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» Comercio y Justicia
Fecha: 27/06/2025 13:00
“El jefe de la Caminera era el jefe de la banda”, afirmó este viernes el fiscal Guillermo González en una conferencia de prensa que marcó el inicio de un nuevo escándalo en la Policía de Córdoba. El funcionario judicial confirmó que Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, titular de la Policía Caminera, fue detenido por presuntamente liderar una organización ilícita integrada por policías y civiles. Según explicó González, la operatoria investigada no está vinculada con la función específica de Ochoa en la Caminera, ni con el manejo de multas, sino con el uso de información privilegiada para obtener beneficios personales y profesionales, en su rol paralelo como abogado. Uno de los ejes principales de la investigación está relacionado con maniobras vinculadas a la ocupación ilegal de terrenos en el interior de la provincia. “Los ilícitos no están directamente vinculados con su función como jefe de la Caminera. Esto es otro tema: el uso de información confidencial para su beneficio”, remarcó el fiscal. También reveló que el patrimonio de Ochoa creció de manera injustificada respecto a sus ingresos como funcionario policial. Este elemento sustenta la acusación por enriquecimiento ilícito, uno de los delitos incluidos en la causa junto a asociación ilícita, coacción, peculado y encubrimiento por omisión de denuncia. Durante la misma conferencia, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, respaldó la investigación judicial y confirmó que todos los implicados “serán separados de la Fuerza”. “He sido claro en todo sentido. Son todos abogados, actuaban como tales y se beneficiaban de sus funciones en la Policía para provecho propio”, aseguró. “Nosotros no encubrimos, no ocultamos”, agregó el funcionario. Una estructura con acceso ilegal a datos oficiales De acuerdo con la fiscalía, los implicados —varios de ellos policías con título de abogado— habrían conformado una red que extraía información reservada de bases de datos oficiales para utilizarla en el ámbito privado. Esa información era utilizada para negociaciones extrajudiciales, cobro de deudas, defensa penal de imputados y fijación de honorarios, aprovechando antecedentes obtenidos de forma ilegítima.
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