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Parana » Informe Digital
Fecha: 25/06/2025 09:14
De forma silenciosa pero efectiva, en un claro reflejo de equilibrio político, los gobernadores de todo el país acordaron esta semana proseguir con sus demandas de fondos al Gobierno nacional. Lo hicieron con un planteamiento mesurado, alineado con el discurso presidencial, al afirmar que no afecta la política fiscal. Esta fue la señal expresada tras contactos discretos y reuniones formales en el CFI, que culminó con el impulso de un proyecto conjunto en el Congreso, donde Olivos debe recurrir con frecuencia a las negociaciones con los gobernadores, que son el núcleo de aliados y parte del amplio espectro de dialoguistas. El dato más relevante fue la unificación de criterios entre el variado grupo de jefes provinciales. Se trata de un entendimiento claro, no de un acuerdo político, y se observará si funciona como un mecanismo de consenso. Por lo pronto, se presentó un reclamo reiterado sin romper la línea de comunicaciones con funcionarios de Guillermo Francos y miembros del equipo económico, quienes estuvieron presentes en el último encuentro. Mensajes medidos, incluso antes de la cita de esta semana, anticiparon el contenido del planteo. Finalmente, la propuesta se centró en el impuesto a los combustibles líquidos y en la gestión de los fondos discrecionales. “No es más gasto”, aseguran. En medios cercanos a los gobernadores que mantienen una buena relación con el círculo de Olivos, se destaca el descontento provincial por la falta de respuestas concretas a sus solicitudes, aunque consideran que el texto presentado para su tratamiento en el Congreso no debería generar conflictos. En otras palabras, sugiere que podría ser una solución de baja tensión para la disputa provocada por la reducción de los fondos de la coparticipación federal. Desde el oficialismo, sostienen que las provincias deberían profundizar sus ajustes. La iniciativa impulsada por los gobernadores surge además en un momento donde el Congreso evalúa al oficialismo ante sus propias necesidades, los desafíos de la oposición y las advertencias de Javier Milei sobre la posible recurrencia al veto en proyectos que éste rechaza bajo argumentos presupuestarios. Un dato a tener en cuenta: Milei transita su segundo año de gestión sin una ley de Presupuesto. La previa a las dos reuniones sucesivas en el CFI había evidenciado, para quien prestara atención, los ingredientes de lo que se estaba gestando. Se prestó especial atención para bajar el tono en las reuniones regionales de los gobernadores y también se manejaron con discreción los contactos más reservados, incluso entre funcionarios del área económica. En este sentido, resultó significativo el modo en que circuló un informe sobre transferencias automáticas a las provincias. Este relevamiento, elaborado en oficinas del CFI, presenta las cifras de la disminución de fondos de coparticipación, proyectando entre 2024 y 2025. El total indica una baja estimada del 4,2%. Desde la Nación podrían cuestionar este cálculo, pero no su significado político: copias de la planilla circularon entre mandatarios con diferentes vínculos con el Gobierno, tanto dialoguistas como opositores duros. En este contexto, la propuesta legislativa que decidieron impulsar los gobernadores se basa en dos puntos. El primero, la eliminación de los fondos fiduciarios financiados con el impuesto a los combustibles líquidos y un mayor porcentaje de estos ingresos para las provincias. Y el segundo, la distribución del fondo de Aportes del Tesoro Nacional siguiendo los criterios de coparticipación federal y no de manera discrecional. “No afecta la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales”, se menciona en el texto respaldado por gobernadores, vicegobernadores y representantes de provincias que participaron en la reunión del lunes pasado. Para evitar controversias, subrayan que la eliminación de dichos fondos ha sido hasta ahora una de las consignas mileistas contra la “casta”. Los gobernadores con una buena relación con Olivos evitan la confrontación y hasta perciben un guiño del oficialismo para avanzar en el Congreso. Por su parte, aquellos más distanciados de Milei destacan un cambio de clima. Aun así, esta vez comparten el planteo, abarcando desde aliados del PJ o provinciales (Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Alberto Weretilneck, Hugo Passalacqua) hasta peronistas más duros (Axel Kicillof, Sergio Ziliotto) y representantes con matices de lo que fue JxC (Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres, Alfredo Cornejo, Jorge Macri). En conjunto y dada la fragilidad del contexto electoral, podría considerarse una afirmación de los jefes provinciales como un espacio heterogéneo de negociación con el Gobierno. Además, representa una referencia en medio de la complejidad política que evidencia la fragmentación y desarticulación de la misma. Sumado a la contradicción del oficialismo entre la necesidad de negociar y su rechazo a los mecanismos de acuerdo. El Congreso ahora ofrece ejemplos del complicado panorama para LLA. En Diputados, aún no se ha iniciado el trámite para avanzar con su proyecto de “blindaje” al plan “dólares del colchón”. Y en el Senado, están pendientes las iniciativas para recomponer jubilaciones y atender el sistema de discapacidad, ya sancionadas en la Cámara baja. Milei ya ha declarado que si esos dos textos son convertidos en ley, los vetará. Esto, más allá del impacto público, no resuelve completamente la situación, sino que agrega un desafío final: mantener la decisión presidencial de vetar otra ley en Diputados. Se vuelve entonces esencial la necesidad de tejer acuerdos políticos. Los gobernadores que son amigos o al menos están dispuestos a dialogar con Milei han resaltado su disposición a negociar y también la frustración por el incumplimiento de compromisos, especialmente en cuanto a la reactivación de obras en rutas nacionales. La votación sobre jubilaciones en Diputados, a principios de este mes, mostró un giro que allana el camino hacia la sanción del proyecto: la participación de legisladores que normalmente responden a las instrucciones de jefes provinciales con buena relación con el Gobierno. Resultó ser una alerta.
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