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Parana » Radio La Voz
Fecha: 27/06/2025 10:21
El gobierno eliminó jornadas obligatorias en las escuelas sobre educación vial y violencia de género. La medida se formalizó a través de la publicación de un decreto en el Boletín Oficial. El Gobierno considera “innecesarias” estas obligaciones. A través de la publicación del Decreto 436/2025, el gobierno de Javier Milei derogó artículos clave de las leyes de educación vial y de prevención de la violencia de género en el ámbito educativo. Esta medida implica la eliminación de ciertas obligaciones y organismos que, según el Ejecutivo, ya no resultan necesarios dentro de la actual estructura estatal ni en la distribución de competencias entre la Nación y las provincias. El decreto, que fue publicado este viernes en el Boletín Oficial, suprime el artículo 3° de la Ley 27.234 y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214. Esta decisión tiene un impacto directo en la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y en organismos como el Observatorio de la Educación Vial, que quedará disuelto. El decreto fue refrendado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Según el texto oficial, esta medida responde a la necesidad de evitar la duplicación de funciones dentro del aparato estatal y de optimizar el uso de los recursos públicos. Superposición de funciones y duplicación de estructuras Según se establece en el decreto, la coexistencia del Observatorio de la Educación Vial y el Consejo Federal de Seguridad Vial generaba “una superposición de funciones que resulta contraria a los principios de eficiencia administrativa y racionalidad presupuestaria, al duplicar esfuerzos, estructuras y recursos para la consecución de objetivos similares”. La derogación de los artículos mencionados tiene como objetivo mejorar el funcionamiento del Estado y contribuir a la construcción de una gestión pública más eficiente, ágil, eficaz y de calidad en la atención del bien común. De esta manera, se busca reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal, lo que contribuiría a disminuir el gasto público y equilibrar las cuentas fiscales del país. En este sentido, el gobierno se ampara en las facultades delegadas por la Ley 27.742, que estableció la emergencia pública en áreas administrativas, económicas, financieras y energéticas. Esta ley fue clave para que el Ejecutivo pudiera tomar medidas de esta índole en un contexto de crisis fiscal y de búsqueda de optimización del gasto público. Revisión de la Ley de Violencia de Género y la Educación Vial En el caso de la Ley 27.234, que instauraba la jornada educativa “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en todos los establecimientos educativos del país, el Ejecutivo argumenta que la responsabilidad de organizar estas jornadas no debe recaer en el Estado nacional, sino en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo estipulado por la Ley 24.049, que establece la transferencia de la administración de los servicios educativos. El decreto afirma: «Lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 27.234 establece una responsabilidad innecesaria sobre el Poder Ejecutivo Nacional, al que no le compete realizar jornadas educativas durante el ciclo lectivo». Esta disposición refleja la postura del Ejecutivo respecto a la descentralización de las competencias en el ámbito educativo. El gobierno también está llevando a cabo una revisión de los contenidos de Educación Sexual Integral que se imparten en las escuelas del país. Este proceso está en manos del Ministerio de Capital Humano, y tiene como objetivo garantizar que la enseñanza de estos contenidos se ajuste a la normativa vigente. El Observatorio de la Educación Vial y su disolución Por otro lado, respecto a la Ley 27.214, que establecía la creación del Observatorio de la Educación Vial, el decreto señala que este organismo nunca llegó a funcionar. Según el propio texto del decreto, la existencia de este Observatorio, junto con el Consejo Federal de Seguridad Vial, implicaba una duplicación de estructuras y de funciones dentro del aparato estatal. Además, el decreto hace referencia a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación, en cumplimiento de la Ley 26.122, que regula la intervención parlamentaria sobre los decretos de delegación legislativa. De esta forma, el artículo 4° del decreto ordena: «Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del H. Congreso de la Nación». Esto se enmarca dentro de la normativa que exige la participación del Congreso en estos tipos de decisiones gubernamentales. La entrada en vigencia del decreto se fijó para el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, es decir, el 28 de junio de 2025.
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