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CABA » Plazademayo
Fecha: 26/06/2025 20:58
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos advirtió que el fallo no alcanza a los responsables políticos del operativo represivo en el que fue asesinado el joven mapuche en 2017. A más de siete años del crimen de Rafael Nahuel, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el pasado 12 de junio la condena a los cinco prefectos del grupo Albatros involucrados en su asesinato. Sin embargo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, cuestionó que el fallo no haya alcanzado a las autoridades políticas responsables de aquel operativo, señalando especialmente a Patricia Bullrich, quien en 2017 era ministra de Seguridad y hoy ocupa nuevamente ese cargo. La resolución judicial confirmó que Sergio Cavia, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego, con exceso en la legítima defensa. La Casación ordenó además al tribunal de General Roca que determine las penas que deberán cumplir los condenados. Pese al fallo, la APDH expresó en un comunicado que “si bien se aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y por tanto responsables últimos de aquella acción criminal”. El organismo remarcó que “la condena desmiente las afirmaciones de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, quienes intentaron encubrir y justificar la brutal represión del grupo Albatros”. El operativo, llevado a cabo el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, Río Negro, dejó como saldo el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, de 22 años, y heridas graves en Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña. Para la APDH, la condena “estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich”. El pronunciamiento del organismo de derechos humanos también advirtió sobre la peligrosidad de mantener impune a la cadena de mando político. “Bullrich sigue incitando a quienes integran las fuerzas a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos los únicos que terminan respondiendo ante la Justicia”, señalaron. Y agregaron: “Delinque no solo quien cumple órdenes ilegales, sino también quien las da”. La sentencia marca un paso relevante en el largo camino hacia la justicia por el crimen de Nahuel, pero también expone los límites de un sistema que, según la APDH, continúa protegiendo a los funcionarios políticos involucrados en políticas represivas. La exigencia ahora se dirige a los estratos más altos de responsabilidad: los que dieron las órdenes.
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