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Concordia » Hora Digital
Fecha: 27/06/2025 21:30
Más de 200 familias enfrentan un desalojo judicial en Concordia tras la falta de respuestas de municipio y provincia sobre soluciones habitacionales. Un conflicto habitacional sin resolución En el barrio Pampa Soler de Concordia, Entre Ríos, más de 200 familias enfrentan un desalojo inminente tras una resolución del juez Gabriel Belén, del Juzgado Civil y Comercial N° 2. Este martes 23 de junio, el magistrado autorizó el lanzamiento forzoso de los ocupantes de un predio de 18 hectáreas, luego de que ni la Municipalidad de Concordia ni el gobierno provincial presentaran avances en las gestiones prometidas para evitar esta medida. Según la resolución, “sin que obre contestación por parte de los mismos al día de la fecha, corresponde despachar favorablemente lo solicitado por la parte actora”. El conflicto por la posesión de estos terrenos se remonta a años, con familias asentadas en el lugar, algunas desde hace décadas. En diciembre de 2024, la Justicia había otorgado una prórroga de seis meses para buscar una solución, plazo que venció sin respuestas oficiales. Durante ese tiempo, se mencionó la posible aplicación de la Ley 27.453, que declara de utilidad pública los inmuebles de barrios populares registrados en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) y suspende desalojos por 10 años desde octubre de 2022, según datos verificables en el sitio oficial del gobierno argentino. Compromisos incumplidos y tensión creciente La Municipalidad de Concordia, con apoyo provincial, se había comprometido a presentar una propuesta, incluyendo opciones como la expropiación. Sin embargo, no se concretó ningún plan, a pesar de la participación de funcionarios como el secretario de Gobierno, Luciano Dell’Olio, y el respaldo de organismos como el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. El abogado de las familias, Carlos Conti, defendió la aplicación del RENABAP, pero señaló “trámites administrativos engorrosos” y que “la pelota la tienen los funcionarios”. Los terrenos en litigio abarcan un total de 18 hectáreas. El pedido de desalojo fue impulsado nuevamente el 17 de junio por el abogado Enrique Bacigaluppe, en representación del titular del predio, Pablo Germán Machado, quien argumentó que el plazo judicial ya había expirado. Ahora, el juez exige que se informe con antelación la fecha y hora del operativo, lo que genera incertidumbre total entre las familias afectadas. Una resolución judicial inevitable Desde el ámbito judicial, fuentes tribunalicias explicaron que la decisión responde a la inacción del Estado: “El juez dio tiempo, pidió informes, buscó alternativas. Pero si no hay respuestas ni gestiones concretas, no se puede frenar indefinidamente una orden judicial firme”. Mientras tanto, los vecinos de Pampa Soler esperan una solución que evite el desalojo, en un contexto de creciente tensión social en la ciudad. Por el momento, no se dispone de información adicional sobre la fecha exacta del operativo ni de nuevas gestiones oficiales, según los datos disponibles hasta el 27 de junio de 2025 en fuentes verificables.
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