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» Comercio y Justicia
Fecha: 25/06/2025 14:42
Desde abril de 2023, los intentos de suicidio deben notificarse y registrarse en el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria (SNVS). Recientemente, el Ministerio de Salud de la Nación publicó un informe en la materia que releva los casos de los últimos dos años. Indicó que los intentos “representan un problema de salud pública creciente y prioritario” a nivel mundial, regional y nacional y precisó que, hasta el 30 de abril pasado, según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), fueron notificados unos 22 eventos por día (15.807 casos). Tendencia El documento consignó que la tendencia general fue ascendente, si bien se observaron fluctuaciones a partir del 1 de abril de 2023. Indicó que el valor más alto se registró en enero pasado, con 1.084 eventos notificados, seguido de una leve fluctuación en febrero y marzo y, posteriormente, una merma en abril (882 casos). Aclaró que el “patrón de crecimiento progresivo” puede vincularse tanto a una mayor consolidación del sistema de vigilancia y al fortalecimiento en la capacidad de notificación por parte de los efectores de salud. En ese marco, advirtió que los datos son parciales y sujetos a revisión, aunque recalcó que son una herramienta valiosa como primer acercamiento estadístico. El reporte detalló que del total de intentos de suicidio el 94,3% no tuvieron resultado mortal y que el 5,7% (906) resultaron en el fallecimiento de la persona. Indicó que en la distribución general predomina el sexo femenino, con el 60% de los eventos notificados, pero que los varones son los que presentan un mayor riesgo de resultado mortal (riesgo cinco veces mayor). En cuanto a las tasas más elevadas de intentos, el trabajo de la cartera sanitaria especificó que corresponden a los grupos de 15 a 19 años (91 casos cada 100.000 habitantes) y 20 a 24 (85 casos cada 100.000 habitantes). Informó que se notificaron también 23 eventos en niños de 5 a 9 años (0,2%). Enfatizó que el dato, aunque de baja frecuencia, debe considerarse como señal de alerta. La ingesta de medicamentos fue la modalidad más utilizada (46%), aunque presenta matices según el sexo: en el caso de las mujeres, su uso asciende casi al 60%. Antecedentes En cuanto a antecedentes, el diagnóstico previo en salud mental, los intentos anteriores y el abuso de drogas fueron los más frecuentes. “Los suicidios con resultado mortal fueron realizados principalmente a varones de entre 20 y 34 años, con tasas consistentemente más altas en todos los grupos etarios respecto de las mujeres”, añadió el informe, y postuló que para abordar la problemática y contribuir a disminuirla, la estrategia principal es la prevención, entendida “desde una perspectiva de cuidados integrales y colectivos”. Bajo esa premisa, llamó a desarrollar “programas de formación sistemática y permanente para profesionales de la salud en la detección y abordaje de situaciones de riesgo” y dispositivos de atención telefónica gratuitos, o la incorporación del componente Salud Mental a las líneas existentes, atendidos por personal capacitado para la recepción, evaluación, manejo, seguimiento y derivación asistida de situaciones de crisis y riesgo. Adhesión Tras la difusión de los datos oficiales, las diputadas nacionales Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) y Eugenia Alianiello (Unión por la Patria) presentaron una inciativa para reformar y ampliar el alcance de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio (27.130), sancionada en 2015. El texto cuenta con la adhesión de legisladores de todos los bloques y apunta a reforzar el abordaje institucional de la problemática. Propone la creación del Plan Nacional de Prevención del Suicidio, bajo la órbita del Ministerio de Salud, con participación del Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones, organizaciones especializadas y referentes académicos, con el fin de avanzar en una estrategia coordinada a nivel nacional que permita actuar de manera preventiva y de posvención, con foco en todas las franjas etarias. Contempla la puesta en marcha de un registro detallado y obligatorio de intentos y suicidios consumados, con información sobre edad, género, causas, modalidad, y evolución mensual, con información aportada por los sectores público y privado, que deberá incluir los casos corroborados judicialmente. El proyecto también plantea reformas en el ámbito educativo, incorporando de forma obligatoria materias vinculadas a la prevención del suicidio en las carreras universitarias de psicología y similares, así como en la formación docente. Además, exige campañas masivas de concientización sobre salud mental, adicciones y abuso sexual; especialmente, para menores de edad. Asimismo, prevé el fortalecimiento de la atención en situaciones de crisis. Le encomienda a Salud la elaboración de un protocolo nacional de actuación ante el riesgo suicida, así como la coordinación de una línea telefónica gratuita, activa las 24 horas, con operadores capacitados y una red de derivación a dispositivos de asistencia. También contempla la creación de un sitio web oficial con canales de asistencia para las personas en crisis y sus familiares.
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