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» Rafaela Noticias
Fecha: 25/06/2025 19:29
Cerca del 50% de quienes reciben ayuda alimentaria en Rafaela son menores de edad Por Redacción Rafaela Noticias La Municipalidad de Rafaela presentó un proyecto de ordenanza que propone prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2025 la vigencia de la norma que autoriza la compra directa de alimentos destinados a la asistencia social. La medida busca sostener y agilizar las acciones del programa municipal de Asistencia Alimentaria, en un contexto de creciente demanda. De acuerdo con los datos presentados por el Ejecutivo al Concejo de Rafaela, el 45,43% de quienes reciben ayuda alimentaria en la ciudad son menores de edad, mientras que el 15,17% son adultos mayores, ambos grupos considerados de alta vulnerabilidad. Estos porcentajes muestran un incremento respecto a lo informado en el Boletín Oficial del 15 de enero de 2025, donde se indicaba que el 40,3% de los refuerzos estaba destinado a menores y el 6,3% a adultos mayores. Actualmente, el programa es gestionado por la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud e incluye la entrega de alimentos secos y módulos alimentarios a través del Centro Integral Comunitario (CIC). Además, se anunció la incorporación de profesionales en nutrición para mejorar la calidad de los productos entregados. Desde el Ejecutivo destacaron que la continuidad de esta herramienta legal permitirá mantener la respuesta estatal frente a demandas alimentarias urgentes, especialmente ante situaciones críticas como emergencias climáticas o crisis económicas. Según se argumenta en el texto enviado por el Ejecutivo, la continuidad de esta herramienta es necesaria “para dar operatividad y respuesta inmediata” a situaciones de vulnerabilidad. La ordenanza vigente, N.º 5.578, habilita la contratación directa —sin necesidad de licitación— de productos alimenticios para atender las necesidades básicas de sectores sociales con dificultades económicas. Su validez actual vence el próximo 30 de junio. El documento advierte que la pobreza en Argentina afecta a más de 25 millones de personas, de las cuales casi 8 millones están en situación de indigencia. A nivel local, se observa un aumento sostenido de pedidos de refuerzos alimentarios y asistencia, principalmente por pérdida de empleos y baja de beneficios sociales.
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