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» LaVozdeMisiones
Fecha: 24/06/2025 23:00
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas se ajustó a los pedidos planteados tanto por la fiscalía como por los querellantes de Arca (ex Afip) y este martes condenó a penas de 8 y 6 años de prisión a los ex gendarmes Marco Antonio Duette (50) y Ricardo Fabián Gómez (53) por integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando de granos, entre otros delitos concursantes. El fallo se emitió este mediodía, una vez culminada la etapa de réplicas y dúplicas entre las partes, ronda que quedó pendiente tras la última audiencia de alegatos desarrollada el pasado 9 de junio. En detalle, Duette, que al momento en que se desbarató la organización se desempañaba como jefe del Escuadrón 9 Oberá de GNA, recibió la mayor pena y una inhabilitación perpetua para ser funcionario público al ser condenado como coautor del delito de asociación ilícita en carácter de miembro; contrabando de importación agravado por la intervención de tres o más personas y la participación de un agente de seguridad en calidad de partícipe necesario; abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en calidad de autor; y cohecho pasivo como autor; todas las figuras en concurso real. Para Gómez, en tanto, que era subalterno de Duette, la pena fue de 6 años de prisión y 12 de inhabilitación por los mismos delitos que su consorte de causa, a excepción del cohecho. El tribunal integrado por los magistrados Manuel Alberto Jesús Moreira, Juan Manuel Iglesias y Víctor Alonso (los dos últimos como subrogantes) dispusieron mantener para ambos condenados el beneficio de la prisión domiciliaria, modalidad a la que accedieron tras permanecer más de dos años detenidos con prisión preventiva durante la instrucción de la causa que estuvo en manos del Juzgado Federal de Oberá, a cargo del juez Alejandro Gallandat Luzuriaga. En el veredicto también se resolvió remitir todas las actuaciones de esta causa a la Fiscalía Federal de Oberá para que investigue la posible participación de otro gendarme en la organización que tenía un total de once imputados, nueve de los cuales, incluido el empresario Santiago Marino, sindicado líder del grupo, evitaron el debate oral al firmar sendos acuerdos de juicio abreviado que serán homologados por el TOF una vez que se comuniquen los fundamentos de la sentencia contra Duette y Gómez el próximo 1° de julio. Culpables En la etapa de alegatos, el primero en exponer fue el fiscal Pablo Di Loreto, que en esa instancia consideró probada la responsabilidad en la causa de ambos uniformados. Para Di Loreto, quedó debidamente acreditado que tanto Duette como Gómez fueron miembros de una asociación ilícita que entre 2020 y 2021 se dedicó al contrabando de granos que venían desde diferentes puntos del país hacia Misiones, para luego ser cruzados ilegalmente a Brasil por puertos clandestinos ubicados a la vera del río Uruguay, a la altura de localidades como Colonia Aurora, Colonia Alicia y El Soberbio. “Duette y Gómez utilizaron su condición de funcionarios para facilitar el transporte de las cargas y/o solucionar las cosas cuando habían problemas”, aseveró Di Loreto al exponer ante las partes. Para sostener su acusación, se apoyó en las múltiples escuchas telefónicas que vincularon a ambos imputados con el empresario Marino, identificado como el responsables de las cargas de soja y el artífice de las Cartas de Porte con que las simulaban la legalidad de la maniobra. Di Loreto repasó que la relación entre Duette y Marino comenzó el 21 de mayo de 2020, cuando intercambiaron los primeros mensajes. De allí en adelante se sucedieron múltiples diálogos que dejaron en evidencia el ardid que llevaban adelante, dejando rastros de las coimas solicitadas, entregadas y prometidas. Entre las pruebas mencionadas, el fiscal resaltó un diálogo donde Marino cuenta había estado realizando “buenos negocios” en la zona de Aurora y Duette celebra la noticia, agregando: “Próximo inversor voy a yo y a fin de año París”. Respecto a Gómez, el fiscal apuntó que “era chofer, guardaespaldas y hombre de confianza” de Marino. También lo ubicó como “puntero” de un camión que transportaba tractores de contrabando y en base al aporte de testigos sostuvo que habría hecho al menos 74 viajes junto al empresario en el lapso de un año. “Vinos, lechones, asados y regalos recibían como dádivas, pero eso son solo nimiedades. También habían cubiertas de por medio, piletas de natación de lona que acá no habían, aires acondicionados y hasta estaba hecha la promesa de una casa junto al río para Duette”, enumeró. El perjuicio económico En esa misma audiencia alegaron las abogadas Rosana Sienra y Yamila Amado, quienes actuaron como querellantes particulares en representación de Arca y se encargaron que poner cifras al perjuicio económico que sufrió el Estado como consecuencia de estas maniobras ilícitas. Las letradas estimaron que la organización alcanzó a exportar 90.000 toneladas de soja sin efectuar tributo alguno, lo que se tradujo en una pérdida aproximada de 36 millones de dólares para las arcas del país. Para llegar a esa estimación se basaron en el análisis de 193 CD de escuchas telefónicas, de donde se desprendió que la tonelada de soja en Brasil valía 400 dólares, lo que significaba una ganancia mucho mayor de lo que se podría obtener en el mercado legal argentino producto de la política cambiaria y las retenciones que imperaban durante 2020 y 2021. El negocio era tal que en una de las escuchas uno de los imputados en la maniobra afirmó que “eso de la soja deja más plata que la falopa”. Las querellantes describieron que al momento de los hechos Misiones tenía una producción anual de diez toneladas de soja y requería otras diez toneladas provenientes de otras provincias para cubrir lo requerido por las dos únicas industrias y los pequeños consumidores que hacían uso este cultivo. Sin embargo, solo entre enero y octubre de 2021 a la tierra colorada ingresaron 100 toneladas de soja, de las cuales 90 fueron a parar a Brasil, sin tributar absolutamente nada. “Si cada tonelada de soja en Brasil se pagaba 400 dólares. Las 90 toneladas perdidas hablan de una operatoria de aproximadamente 36 millones de dólares”, calculó Sienra y acotó: “Acá todos se enriquecieron a partir del Estado nacional”. Tal es así que la letrada describió que con las ganancias obtenidas ilegalmente Marino no solo construyó en San Javier el complejo turístico Palmar del Río, sino que también adquirió otras 103 hectáreas de tierra en la provincia. Por todo lo expuesto, las letradas no solo efectuaron el mismo pedido de prisión planteado por el fiscal Di Loreto, sino que también solicitaron que a la hora de dictar sentencia el tribunal ordene el decomiso de todos los bienes que fueron fruto de estas maniobras: vehículos, propiedades, remanentes de soja, dinero en efectivo ya incautado y hasta el dinero puesto en plazos fijos.
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