativo, también contribuyen a la inercia y la lentitud en la implementación de cambios. (*) Licenciada en Periodismo. Prensa del Ministerio Público Fiscal de Bahía Blanca.
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