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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 26/06/2025 15:20
El abogado y presidente de Poder Ciudadano, Hugo Wortman, quien este jueves brindará una charla en Paraná, se refirió a la detención de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y analizó la realidad del trabajo judicial. En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Wortman analizó que la detención de la ex Presidenta “es una decisión judicial que tiene la revisión de mas de 20 funcionarios judiciales, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, lo cual garantiza que se trata de un fallo concienzudo y jurídicamente válido y sostenible, lo cual le da al país seguridad jurídica frente a los demás Estados y frente a las posibles revisiones que las defensas puedan intentar frente a organismos internacionales. Desde ese lado me parece muy plausible; después en cuanto a las condiciones de detenciones no me gusta opinar sobre cuestiones muy técnicas y específicas de los jueces de ejecución, la ley deja bastante margen de discrecionalidad a los magistrados respecto de las dolencias de las personas, la edad, sus condiciones y obviamente la cárcel no es deseable para nadie”. En ese marco, consideró que “la colocación de la tobillera parece innecesario frente a una persona que tiene custodia por su carácter de ex Presidenta, y además por su imposibilidad de fuga, porque es una persona hiper conocida que no se puede fugar a ningún lado”. En relación con el trabajo judicial en general, planteó: “Yo tengo mucho reparo respecto de los avances de la Justicia en general, tanto nacional como local –y en las provincias más feudales es peor- respecto de las herramientas de transparencia que tiene que usar la justicia para rendir cuentas a la sociedad de su gestión. En definitiva, es un servicio público que debe garantizar a todos los ciudadanos un acceso a la justicia en condiciones de igualdad, y la realidad es que uno no sabe, una vez que los expedientes ingresan a los tribunales, cuáles son los criterios que se ponen en práctica para que algunos sean resueltos primero que otros. En este sentido hemos tenido charlas con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con su presidente y con el Consejo de la Magistratura para tratar de implementar algunas prácticas. De hecho, en relación a la necesidad de que los jueces también cuenten con un código de ética, más allá del sistema disciplinario que tienen particular por la estabilidad que les da la Constitución Nacional y las provinciales, tiene que haber algún sistema de transparencia y de rendición de cuentas y los códigos de ética son herramientas que van en este sentido”. Al respecto, cuestionó que “una vez que entra un expediente a la Corte hay un secretismo, nunca se sabe qué ministro lo puede tener ni cuánto tiempo lo puede tener. Hay expedientes que están cuatro o cinco años con políticos condenados en las mismas condiciones (de Cristina Fernández) que todavía no han sido resueltos”. Como ejemplo, mencionó que “Guillermo Moreno está condenado en cuatro casos donde intervengo, tiene fallo de Casación en dos de esos casos confirmando las condenas, pero todavía siguen en la Corte hace cuatro años. El de Cristina entró después y se resolvió antes. Por eso se ve que hace falta alguna herramienta de transparencia que nos permita conocer de qué manera los jueces ordenan su trabajo, y esto es simplemente un derecho ciudadano”. En cuanto a la forma de controlar y poner límites a los jueces, advirtió que “el límite primario que tienen los jueces es el respeto a la Constitución y al Código Penal, como todo ciudadano, pero respecto de la manera en que ordenan su tarea, entra dentro del ámbito de lo que se llama la Superintendencia, que para el ciudadano común es totalmente distante y que es el poder disciplinario y de organización de la labor judicial que ejercen los tribunales superiores respecto de los inferiores”. “Por ejemplo, después de la pandemia se dejó a criterio de cada Cámara del país decidir cuántos días los empleados de la justicia van efectivamente a trabajar, entonces hay lugares donde los secretarios van sólo tres días a la semana. Pero nosotros como ciudadanos tenemos derecho a exigirles, a controlarlos, y a pedirles que garanticen la defensa de los derechos constitucionales que nos asisten como ciudadanos, y tenemos derecho a tener una justicia celera, eficaz y acceder a ella de manera simple y rápida. Entonces, si hay empleados que van a trabajar solo tres veces por semana, están lesionando mi derecho de acceso a la justicia. Ellos pueden organizarse siempre y cuando no lesiones derechos de terceros y de ciudadanos amparados por la Constitución”, planteó. En ese marco, sostuvo que “los jueces son amos y señores respecto de la instrucción y deciden cuantos peritos ponen, de qué área son, de quién dependen y quién les paga, y la realidad es que ahí hace falta control ciudadano, control periodístico, y la labor del periodismo es esencial en denunciar estas cosas”. Respecto del juzgamiento de empresarios corruptos, indicó que “en el pasado era más complicado juzgarlos, pero en 2018 se sancionó la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas que equipara la posibilidad de juzgar a una persona humana y una persona jurídica, e incluso aplicarle una pena más grave que a la persona humana que llega incluso hasta su disolución. En Entre Ríos hay un caso bastante paradigmático que es el de la empresa Securitas, donde por primera vez se está investigando a una empresa”.
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