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Fecha: 25/06/2025 07:14
En medio de un proceso concursal cada vez más tenso, SanCor informó al juez del concurso que aún no tiene firmados contratos de producción a fasón, como los que se habían atribuido a un acuerdo con Elcor, la empresa detrás de la marca Tonadita. La aclaración judicial llegó tras un requerimiento del juez Guillermo Valés, quien pidió precisiones sobre posibles convenios para reactivar las plantas industriales paralizadas. Según fuentes vinculadas a la sindicatura, la empresa explicó que mantiene negociaciones preliminares y que actualmente realiza una prueba técnica de 30 días, sin compromisos formales, para evaluar si los procesos cumplen con sus estándares de calidad. No hay papeles firmados ni ingresos derivados, y SanCor se comprometió a informar cualquier acuerdo en caso de avanzar. Acreedores en alerta El abogado Aldo Regali, representante de un consorcio de acreedores, cuestionó la falta de transparencia de la conducción cooperativa y denunció que las deudas laborales superan los $170 millones por trabajador en algunos casos. “Son personas mayores, con más de 30 años en la empresa, que hoy están sin obra social ni ingresos”, señaló. Regali advirtió que la propia SanCor reconoció esas deudas, pero sin actualizarlas conforme al convenio firmado, lo que hace que los montos sean incluso mayores. También reveló que hay causas penales por la retención indebida de aportes previsionales y fondos sindicales, y calificó el panorama como “crítico”. “Si SanCor entra en quiebra, ni los trabajadores ni los productores van a cobrar un peso. Solo lo harían el Estado y algunos acreedores privilegiados. El valor real de los activos no alcanza para cubrir el pasivo”, sostuvo. ATILRA exige información El gremio lácteo ATILRA también endureció su postura. Denunció que el 90% de las plantas sigue inactivo, que no se pagan salarios ni antes ni después de la apertura del concurso, y que no hubo comunicación formal sobre propuestas de reactivación. La organización reclamó que se informe a los trabajadores sobre los inversores interesados y propuso que las decisiones sobre su futuro laboral se tomen en asamblea. En ese marco, anunció un plan de lucha nacional y una movilización al juzgado de Rafaela. Un concurso sin avances El expediente que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela ingresó en una etapa clave: terminó la verificación de créditos y se abrió el período de impugnaciones, donde acreedores y la empresa deberán validar o discutir montos y privilegios. Regali explicó que los pasivos podrían superar los u$s400 millones, y que el pasivo real podría crecer aún más con las actualizaciones pendientes. Mientras tanto, la cooperativa no presentó ningún plan de reestructuración ni se sentó a negociar con los actores principales del proceso. “Los directivos de SanCor son prácticamente desconocidos. No hay diálogo, no hay conducción visible. Estamos tratando de evitar otro caso Vicentin, pero del otro lado hay silencio absoluto”, dijo el abogado. Fuente: Ámbito
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