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  • Tratado de Alta Mar, la deuda argentina

    Parana » AIM Digital

    Fecha: 25/06/2025 09:00

    El Tratado de Alta Mar, cuyo acuerdo Argentina firmó en 2024, aún no ha avanzado en el proceso legislativo para su aprobación debido a que el Poder Ejecutivo no envió el proyecto de ley al Congreso de la Nación, supo AIM. Cabe recordar que, días atrás, ante la presencia del presidente Javier Milei en la Tercera Cumbre Mundial de los Océanos de las Naciones Unidas (UNOC3) en Niza, Francia, organizaciones ambientales reclamaron que el gobierno argentino avance en la ratificación del Acuerdo sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales, por sus siglas en inglés), también conocido como Tratado de Alta Mar. El país El Tratado de Alta Mar es complementario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) e introduce nuevas herramientas para proteger y conservar la alta mar mediante una mejor cooperación y coordinación de las distintas naciones. Tiene como objetivos promover la investigación científica a nivel mundial y garantizar el acceso justo y equitativo a los beneficios monetarios y no monetarios que resultan del aprovechamiento de los recursos genéticos marinos. Según información del Círculo de Políticas Ambientales, a la que accedió AIM, las zonas fuera de la jurisdicción nacional (o alta mar) representan cerca de dos tercios del océano y son un bien global común. En la actualidad, esas áreas están siendo sometidas a crecientes presiones con impactos cada vez más significativos en lo ambiental, económico, social y cultural. El Tratado de Alta Mar aborda la pérdida de diversidad biológica y la degradación de los océanos, debido, en particular, a los impactos del cambio climático; a la contaminación; y al uso insostenible. Para ello incorpora nuevos instrumentos: el acceso equitativo a los recursos genéticos marinos; la adopción de mecanismos de gestión por zonas, incluidas las áreas marinas protegidas; la implementación de la evaluación de impacto ambiental; y la capacitación y transferencia de tecnología marina. El Tratado incluye, además, una serie de principios, entre ellos el que garantiza que ni éste ni sus disposiciones podrán utilizarse para realizar reclamaciones de soberanía, derechos soberanos o jurisdicción. También establece los órganos que serán necesarios para su implementación, las disposiciones de financiación, orientaciones sobre cómo resolver conflictos, etc. Fue adoptado por consenso el 19 de junio de 2023, luego de 20 años de negociaciones.

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