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  • Gobierno espera acuerdo con PRO a pesar de tensiones con intendentes bonaerenses y diálogo con gobernadores

    Parana » Informe Digital

    Fecha: 24/06/2025 12:33

    En medio de las divisiones internas del PRO bonaerense respecto a un posible acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA), el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que estas discrepancias son naturales en la etapa de cierre de listas y que, a pesar de las tensiones, el Gobierno espera llegar a un entendimiento con el partido fundado por Mauricio Macri. “Confío en que llegaremos a un consenso”, manifestó. “Ambos partidos han colaborado en el Congreso, ellos respaldaron diversas medidas. Actualmente, estamos intentando trabajar en conjunto para elaborar propuestas electorales”, declaró Francos en una entrevista con Radio Rivadavia. El funcionario añadió: “En esta fase de cierre de listas surgen disputas y diferencias, pero no se relaciona con lo que pensamos. Siempre hemos mantenido una excelente relación. Estoy convencido de que podremos llegar a entendimientos con el PRO”. Las afirmaciones de Francos se dieron a conocer tras una reunión virtual convocada por el presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, en la que un grupo de intendentes manifestó su oposición a ceder lugares en las listas a La Libertad Avanza. En este encuentro, que tuvo como objetivo discutir las condiciones del acuerdo, algunos dirigentes del PRO consideraron la posibilidad de avanzar en un nuevo armado junto al radicalismo y sectores del peronismo no kirchnerista. Estas definiciones surgen en la previa de un nuevo encuentro entre autoridades bonaerenses del PRO y de LLA, que será liderado por Ritondo y Sebastián Pareja, en un contexto marcado por la proximidad del cierre del primer plazo del calendario electoral: las alianzas deben presentarse el 9 de julio, para competir en las elecciones primarias del 7 de septiembre. Francos se refirió a esta situación antes de la primera reunión del Consejo de Mayo, organismo que el Gobierno activó casi un año después de su creación formal. “Iniciamos un proceso que se extenderá hasta fin de año con los integrales, para abordar los temas que acordamos con 18 gobernadores”, declaró el jefe de Gabinete. “En las reuniones con empresarios y sindicatos se menciona la necesidad de implementar reformas estructurales en lo tributario, lo impositivo y laboral, así como discutir la coparticipación y los recortes en los impuestos provinciales”, puntualizó. En este sentido, consideró: “Contamos con una gran cantidad de trabajadores informales. Esta realidad demanda una serie de reformas consensuadas. Este es un momento propicio para avanzar en los sectores que impactan la competitividad de ciertos ámbitos”. Asimismo, resaltó la necesidad de un “compromiso por parte de las provincias para explotar los recursos naturales”, indicando que “hay grandes proyectos de inversión en minería que dependen de decisiones que deben tomar las provincias”. Francos también habló sobre los plazos políticos y el alcance del proyecto promovido por el Gobierno: “Estamos en condiciones de realizar todas las reformas, pero necesitaremos dos períodos de gobierno. La decisión corresponde al pueblo para que ejerza su derecho a un segundo mandato. Mientras estemos al mando, actuaremos”. La Casa Rosada contará con dos representantes: el jefe de Gabinete, quien también presidirá el Consejo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En pocas semanas, Sturzenegger perderá las facultades delegadas que adquirió a través de la Ley de Bases, lo que le impedirá tomar decisiones unilaterales y obligará a que varias de sus medidas sean debatidas en el ámbito parlamentario. El representante de las provincias firmantes -excepto Buenos Aires, Formosa, La Rioja, La Pampa y Tierra del Fuego que no adhirieron- será el mendocino Alfredo Cornejo, con vínculos radicales y cercano al oficialismo. La relación entre la Nación y los gobernadores atraviesa un período de cierta tensión, motivada por las demandas de estos últimos de mayores recursos ante la caída de la recaudación y la paralización de la obra pública. Además, los mandatarios de las 24 jurisdicciones del país han consensuado un proyecto de ley que busca modificar el reparto de los ATN y los ingresos generados por el impuesto a los combustibles.

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