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» Comercio y Justicia
Fecha: 27/06/2025 13:49
El Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) N°1 ordenó el decomiso de 13 propiedades registradas a nombre de personas físicas y jurídicas allegadas al contador público Diego Xavier Guastini, condenado en septiembre de 2019, junto a otras personas, como uno de los líderes de una asociación ilícita que lavaba activos provenientes del narcotráfico, y por contrabando y delitos conexos. La jueza Sabrina Namer admitió el pedido de la Fiscalía N°1 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico, de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación. Ya son 26 las propiedades decomisadas a la organización: a los 13 inmuebles adquiridos con fondos provenientes del narcotráfico internacional se suman otros 13 que tuvieron el mismo destino en abril de 2023. Namer delegó en el Ministerio Público Fiscal y en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) las gestiones necesarias para individualizar otros bienes que pudieran ser objeto de eventuales decomisos y, así, avanzar en la recuperación de los activos ilícitos. La decisión forma parte del tramo final de la causa en la que Guastini y otras personas fueron condenadas hace poco menos de dos años, cuando el TOPE N°1 difirió el tratamiento del destino de los bienes. En el caso, los acusados reconocieron su intervención en la organización que, entre 2013 y 2014, ingresó al país dinero en efectivo que recibieron en el extranjero, por parte de distintos grupos que comercializaban estupefacientes. Los beneficios de la actividad ilícita fueron destinados a la compra de inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, inscriptos a nombre de Guastini, de allegados a él o de empresas creadas al efecto, para obstaculizar medidas cautelares y decomisos. Todas las operaciones formaron parte del esquema de lavado ideado por el contador. A su turno, el tribunal consideró probado el vínculo entre las maniobras ilícitas y la adquisición de los bienes. Ello fue posible gracias al análisis del Ministerio Público Fiscal de los informes expedidos por la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), los Registros de la Propiedad Inmuebles y otros documentos e información contable secuestrada durante allanamientos. En particular, consideró un archivo Excel titulado “Propiedades”, hallado en la computadora personal de Guastini, que contenía un listado detallado de unidades funcionales, ubicaciones, titulares aparentes y sociedades utilizadas para justificar el origen de los fondos para su adquisición. En su fallo, el TOPE N°1 destacó que las operaciones eran inconsistentes con la capacidad económica de quienes figuraban como titulares registrales. Resaltó que muchas de las personas jurídicas empleadas carecían de actividad comercial real y presentaban declaraciones fiscales sin movimiento o con resultados negativos y que, en algunos supuestos, quienes figuran como dueños reconocieron que actuaron por pedido de Guastini. El proceso incluyó además el decomiso de importantes sumas de dinero secuestradas durante la investigación.
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