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» Misionesopina
Fecha: 25/06/2025 21:23
En una sesión especial celebrada esta semana, el Concejo Deliberante de Puerto Piray resolvió desaprobar la memoria y balance correspondiente al ejercicio fiscal 2024 de la Municipalidad, que fue enviado por la intendenta Mirta Lezcano, pareja del actual diputado provincial Oscar Lezcano. La pareja lleva casi 20 años manejando la comuna. La votación finalizó con tres votos en contra y dos a favor del informe económico presentado por el Ejecutivo, en medio de cuestionamientos por falta de transparencia, inconsistencias contables y un preocupante nivel de ejecución presupuestaria en obra pública. La evaluación fue precedida por el análisis del expediente en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Legislación, en la que participaron todos los ediles y el contador municipal. Sin embargo, el proceso terminó con dictámenes contrapuestos. Finalmente, los concejales Remigio Smith (presidente del cuerpo), Lino Javier Melgarejo y Antonia Elizabeth Mercado se manifestaron por la desaprobación del balance, mientras que Cristian Derli Giménez y Claudia Felisa Posdeley lo hicieron en sentido contrario. El dictamen negativo se sustentó en una serie de observaciones que abarcan desde cuestiones formales hasta de fondo. Entre ellas, se destacó que la rendición fue remitida fuera del plazo legal establecido, lo que constituye una falta administrativa grave. Además, los concejales señalaron la existencia de inconsistencias contables, como un superávit financiero declarado que no se condice con la realidad económica del municipio, y la falta de documentación respaldatoria sobre pagos y gastos en áreas sensibles. “La documentación no cerraba en varios aspectos. Había partidas mal justificadas, faltaban registros de pasivos del Concejo desde diciembre de 2023, y no hubo respuesta satisfactoria por parte del contador municipal cuando se le requirió aclaraciones. Nos faltaba información clave y no podíamos convalidar algo que deja dudas”, explicó el presidente del cuerpo, Remigio Smith, al justificar el voto negativo. Uno de los puntos más controversiales del dictamen fue la existencia de una recaudación superior a los mil millones de pesos por concepto de una “tasa” cuya creación no fue aprobada mediante ordenanza, lo que podría implicar una irregularidad en el cobro de tributos municipales. Además, se observó falta de trazabilidad en los fondos destinados a asistencia social, un área particularmente sensible ante la situación económica actual. Otro aspecto subrayado en el dictamen fue la baja inversión en obra pública, que apenas alcanzó el 6,81% del total del gasto municipal, según el informe. “Eso significa menos infraestructura, menos servicios y menos respuesta del Estado local a las necesidades del pueblo”, afirmaron los ediles críticos. También fue cuestionada la decisión del Ejecutivo de efectivizar pases a planta permanente sin previa autorización del Concejo, lo que vulnera la normativa vigente sobre la administración de personal. Pese a las advertencias formuladas en el dictamen, desde el bloque oficialista relativizaron las observaciones y defendieron la gestión. La concejal Claudia Posdeley, que votó por la aprobación, expresó que “más allá de algunos retrasos administrativos, no hay elementos que indiquen un manejo irregular de los fondos”. Sin embargo, la mayoría del cuerpo deliberativo se inclinó por la postura contraria, en cumplimiento del artículo 64 de la Ley XV – Nº 5 (antes Ley 257), “Orgánica de las Municipalidades”, que faculta a los concejos deliberantes a rechazar los balances que presenten faltas o inconsistencias graves. La desaprobación del balance abre ahora un nuevo frente para el Ejecutivo municipal, que deberá responder a los señalamientos formulados y, eventualmente, readecuar sus mecanismos de control y rendición de cuentas. Desde el Concejo no descartan pedir auditorías externas o el acompañamiento de organismos provinciales para esclarecer el destino de los fondos públicos. Mientras tanto, desde la oposición remarcaron que la decisión busca garantizar mayor transparencia y control sobre los recursos municipales. “No es una cuestión política, es una cuestión institucional: rendir cuentas como corresponde es una obligación ante la ciudadanía”, concluyó el concejal Lino Melgarejo.
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