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» El Ciudadano
Fecha: 27/06/2025 13:36
El Juzgado Federal Nº1 de Santa Fe, que encabeza Carlos Villafuerte Ruzo, procesó a socios gerentes de una empresa por el delito de lavado de activos de origen delictivo por una suma que supera los 1.810 millones de pesos. A dos, les asignó el carácter de coautores de las maniobras y al restante, el de instigador. La resolución judicial está publicada en el portal fiscales.gob.ar. La investigación es de larga data y actualmente la conduce el fiscal Jorge Gustavo Onel, titular de la Unidad Fiscal Santa Fe. Lo que se indaga es una maniobra vinculada a facturación apócrifa, adquisición de divisas al tipo de cambio oficial y simulación de importaciones, con transferencias de fondos para su ingreso al circuito legal a empresas de China, Hong Kong, Estados Unidos y España. Empresa trucha La pesquisa apunta a que los ahora procesados utilizaron una empresa sin actividad comercial real, cuya identidad no fue revelada, para recibir acreditaciones bancarias por más de 1.810 millones de pesos. Los fondos, en general, provenían de empresas con CUIT inactivos. De hecho, sus datos están en un registro de contribuyentes con operaciones irregulares y comprobantes falsos. También, de entidades gestoras de fondos sin identificación precisa del depositante. La maniobra consistió en la compra de divisas en el mercado oficial en violación a las normas del Banco Central. Más de 6 mil operaciones truchas No fueron pocas veces. De acuerdo a lo investigado, los imputados realizaron 6.043 operaciones por un total de 18.338.684 dólares y 12.000 euros con destino a cuentas de sociedades en el exterior. Lo hicieron en concepto de pagos de importaciones que nunca se concretaron. El juez señaló que todas las operaciones se basaron en documentación apócrifa, facturas comerciales adulteradas y justificativos ficticios de comercio exterior. “La maniobra aquí investigada tenía como único objetivo obtener acceso a divisas a valor oficial en un contexto de brecha cambiaria significativa, sin existir operaciones de comercio exterior reales”, sostuvo Villafuerte Ruzo en su resolución. Para el magistrado, “las facturas comerciales utilizadas, las declaraciones SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones) y otros elementos presentados ante las entidades bancarias y organismos de control carecían de correspondencia fáctica, y se emplearon con el fin de engañar al sistema aduanero y obtener la liberación de divisas, para su posterior transferencia a cuentas bancarias radicadas en el exterior”. Desde hace cuatro años La investigación se inició en agosto de 2021 en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 5, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico 7. Fue a partir de la denuncia de una empresa cuyos datos fueron utilizados de forma fraudulenta en una factura comercial. La causa fue luego remitida a la Justicia federal de Santa Fe por cuestiones de competencia. En septiembre de 2024, se incorporó otra denuncia presentada por el jefe interino del Departamento de Fiscalización Externa de Valoración de la Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA). En esa instancia, señaló que una serie de contribuyentes –entre ellos, la empresa de los imputados– habían girado divisas al exterior por importaciones que no se habían registrado. O bien, por montos declarados que superaban ampliamente los productos realmente ingresados al país. Qué hizo cada uno En ese marco, dictó el procesamiento de los dos gerentes de la empresa como coautores de los delitos de operar con cambios sin autorización, de realizar operaciones fuera de los términos legales y de simular importaciones con fines de obtener divisas. También se los procesó por lavado de activos, al insertar dinero presuntamente ilícito en el circuito formal utilizando documentación falsa. El tercer imputado, considerado instigador, fue quien habría gestionado inicialmente la adquisición de la sociedad utilizada como fachada para la maniobra. Según la Fiscalía, promovió las acciones delictivas de los otros dos. ¿Cómo?: facilitando la estructura legal para eso. En libertad El juez dispuso que los tres imputados continúen en libertad durante el proceso. Pero deberán presentarse mensualmente ante el Juzgado y no podrán ausentarse de la provincia sin autorización previa. También ordenó un embargo preventivo sobre los bienes de cada uno de ellos hasta 600 millones de pesos. En cambio, Villafuerte Ruzo dictó falta de mérito para un contador investigado por falsificar un balance contable de la empresa en el ejercicio 2020, haber cargado declaraciones juradas de IVA de 2021 desde su estudio contable y participado en la redacción del acta de cesión de cuotas sociales de la firma. Según el fallo, la prueba reunida hasta el momento no permitió establecer con certeza su participación en los delitos. El lavado, multinacional Las divisas obtenidas de forma ilegal, según el expediente, fueron finalmente canalizadas al extranjero. En la mayoría de los casos, hacia empresas radicadas en Estados Unidos, China, Hong Kong y, en un caso, a España. De todas estas transferencias, no hubo respaldo documental auténtico que las justificara.
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