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Parana » Plazaweb
Fecha: 27/06/2025 17:41
El reciente decreto firmado por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, establece el congelamiento de salarios para funcionarios y personal fuera de escalafón de la Administración Pública Central. La norma incluye una invitación a los poderes Legislativo y Judicial para adherir a la medida. Ante esta situación, desde el sindicato que representa a los trabajadores del Poder Judicial expresaron su rechazo. En diálogo con el programa Lo tuyo ya sale por Radio Plaza, el secretario general de la Asociación de Judiciales de Entre Ríos (AJER), José María Segura, explicó el alcance y las consecuencias de una posible adhesión al decreto. “El congelamiento de los cargos que dispone el decreto es para la Administración Pública Central, es para funcionarios y personal fuera de escalafón. O sea, no comprende a los empleados, que no es el espíritu del decreto”, señaló Segura. Impacto directo en los trabajadores judiciales El problema radica en que, si el Poder Judicial decide adherir a la medida, se vería afectado el sistema salarial porcentual vigente en ese ámbito. “El sistema porcentual lo que garantiza es la equidad distributiva, es decir, que el que más gana, no gane tanto más que el que gana menos”, explicó el dirigente. “Cada cargo del escalafón es un porcentaje del sueldo del vocal del Superior Tribunal de Justicia. Si se congela el sueldo del vocal, eso congela los sueldos de los empleados”, advirtió. Por esta razón, desde AJER aseguran que el efecto sería contrario al espíritu original del decreto. "No corresponde aplicar el decreto en nuestro ámbito y nosotros no estamos de acuerdo. Por eso declaramos el estado de alerta y movilización. Entendemos que no es correcto aplicarlo en el Poder Judicial”, remarcó. No hay señales de adhesión… por ahora Hasta el momento, no hay indicios de que el Superior Tribunal de Justicia decida adherir al decreto. “Hasta ahora nadie ha dicho que tengan intención de adherir, y esperemos que no lo hagan”, señaló el dirigente sindical. Segura aclaró que están en diálogo con los distintos sectores internos del Poder Judicial. “Estamos conversando con todos, compartiendo esta preocupación y tratando de lograr que no aplique el decreto”, dijo. El sindicalista también desmintió la creencia de que los sueldos judiciales son los más altos del Estado. “Un escribiente, que es el primer escalón de la carrera administrativa, sin antigüedad, cobra en la mano 960 mil pesos. Está por debajo de la canasta básica”, afirmó. Un sistema atado a la independencia judicial En cuanto a la discusión salarial, el Poder Judicial no participa de paritarias con el Ejecutivo. “Nosotros no tenemos paritaria. Lo que hay, además de la ley porcentual, es otro sistema de actualización automática de los sueldos en base al principio de independencia del Poder Judicial”, explicó. Este sistema, según Segura, funcionó correctamente durante más de una década, permitiendo ajustes salariales en línea con la inflación y sin conflictos gremiales. No obstante, en los últimos tiempos, la Corte Suprema comenzó a otorgar aumentos por debajo de la inflación, lo que produjo un deterioro del poder adquisitivo. “Eso significó un atraso salarial”, concluyó.
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