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Usuhahia » Diario Prensa
Fecha: 26/06/2025 01:48
NO A LAS SALMONERAS. “Sería mucho más honesto que comencemos a promocionarnos así, porque nuestros representantes están diciendo por estos días: ‘Señores inversionistas, si no les gustan nuestras leyes, las podemos derogar’. Esto a riesgo de que argentinos, noruegos, norteamericanos o quizás hasta israelíes, encuentren en nuestras tierras y mares, un ámbito para desarrollar sus tropelías, transformando a nuestro territorio en su patio trasero”. En el ámbito legislativo se está debatiendo actualmente la continuidad de la Ley Provincial Nro. 1.355 relacionada con la prohibición de la producción de salmones en aguas de nuestra provincia. La ley sancionada en el año 2021 prohíbe, en resumidas cuentas, el modelo chileno de esta actividad, no así la producción en tierra. Lo llamativo es que, quienes militan la derogación de esta ley pregonan por el desarrollo de este sistema cuando en realidad la legislación no lo prohíbe. Esto sugiere claramente que, en estos debates en las que las intenciones no quedan claras, más que oír lo que se dice, es más recomendable oír lo que NO se dice. Lo que no se dice es que toda esta discusión parece más bien una negociación entre el Gobierno nacional con el provincial porque tenemos representantes que en nuestra isla exponen un discurso parecido al del Che Guevara y en la Capital Federal, en encuentros con autoridades nacionales, dicho discurso muta a uno parecido al de Trump. Lo que no se dice es que los voceros de empresas nacionales o extranjeras se valen de la desesperación política por generar inversiones, aunque éstas pongan en peligro las inversiones ya existentes; vociferan discursos pseudo desarrollistas, cuando sabemos que no es desarrollo una actividad que beneficia a un sector perjudicando a otro; e insisten con la falacia que en nuestra región se puede replicar el modelo chileno – que dispone de miles de kilómetros de costa, con centenares de sitios protegidos aptos para la instalación de jaulas – mientras en nuestro territorio no disponemos ni del 10 % de esa cantidad. No se dice que el modelo chileno ha generado una contaminación espantosa que destruyó gran parte de la pesca artesanal, erosionando una cultura gastronómica singular y muy competitiva, todo para la elaboración de un producto de baja calidad que muchos mercados del mundo ya rechazan. No se dice que es absolutamente incongruente destinar millones de pesos por año promocionando “el fin del mundo” como sinónimo de paisajes prístinos, naturaleza intocada y atractivos singulares, mientras por otro lado se habilitan actividades que ponen en riesgo ese imaginario turístico y que cualquier visitante, puede calificar como una estafa. Esta política no garantiza una responsable convivencia entre diferentes actividades y apuesta a una especie de anarquía empresarial. Sería mucho más honesto que comencemos a promocionarnos como “el culo del mundo”, donde noruegos, argentinos, norteamericanos o quizás hasta israelíes, encuentren en nuestras tierras y mares, un ámbito para desarrollar sus tropelías, transformando a nuestro territorio en su patio trasero. Nadie cuestiona, ni pone en duda la importancia del capital. Es tan importante como la mano de obra que genera. Pero no podemos ignorar que algunas de estas inversiones dejan de ser positivas cuando atentan en contra de los intereses de otras inversiones ya consolidadas. Las que han tenido que adaptarse a las decisiones previamente dictadas. Las “reglas del juego” son fijadas por los diferentes sectores, por las políticas diseñadas en función del derecho de las mayorías y de las decisiones plasmadas en leyes y ordenanzas. Nadie tiene, o debería tener, derecho a tirar a la basura lo decidido como fruto de un proceso social, que ha llevado años de madurez. En lo ambiental no puede haber “experimentos”, principalmente cuando lo que está en juego es precisamente, lo que ofrecemos al mundo. Mucho menos cuando ese experimento se sostiene con mentiras, suposiciones, trascendidos o fábulas. Cabe preguntarse: ¿por qué cambió de idea el gobernador?. Sabemos que la realidad política es otra, las necesidades también y las presiones son atroces. Ahora nada bueno puede surgir de la desesperación o de una extorsión. En definitiva, todo parece indicar que dos o tres empresarios quieren una ley laxa que sostenga la actividad prometiendo un control que el Estado no puede realizar porque no tiene el personal, los elementos ni la intención política. Cuando se decide avanzar con un proyecto que garantiza contaminación, escasos puestos de trabajo, inviabilidad económica y deterioro de un capital natural que resulta indispensable para otras tantas actividades claramente beneficiosas, es porque no ha habido capacidad para el diseño de otros proyectos o alternativas menos nocivos y con garantía de una mayor sustentabilidad. En definitiva “no sólo de trabajo vive el hombre”, también requiere calidad de vida, un manejo adecuado de los recursos, estabilidad y seguridad laboral. Nada de todo esto está garantizado por el proyecto de pestilentes jaulas. Deberemos decidir de qué queremos abastecer al mundo y de qué no abasteceremos al mundo. El turismo puede convivir con innumerables otras actividades, pero solamente requiere una convivencia que implique respeto por el atractivo. Tampoco se dice que quienes proponen este experimento, nunca piensan en las externalidades negativas, porque jamás se hacen cargo de los daños, de éstos se hace cargo el pueblo, mientras ellos lo hacen de las ganancias. En definitiva, se debe entender que toda esta controversia no se trata de un debate entre desarrollistas y conservacionistas, se trata de personas que tienen una mirada totalmente distinta de lo que implica el desarrollo. Derogar la Ley 1.355 significa un claro retroceso de un proceso ya vivido. Un pésimo antecedente que deja la puerta abierta para que, en el futuro, cualquier supuesto inversor nos extorsione exigiendo la derogación de cualquier otra legislación que no ayude a sus individuales intereses. Se dice que “los principios son la base sobre la cual se construyen las normas y leyes”, aún no sabemos cuáles son los principios del gobierno provincial.
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