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» Diario Cordoba
Fecha: 25/06/2025 13:09
El BBVA sigue sin desvelar qué hará con su oferta de compra (opa) sobre el Sabadell después de que el Gobierno la haya condicionado a que las dos entidades permanezcan separadas durante tres años, ampliable en otros dos. El responsable del negocio del banco en España, Peio Belausteguigoitia, ha confirmado este miércoles que todas las posibilidades siguen abiertas: mantener la oferta, retirarla y llevar la decisión del Ejecutivo a la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. La decisión se desvelará "en las próximas fechas", ha añadido el banquero: "No puedo concretar más, pero no tenemos ningún afán en que se vaya a retrasar este proceso". "No han pasado ni 24 horas. Estamos en el análisis y la evaluación de las distintas alternativas", ha justificado el ejecutivo durante su intervención en un curso organizado por la Asociación de Periodista de Información Económica (APIE) y patrocinado por el BBVA en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Belausteguigoitia, así, ha recordado que los administradores y los gestores de la entidad tienen el "deber de estudiar todas las alternativas y posibilidades dentro de su análisis" porque tienen el" deber fiduciario" de proteger los intereses de sus accionistas. Acudir a la justicia, así, no está descartado. Con todo, el banquero ha defendido que la operación sigue teniendo sentido, con un argumento similar al que defendía el banco antes de la decisión del Gobierno. "El racional de la operación es impecable. Es un racional de crecimiento. La operación es buena para España, Catalunya y los clientes", ha sostenido. Sinergias en juego El Gobierno condicionó este martes la opa a que los dos bancos mantengan "personalidad jurídica y patrimonios separados y autonomía en la gestión" durante tres años, ampliables en otros dos. Ello implica, por ejemplo, que deberá haber un "mantenimiento de la plantilla en razón de esta operación y una situación similar con respecto a la red de oficinas". Y también que el BBVA no podría pedir al Ejecutivo que le deje fusionarse con la que sería su filial hasta después de esos tres o cinco años. La decisión perjudica los planes del BBVA. El banco siempre ha defendido que podría hacer la opa y demorar la petición de fusión (fiscalmente le podría interesar, incluso, por el impuesto a la banca). También ha asegurado que, incluso en ese caso, podría obtener la mayoría de los 850 millones de euros en sinergias de costes con que justificó el sentido económico de la operación. Sin embargo, la decisión del Gobierno va más allá de impedir simplemente la fusión, ya que implica que los dos bancos deberían seguir básicamente con la misma estructura que tienen actualmente en multitud de ámbitos, aunque uno fuera dueño del otro. Entre sus planes, estaba cerrar 300 oficinas y realizar un ajuste de plantilla (ERE). Está por ver, por tanto, si el BBVA seguirá adelante con la opa o desistirá, como le permite la legislación tras el dictamen del Ejecutivo. El banco viene defendiendo desde hace meses su interpretación de que la ley de defensa de la competencia de 2007 solo permite al Ejecutivo confirmar o suavizar los compromisos que pactó con la CNMC, no endurecerlos. Y en las últimas semanas ha dejado abierta la puerta a acudir a la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si entendía que el Ejecutivo se extralimitaba.
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