25/06/2025 01:09
25/06/2025 01:08
25/06/2025 01:08
25/06/2025 01:07
25/06/2025 01:07
25/06/2025 01:06
25/06/2025 01:06
25/06/2025 01:06
25/06/2025 01:05
25/06/2025 01:05
» Comercio y Justicia
Fecha: 24/06/2025 16:04
Por Carlos R. Nayi. Abogado. En los umbrales de una nueva era institucional, nuestro país enfrenta uno de los desafíos más trascendentes, de cara a un flagelo tan peligroso como contaminante, la corrupción, que por su anclaje estructural, viola sistemáticamente las leyes de una nación, y compromete el futuro de nuestra república. Un enemigo siniestro que muchas veces se lo ha visto nacer y crecer desde el seno mismo del poder, transformando a éste en una herramienta para alcanzar el enriquecimiento personal, garantizar impunidad, deslegitimando peligrosamente a las instituciones y pulverizando la confianza pública, generando un sentimiento de desconcierto y decepción respecto de la forma en que se administra justicia y el modo en que se aplica el derecho en el caso concreto. Es imperioso combatir el diabólico juego de acumulación de poderes como eje central de un enemigo que crece de manera exponencial, y que se ha convertido en un claro atentado contra el orden democrático y constitucional (Art. 36 de la C.N.) Precisamente uno de los puntos más trascendentes de la reforma constitucional de 1994, radica en la incorporación del mencionado artículo, que refuerza el sistema democrático frente a los atentados provenientes de los actos de fuerza y de la comisión de los denominados delitos de corrupción, toda una novedad en el sistema constitucional de nuestro país. El Poder Judicial, en la diaria tarea de construir Justicia, es el último bastión en la constante labor de construir justicia, desde la independencia funcional y de criterio, contando con una legislación dotada de suficiente potencia para enfrentar este cáncer que se encuentra instalado con ramificaciones peligrosas. No hay espacio para conductas diletantes, el sistema judicial argentino debe estar a la altura del momento histórico que le toca enfrentar, cumpliendo con una obligación indelegable, expropiar el conflicto social, resolverlo a través de procesos eficientes, dictando sentencias que contribuyan a garantizar la convivencia social. El reciente pronunciamiento dictado por unanimidad por el máximo tribunal de corte nacional en la llamada causa “Vialidad”, en la que con los votos de los Ministros Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, se rechaza el recurso de queja intentado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, confirmando la condena a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en contra del Estado, con más inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, deja en evidencia cómo se tomó por asalto a las arcas del Estado y traicionó al pueblo que la honró, quedando dibujado un nuevo paradigma en el Poder Judicial, desde que el proceso judicial que involucra a la principal imputada, fue sustanciado mientras ella estaba en pleno ejercicio de sus funciones y en el máximo apogeo de su popularidad. Pretender deslegitimar el fallo, recurriendo a la teoría de la conspiración, es disparatado e insostenible. Se sustanció un proceso judicial con la intervención de diferentes jueces y fiscales, designados en su mayoría durante la gestión del gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, por lo que pensar en una comunión de voluntades dirigida a perjudicarla utilizando el aparato judicial para lograr su proscripción, es tan ilógico como concebir un punto detenido en el cénit. La señal es potente desde la cabeza del máximo Tribunal, y el mensaje se convierte en una sentencia inapelable. La justicia debe sobrevivir a los cambios políticos, conservando su independencia desde el punto de vista funcional y de criterio. El papel del poder judicial es esencial en la constante labor de custodiar el estado de derecho, consolidar la confianza pública en las instituciones, demostrando como ha quedado plasmado en un veredicto de 27 carillas emanado desde la Corte que no es la intuición judicial, ni la gravedad de los hechos, tampoco la injerencia popular, o el clamor de las víctimas lo que decide el resultado de un proceso, sino las pruebas que como aconteció en un proceso que envió a prisión a la ex mandataria. Estamos asistiendo a un momento histórico, que nos alienta a seguir trabajando incansablemente para revertir el desprestigio social en la justicia, que ha demostrado no ser endogámica, evitando que el poder sea utilizado para robar y conservarlo sin mácula, promoviendo desde cada lugar que nos toca ocupar la cultura de la ética, sembrando responsabilidad, desde un esfuerzo coordinado y multisectorial para combatir con éxito a un enemigo que socava el cumplimiento de la ley . Así y sólo así SERA JUSTICIA
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por