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Rio Negro » Adn Rio Negro
Fecha: 25/06/2025 10:09
(ADN).- La legisladora Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos realizó un serio cuestionamiento al accionar de jueces, fiscales y al Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro, por falta de asistencia a los llamados “damnificados parciales” quienes además de no recibir “un solo peso de ayuda” por la crisis social derivada de los incendios forestales, en algunos casos fueron criminalizados y perseguidos judicialmente. “La provincia de Río Negro no puede dar por cerrada la investigación sobre posibles ataques incendiarios en Mallín Ahogado. Si lo hace, se convertirá en cómplice de la catástrofe ambiental más grave de las últimas décadas: una persona fallecida, 3.800 hectáreas de bosque arrasadas, viviendas destruidas y daños materiales aún no reparados”, advirtió la legisladora provincial. Odarda criticó que durante su discurso del 1º de marzo, en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, el gobernador Alberto Weretilneck calificó al incendio como una “catástrofe natural”. “Con esas dos palabras clausuró toda posibilidad de avanzar en otras líneas investigativas que podrían revelar la participación de actores interesados en comprar tierra arrasada a precios irrisorios. También permitió que se cerrara durante cinco años el único camino habilitado judicialmente para acceder al Lago Escondido, beneficiando una vez más al magnate inglés Joseph Lewis, que sigue usufructuando en exclusividad un bien de dominio público”. Asimismo, Odarda recordó que durante el incendio falleció un poblador anciano, y que hasta la fecha no se ha informado qué tipo de asistencia recibió su familia, denunciando que no han sido respondidos los pedidos de informes. Odarda reiteró su pedido de conformar una comisión investigadora independiente, tal como propuso en un proyecto de ley de su autoría, con el objetivo de indagar a fondo las posibles vinculaciones entre el incendio, los grandes intereses inmobiliarios y el desalojo de hecho de pobladores que, al no recibir asistencia para reconstruir corrales, alambrados, galpones, vehículos y animales, se ven forzados a abandonar sus tierras. Fundó su reclamo en las sospechas expresadas por vecinos, quienes sostienen que el origen del fuego no habría sido un fenómeno natural, sino un ataque intencional, cuya impunidad podría derivar en nuevas tragedias. “A casi cinco meses del incendio, la ayuda prometida sigue sin llegar. Vecinos que perdieron galpones, herramientas, vehículos y animales, aún no han recibido asistencia. Incluso los llamados ‘afectados parciales’ -a quienes se les prometieron 15 millones de pesos por familia- continúan esperando una ayuda que nunca se materializó”, enfatizó. Finalmente, Odarda se refirió a la criminalización de brigadistas y vecinos voluntarios que arriesgaron su vida para salvar la de otros. “Mientras algunos de ellos fueron detenidos, perseguidos judicialmente y se vulneraron sus derechos constitucionales, los verdaderos responsables de este desastre ambiental siguen impunes. El caso de Nicolás Damián Heredia, brigadista voluntario de Neuquén, es ilustrativo: fue detenido durante 23 días, sin pruebas, y la causa fue finalmente archivada. Esto demuestra que el Ministerio Público y los jueces intervinientes sostuvieron sospechas infundadas con el único objetivo de mostrar un supuesto culpable, mientras los verdaderos artífices del incendio aún caminan libres por la provincia”.
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