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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 24/06/2025 06:51
La Policía Federal Argentina (PFA) tiene sus orígenes en el siglo XIX, pero tomó forma moderna a mediados del siglo XX La Policía Federal Argentina (PFA) tiene sus orígenes en el siglo XIX, pero tomó forma moderna a mediados del siglo XX. Fue en 1943 cuando se creó formalmente la PFA como fuerza policial nacional, asumiendo las funciones de la antigua Policía de la Capital. Posteriormente, en 1958, durante un gobierno de facto, se estableció el estatuto orgánico que ha regido a la institución por más de seis décadas. Este marco normativo de 1958 definió la estructura, misión y facultades de la PFA en un contexto histórico muy diferente al actual: una Argentina pre-globalización, con amenazas principalmente locales y un modelo centralizado de seguridad. Aquel estatuto de 1958, vigente prácticamente sin cambios de fondo hasta hoy, asignó a la PFA un doble rol: por un lado, como policía de seguridad en la Capital Federal (encargada del orden público y la prevención del delito común en Buenos Aires); y por otro lado, como policía judicial federal en todo el país (investigando delitos federales bajo dirección de la Justicia). Este modelo mixto funcionó en su época, pero con los años evidenció serias limitaciones. La formación de sus cuadros se orientó durante décadas a la seguridad preventiva tradicional, con una estructura fuertemente jerarquizada y procedimientos pensados para delitos convencionales. Las normas vigentes no contemplaban fenómenos emergentes como el cibercrimen, el narcotráfico transnacional o el terrorismo global, simplemente porque esos desafíos no existían en 1958. Las restricciones del viejo estatuto impactaban directamente en la capacidad operativa de la PFA frente a las amenazas del siglo XXI. Por ejemplo, la institución carecía de un mandato claro para realizar inteligencia criminal estratégica (más allá de la limitada función de su antiguo “Cuerpo de Informaciones”), y debía moverse en un corsé legal que no facilitaba la incorporación de tecnología de punta ni de personal altamente especializado. Además, hasta fines de los años 90 la PFA estuvo absorbida por tareas de patrullaje urbano en Buenos Aires –función que recién transfirió totalmente a una policía local en 2016– lo que dispersaba sus recursos e impedía enfocarse plenamente en delitos complejos. En resumen, la herencia normativa de 1958 ató a la PFA a un esquema tradicional que, con el paso del tiempo, se volvió obsoleto ante la sofisticación y escala de las nuevas amenazas. Amenazas actuales que urgían una reforma profunda En las últimas décadas, Argentina ha dejado de ser un país aislado de los grandes circuitos criminales internacionales. Diversos casos concretos demuestran la necesidad urgente de reformar nuestra principal fuerza federal de seguridad para adaptarla a los tiempos que corren: • Narcotráfico en provincias fronterizas: Las regiones limítrofes se han convertido en puertas de entrada y salida de drogas a gran escala. Por ejemplo, la frontera norte –especialmente en provincias como Salta, Jujuy y Formosa– ha visto un incremento en el tráfico de cocaína proveniente de Bolivia, mientras que por Misiones y Corrientes fluye marihuana y otras sustancias desde Paraguay. Estas provincias han sufrido la infiltración de redes narco que superan la capacidad de las policías locales. Sin una PFA fortalecida y especializada, el control del narcotráfico en estas zonas críticas resulta prácticamente imposible. El impacto de estas redes no se limita a las fronteras: se refleja en ciudades del interior como Rosario, donde la violencia ligada al narcomenudeo ha alcanzado niveles inéditos, alimentada por drogas que ingresan por rutas federales. Este fenómeno evidencia que el narcotráfico actúa como un sistema transnacional, contra el cual solo una fuerza federal modernizada y con presencia territorial puede luchar eficazmente. • Expansión del crimen organizado transnacional: Argentina ya no es ajena a las mafias y pandillas globales. En años recientes se detectó la presencia de organizaciones criminales extranjeras operando en nuestro territorio o interactuando con delincuentes locales. Grupos como el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil han extendido sus tentáculos hacia países vecinos, incluyendo vínculos con células en el norte argentino. Bandas violentas como el Tren de Aragua (originaria de Venezuela) han intentado asentarse en la región, exportando modalidades de secuestro, extorsión y sicariato inéditas para nuestras fuerzas de seguridad. Asimismo, organizaciones europeas como la mafia italiana –especialmente la ’Ndrangheta calabresa– han utilizado a Sudamérica como plataforma para el tráfico de cocaína hacia Europa, involucrando a ciudadanos y recursos en Argentina. Estos ejemplos evidencian una criminalidad sin fronteras, con flujos de armas, dinero y personas que rebasan la jurisdicción de cualquier provincia. Frente a este mapa del delito globalizado, resultaba insostenible que la PFA continuara atrapada en un antiguo esquema burocrático; se requería transformarla en una agencia flexible y coordinada internacionalmente para enfrentar a redes que operan de Buenos Aires a Bogotá o de Misiones a Madrid. • Uso creciente de tecnologías por parte de las bandas criminales: Las organizaciones delictivas han adoptado rápidamente las nuevas tecnologías para potenciar sus actividades ilícitas. Hoy los delincuentes emplean comunicaciones encriptadas vía aplicaciones móviles, dark web para comercio clandestino, criptomonedas para lavar dinero, y hasta drones para vigilancia o transporte de mercancías ilegales. Hemos visto casos de ciberdelitos financieros operados desde otros continentes que estafan a ciudadanos argentinos, o redes locales de trata de personas coordinándose por redes sociales cerradas. Mientras tanto, la antigua PFA disponía de recursos técnicos limitados y un marco legal difuso para actuar en el ciberespacio. La falta de una estrategia clara de ciberseguridad e investigación tecnológica dejaba una brecha que los criminales supieron explotar. Un ejemplo emblemático fue la dificultad para desbaratar esquemas de fraude digital y ataques informáticos a infraestructuras críticas, donde se requería colaboración entre unidades tecnológicas de distintas agencias y jurisdicciones. Estas amenazas modernas subrayan la urgencia de dotar a la fuerza federal de herramientas de última generación: laboratorios forenses informáticos, analistas de datos, unidades de inteligencia artificial aplicada al crimen, etc. Sin esas capacidades, la lucha es profundamente asimétrica –con delincuentes utilizando el siglo XXI, y la policía atada al siglo XX–. • Amenazas de terrorismo internacional: Argentina tiene un triste recuerdo de lo que significa el terrorismo global, tras haber sufrido dos atentados devastadores en la década de 1990 (la embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994). Esos hechos demostraron que el país puede ser objetivo –directo o indirecto– de grupos extremistas con alcance transnacional. En la actualidad, si bien no ha habido ataques recientes, la amenaza sigue latente. La región de la Triple Frontera (entre Argentina, Paraguay y Brasil) ha sido señalada reiteradamente como posible foco de financiamiento de grupos terroristas internacionales, dada la actividad económica informal y la presencia de comunidades vinculadas a Oriente Medio. Asimismo, el auge de la radicalización en línea significa que individuos aislados en cualquier punto del país podrían adherir a ideologías terroristas extranjeras. Sin una reestructuración adecuada, la PFA –que por mandato debe prevenir e investigar delitos federales como el terrorismo– difícilmente podría detectar a tiempo estas situaciones. Resultaba perentorio actualizar su capacitación en inteligencia antiterrorista, su coordinación con agencias aliadas y sus protocolos de respuesta rápida ante eventuales incidentes de gran magnitud. La seguridad del Estado en un mundo de amenazas difusas exigía una PFA focalizada en anticipar y neutralizar riesgos terroristas, algo que con el viejo paradigma policial era difícil de lograr. Estos y otros ejemplos concretos componen un diagnóstico claro: el modelo policial instaurado en 1958 había quedado completamente desfasado frente a la realidad. La reforma no admitía más demoras. La PFA precisaba transformarse en una institución moderna, especializada y proactiva, o corría el riesgo de volverse irrelevante y dejar a la Argentina indefensa ante el crimen organizado contemporáneo. Una nueva PFA orientada a la investigación: el nacimiento del DIF Ante este panorama, el Poder Ejecutivo Nacional anunció recientemente una reforma integral de la PFA, plasmada en el decreto publicado en el Boletín Oficial y presentada públicamente por el Presidente de la Nación y la Ministra de Seguridad. El eje central de esta reforma es la creación del Departamento de Investigaciones Federales (DIF), concebido como el corazón de la “nueva PFA”. En esencia, la Policía Federal Argentina deja atrás la función tradicional de patrullaje callejero (tarea hoy a cargo de fuerzas policiales provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires) para reperfilarse como una agencia federal de investigaciones enfocada en delitos complejos. El DIF concentrará todos los recursos y esfuerzos investigativos de la fuerza. Esto implica un cambio de misión y estructura sin precedentes: la PFA pasa de ser una policía uniformada de prevención y respuesta inmediata, a convertirse gradualmente en una fuerza de detectives e investigadores especializados al servicio de la justicia federal en todo el país. Se trata, ni más ni menos, de evolucionar hacia un modelo estilo FBI, salvando las distancias, adaptado a nuestra realidad nacional. No es casual que las autoridades hablen de “dejar de ser policías para convertirse en detectives”: el objetivo declarado es que la PFA se dedique a ir “al hueso” de las organizaciones criminales, atacando sus estructuras y liderazgos, en lugar de concentrarse en la pequeña delincuencia superficial. La nueva estructura prevé que el Departamento de Investigaciones Federales articule varias Superintendencias especializadas, entre ellas Investigaciones contra el Narcotráfico, Investigaciones de Delitos Federales, Agencias Regionales Federales (para presencia en el territorio), Inteligencia Criminal, y otras unidades tácticas de apoyo como Bomberos (orientados ahora también a tareas periciales) y Operaciones Especiales. Este organigrama apunta a descentralizar la investigación: habrá agencias regionales en distintas zonas del país, asegurando capacidad de respuesta rápida y trabajo de campo cercano a los focos delictivos, bajo una conducción estratégica unificada desde el DIF en la Ciudad de Buenos Aires. De este modo, la PFA reformada podrá intervenir de forma ágil y homogénea ante un caso de tráfico de armas en la Patagonia, un lavado de dinero en la Capital o una célula narco en el Litoral, sin los compartimentos estancos y dilaciones burocráticas que antes entorpecían las investigaciones de alcance federal. Un componente fundamental de la transformación es la profesionalización y modernización tecnológica. El nuevo Departamento de Investigaciones Federales no solo trae un cambio de nombre, sino que conlleva una revisión profunda de cómo se forma y equipa al personal. Se incentivará el ingreso de universitarios y expertos técnicos al escalafón de investigaciones –por ejemplo, incorporar ingenieros informáticos, analistas financieros, criminólogos, etc., algo poco frecuente en el antiguo esquema–. A su vez, se establecerán programas de capacitación continua para los agentes en servicio, con especialización en técnicas investigativas, análisis de inteligencia y uso de herramientas digitales. En cuanto a equipamiento, la PFA apunta a dotarse de tecnología de punta comparable a la de las mejores agencias del mundo: laboratorios forenses con capacidades de ADN y química moderna, sistemas de big data y analítica criminal para cruzar información masiva, software de inteligencia artificial para detectar patrones delictivos, bases de datos integradas a nivel nacional e internacional, entre otras. Esta inversión tecnológica es ineludible para cumplir la premisa expresada en el lanzamiento de la reforma: “el Estado no puede tener menos capacidad técnica que los narcos y terroristas”. Cabe destacar que, dentro del nuevo estatuto, se ha contemplado por primera vez un marco legal expreso para el ciberpatrullaje y la investigación en redes abiertas de Internet. Esto era un vacío en la normativa anterior: la PFA de 1958 obviamente no preveía la existencia de redes sociales ni el ciberespacio, lo que generaba incertidumbre jurídica sobre hasta dónde podía la policía recabar información pública en línea. Ahora, la normativa aclaratoria establece que dichas tareas deberán realizarse bajo estrictos límites legales y control judicial, en armonía con la Ley de Inteligencia Nacional vigente, para evitar cualquier exceso o intromisión en la privacidad de ciudadanos inocentes. Este punto es un ejemplo del equilibrio delicado que la reforma debe lograr: dotar a la nueva PFA de herramientas más poderosas para investigar delitos complejos (incluyendo la vigilancia tecnológica), pero a la vez garantizar el respeto a las libertades civiles y evitar abusos. Las primeras reacciones de algunos sectores de la sociedad civil y del ámbito jurídico advirtieron sobre el riesgo de “perseguir opiniones” bajo la excusa de ciberpatrullaje. Por ello, resulta vital que el despliegue de estas facultades investigativas venga acompañado de transparencia y supervisión. Volveremos sobre este punto al hablar de las propuestas de control institucional. En síntesis, con el nacimiento del Departamento de Investigaciones Federales estamos ante un cambio histórico: la PFA inicia su tránsito de una fuerza policial tradicional, concebida a mediados del siglo XX, hacia una agencia federal de investigación acorde al siglo XXI. Esta transformación no será instantánea –tomará tiempo recalibrar una institución de más de 30.000 miembros–, pero el rumbo estratégico ya está marcado. De la efectividad con que se implemente dependerá que la Argentina cuente, al fin, con una herramienta policial a la altura de las nuevas amenazas que nos toca enfrentar. Cooperación internacional: la clave para enfrentar al crimen global Ninguna reforma de la seguridad será completa si se limita a las fronteras de nuestro país. En un mundo donde el delito se globalizó, la respuesta estatal debe ser también global. Por ello, un componente esencial (y a veces subestimado) de la transformación de la PFA en Departamento de Investigaciones Federales es la articulación internacional que debe acompañarla. El nuevo modelo concibe a la PFA reformada trabajando codo a codo con las principales agencias de investigación criminal del mundo. Ya no es viable pensar cada país actuando en soledad: los estándares comunes y la cooperación son la única vía para combatir eficazmente redes que operan simultáneamente en varios continentes. En este sentido, resulta alentador que se haya explicitado la intención de alinear a la PFA con estándares del FBI estadounidense y de otras fuerzas líderes. Más allá de cualquier diferencia de escala o contexto, adoptar las mejores prácticas internacionales es imprescindible. Por ejemplo, el FBI lleva décadas perfeccionando metodologías contra el crimen organizado, el terrorismo y los delitos financieros; su know-how técnico y formativo puede ser de enorme valor para acelerar la modernización de nuestra fuerza federal. De igual manera, la experiencia de cuerpos como los Carabineros de Italia –pioneros en la lucha contra las mafias desde hace más de un siglo– ofrece lecciones sobre cómo desarticular estructuras mafiosas complejas mediante unidades especializadas y herramientas legales innovadoras (Italia fue precursora en leyes antimafia que Argentina podría tomar como modelo adaptado). La Policía Nacional de España es otro referente con el cual profundizar lazos: ha logrado éxitos contundentes contra el narcotráfico (operaciones transatlánticas en conjunto con fuerzas latinoamericanas) y contra el terrorismo yihadista en Europa, combinando inteligencia policial y judicial. España y Argentina comparten además idioma y fuertes vínculos, lo que facilita intercambios de capacitación e información. A nivel de coordinación multilateral, Europol representa el paradigma de cómo integrar esfuerzos policiales de distintas naciones bajo un mismo techo de inteligencia; si bien Argentina no es miembro de la Unión Europea, la nueva PFA debería buscar mecanismos de enlace con Europol y redes similares para no quedar aislada de las alertas y análisis que allí circulan. También es crítico estrechar la relación con agencias de Estados Unidos como el Departamento de Homeland Security (Seguridad Interior), que a través de sus ramas investigativas –por ejemplo, HSI (Homeland Security Investigations) o la DEA en materia de narcóticos– puede proveer apoyo en entrenamiento e información sobre amenazas transnacionales que involucren a nuestro país. De hecho, ya existen antecedentes de cooperación fructífera: la PFA ha trabajado junto a Homeland Security para rastrear tráfico de personas y contrabando tecnológico, aunque de manera puntual. La reforma abre la puerta a institucionalizar y ampliar estas alianzas, de modo sistemático. La articulación internacional no se trata solo de recibir ayuda, sino de trabajar como socios en pie de igualdad. Argentina tiene también expertise valioso que aportar. Nuestra Policía Federal, aún con recursos limitados, ha dado golpes importantes a redes de trata de personas y lavado de dinero en coordinación con Interpol y fuerzas de países vecinos. El haber creado en 2021 una Unidad Antimafia siguiendo el modelo italiano (primera de su tipo fuera de Roma) nos puso en el radar de la comunidad internacional como un país comprometido en la lucha contra las mafias globales. Este tipo de iniciativas permiten que hoy la nueva PFA reformada pueda insertarse en operativos conjuntos: pensar en equipos de investigación conformados por agentes argentinos, italianos, españoles, norteamericanos, etc., todos persiguiendo a las mismas organizaciones criminales en sus distintos refugios. La reciente operación mundial contra la ’Ndrangheta (que llevó a decenas de arrestos coordinados en Europa y América) es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando hay intercambio fluido de información y confianza entre agencias. No obstante, para que esta cooperación rinda frutos, debemos asumir ciertos estándares comunes. Significa profesionalizar el manejo de inteligencia, proteger la confidencialidad de los datos compartidos, y adecuar nuestros procesos a protocolos internacionales. La nueva PFA debe estar dispuesta a aprender y también a enseñar: aprender técnicas avanzadas de análisis de la escena del crimen, negociación en incidentes críticos, o seguimiento financiero, y a su vez compartir nuestra experiencia en enfrentar delitos emergentes en Sudamérica. En un mundo hiperconectado, el aislamiento es sinónimo de vulnerabilidad. Por eso, es muy positivo que la reforma enfatice la apertura hacia el exterior. La seguridad nacional ya no se resguarda solo puertas adentro; se construye en conjunto con aliados, forjando una red global de protección frente a una red global del delito. En conclusión de este punto, es preciso resaltar que esta transformación de la PFA en el nuevo Departamento de Investigaciones Federales tiene que ir acompañada de una diplomacia policial activa. La fuerza debe nutrirse de convenios con el FBI, Carabineros, Europol, Homeland Security y cuantos organismos estén dispuestos a cooperar. No se trata de compararnos exhaustivamente ni de perder soberanía, sino de potenciar nuestra capacidad operativa adoptando las mejores prácticas y sincronizando esfuerzos. El delito organizado es un enemigo común de las sociedades libres, y solo aunando recursos en el ámbito internacional podremos enfrentarlo con ventaja. Reflexiones personales desde la experiencia en la PFA Como ex Superintendente de Investigaciones Federales de la PFA hasta el año 2023, vivo esta reforma histórica con una mezcla de orgullo, esperanza y sana crítica. Tuve el honor de liderar, en el año 2021, el equipo que dio los primeros pasos hacia esta transformación que hoy se consolida. Recuerdo que desde la Superintendencia a mi cargo impulsamos cambios internos para orientar la fuerza hacia la investigación compleja, convencidos de que el modelo vigente ya no alcanzaba. Fue en ese contexto que logramos la creación de la primera Unidad Antimafia de la Policía Federal Argentina –un hito logrado en diciembre de 2021–, nacida de la cooperación con nuestros pares italianos. Ver flamear la bandera argentina junto a la italiana en Roma, cuando nuestros oficiales se capacitaron en la Dirección Investigativa Antimafia (DIA) para comprender de primera mano el fenómeno mafioso, fue un momento que simbolizó la apertura de la PFA a una nueva era. Nunca antes una fuerza fuera de Italia había incorporado el modelo antimafia de manera oficial, y Argentina lo hizo posible gracias al empuje y visión de un puñado de profesionales comprometidos. Desde esa pequeña gran conquista, supimos que ese era el camino: innovar, aprender de otros, y preparar a nuestra institución para retos mayores. También desde 2021 intensificamos la articulación con agencias internacionales en diversos frentes: estrechamos lazos con el FBI a través de intercambios en la Academia Nacional del FBI en Quantico; trabajamos con la Policía Nacional de España en operaciones contra la trata de personas que involucraban a ambos países; sumamos a la DEA y a Europol en proyectos de inteligencia sobre rutas del narcotráfico transatlánticas; e invitamos a expertos de Homeland Security a capacitaciones conjuntas en ciberseguridad. Esas experiencias me demostraron que la PFA tenía –y tiene– profesionales de primer nivel, capaces de pararse de igual a igual con sus colegas del mundo cuando se les brindan las herramientas y el respaldo adecuados. Muchas de estas iniciativas fueron semillas plantadas durante mi gestión y la de colegas visionarios dentro de la fuerza. Hoy, al ver que la PFA se transforma oficialmente en un Departamento de Investigaciones Federales, siento que aquellas semillas empiezan a florecer. No obstante, sería ingenuo pensar que con firmar un decreto o cambiar la estructura orgánica ya está todo hecho. Aquí es donde adopto una postura crítica pero constructiva: la reforma debe llenarse de contenido real, o corremos el riesgo de quedarnos en meros cambios cosméticos. Aún persisten en la cultura policial prácticas y vicios de décadas que no desaparecen de la noche a la mañana. Por ejemplo, la controvertida figura de la “detención por averiguación de antecedentes” (una potestad legal remanente del viejo estatuto de 1958) ha sido criticada por organismos de derechos humanos y expertos, debido a abusos en el pasado. La nueva PFA, dedicada a investigaciones, debe comprometerse a superar esas prácticas del pasado, enfocándose en técnicas de inteligencia y evidencia científica, no en redadas masivas ni detenciones arbitrarias. Del mismo modo, la transparencia y el control interno tienen que fortalecerse para evitar que la ampliación de facultades derivada de la reforma se traduzca en discrecionalidad sin supervisión. Hablo desde el conocimiento íntimo de la institución: los hombres y mujeres que integran la Policía Federal están dispuestos a este cambio de paradigma, pero necesitarán liderazgo, capacitación y orientación ética constante. Me consta que hay una nueva generación de oficiales jóvenes, instruidos y con mentalidad democrática que ansía asumir el desafío de reconvertir la fuerza. Son ellos quienes deberán tomar la posta y llevar adelante esta misión inacabada. A esa nueva generación de investigadores federales les digo: aprovechen esta oportunidad histórica para hacer las cosas bien, para prestigiar a la institución poniéndola al servicio de la sociedad de manera eficiente y respetuosa de la ley. Continúen lo que iniciamos, corrigiendo errores en el camino pero sin claudicar en la meta de tener una Argentina más segura y justa. En lo personal, tras más de tres décadas de servicio en la PFA y ahora desde el ámbito privado, mantengo intacto mi compromiso con la seguridad pública. Es por eso que desde mi rol actual sigo aportando ideas y apoyo a esta causa común. Como consultor en seguridad y fundador de Fidelem Security Advisors, quisiera proponer algunas líneas de acción concretas para consolidar esta transformación de la Policía Federal en el nuevo Departamento de Investigaciones Federales. Estas recomendaciones surgen de la experiencia práctica y el análisis comparado con estándares internacionales, buscando que la reforma no se estanque en el papel sino que se traduzca en mejoras palpables y sostenibles: • Formación y capacitación permanente: Instituir un programa continuo de entrenamiento para todo el personal del DIF, con actualizaciones periódicas en técnicas investigativas, manejo de tecnología, idiomas y conocimientos legales. Esto incluye pasantías y cursos en el exterior con agencias aliadas, así como la creación de un Instituto Superior de Investigaciones dentro de la PFA que forme especialistas en criminalística, ciberdelito, inteligencia financiera, etc. La profesionalización no es un evento único sino un proceso permanente; solo manteniéndose al día puede la fuerza estar un paso adelante de la criminalidad. • Auditorías externas e internas rigurosas: Fortalecer los mecanismos de control tanto dentro de la institución como desde fuera de ella. Propongo crear una unidad de auditoría interna independiente, que responda directamente a la Jefatura del DIF, encargada de monitorear el cumplimiento de protocolos, la correcta utilización de recursos y el respeto a los derechos humanos en las operaciones. Paralelamente, establecer un Consejo Asesor Externo o algún órgano de seguimiento parlamentario que evalúe periódicamente la implementación de la reforma. La confianza pública en la nueva PFA dependerá de que se muestren resultados, pero también de que exista accountability (rendición de cuentas) y corrección de desvíos a tiempo. Un mecanismo transparente de quejas y supervisión ciudadana también sería deseable para detectar y corregir abusos o ineficiencias. • Dotación tecnológica avanzada: Garantizar la inversión sostenida en equipamiento e infraestructura tecnológica de primer nivel. Esto significa presupuestar, aún en épocas de austeridad, partidas específicas para la modernización de laboratorios forenses (ADN, balística, análisis digital), la adquisición de software y hardware de inteligencia (sistemas de análisis de big data, herramientas de interceptación legal de comunicaciones cifradas, monitoreo de la web profunda, etc.), y la protección cibernética de las propias redes policiales. Además, es vital construir o reforzar un centro de datos criminal federal que unifique bases de datos de personas buscadas, antecedentes, evidencia balística, huellas dactilares, información financiera sospechosa, entre otras, accesible en tiempo real para los investigadores autorizados en cualquier punto del país. La brecha tecnológica entre el delito y la ley debe cerrarse a favor de la ley: ningún esfuerzo humano rendirá frutos si no está respaldado por herramientas adecuadas en el terreno y el ciberespacio. • Unidades de élite técnico-científicas: En línea con la especialización, se sugiere conformar equipos de élite interdisciplinarios dentro del DIF para áreas clave. Por ejemplo, una Unidad de Investigación Cibernética con ingenieros en sistemas y analistas de inteligencia dedicados exclusivamente a ciberdelitos y recopilación de evidencia digital; un Grupo Antimafia y Contra el Crimen Organizado Transnacional, que reúna a expertos en inteligencia, finanzas y derecho internacional para enfocarse en desarticular carteles, mafias y redes complejas (dando continuidad y expansión al trabajo iniciado con la Unidad Antimafia creada en 2021); un Equipo de Respuesta Antiterrorista con personal altamente entrenado en contraterrorismo e inteligencia de campo, listo para actuar preventivamente ante posibles amenazas extremistas; y así también unidades de élite en delitos ambientales, corrupción pública, tráfico de arte y patrimonio, entre otros rubros especializados que requieren conocimiento profundo. Estas unidades de élite funcionarían como núcleos de excelencia, irradiando buenas prácticas al resto de la fuerza y abordando los casos más difíciles con un enfoque científico y multidisciplinario. • Consolidación legal y consensos políticos amplios: Finalmente, nada de lo anterior perdurará si no se consolida mediante un marco legal robusto y estable en el tiempo. Es crucial que esta reforma –iniciada por decreto– sea respaldada y perfeccionada a través de leyes debatidas y aprobadas por consenso en el Congreso Nacional. Desde el Congreso debe validarse claramente esta nueva estructura, estableciendo una articulación precisa con el Poder Judicial para que la investigación de delitos federales recaiga específicamente sobre el Departamento de Investigaciones Federales. De esta forma, se evitarán superposiciones y conflictos con otras fuerzas federales, permitiendo que cada institución cumpla con su misión claramente definida: la Gendarmería controlando fronteras, la Prefectura Naval protegiendo ríos y mares, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria haciéndose cargo de la seguridad del transporte. Lograr acuerdos amplios entre oficialismo y oposición en materia de seguridad brindará continuidad: los cambios no se revertirán con cada alternancia en el poder, y se transmitirá a la sociedad un mensaje de unidad frente al delito. Consolidar legalmente la reforma implica institucionalizarla, garantizando que la nueva estructura investigativa perdure y evolucione, más allá de los nombres y los mandatos de turno. En conclusión, la transformación de la Policía Federal Argentina en el Departamento de Investigaciones Federales es un paso valiente y necesario, alineado con una visión moderna de la seguridad pública. Representa el cierre de un ciclo histórico (el de la PFA modelo 1958) y la apertura de otro orientado al siglo XXI. Pero una transformación de esta magnitud solo se consumará plenamente si es sostenida en el tiempo por el esfuerzo conjunto de la institución, el apoyo político transversal y la confianza de la ciudadanía. Como actor y testigo de esta evolución, confío en que se transita en la dirección correcta. Quedan desafíos enormes por delante: habrá que vencer resistencias internas al cambio, dotar de recursos suficientes a la reforma y demostrar con resultados concretos que una fuerza federal investigativa puede reducir el impacto del narcotráfico, del crimen organizado y de la corrupción en Argentina. Sin embargo, tengo la convicción de que con profesionales dedicados, cooperación internacional y un firme respaldo legal e institucional, el nuevo DIF será capaz de estar a la altura de su promesa fundacional. El país demanda y merece una Policía Federal renovada, que sea guardián eficaz frente a las amenazas actuales sin dejar de actuar con respeto a la Constitución y los derechos ciudadanos. Depende de todos –policías, autoridades, expertos y sociedad civil– que esta oportunidad histórica no se desperdicie. Los cimientos están echados; ahora construyamos sobre ellos una Argentina más segura, justa y en paz, donde la ley prevalezca sobre el delito, y donde la seguridad deje de ser un lujo para convertirse en una realidad palpable en cada rincón de la República. Finalmente, considero fundamental señalar que para que este cambio cultural se produzca plenamente, necesitamos un ámbito laboral propicio. Un entorno laboral digno y motivador está estrechamente vinculado al desarrollo profesional y personal, y en consecuencia, al fortalecimiento institucional. Por eso celebro especialmente que el puntapié inicial de esta transformación haya tenido lugar en el polo de seguridad de Cavia y Figueroa Alcorta, sede que acogió durante mi gestión a la Superintendencia de Investigaciones Federales. Este simbolismo subraya el compromiso institucional con condiciones laborales adecuadas y estimulantes para quienes tienen la crucial misión de garantizar nuestra seguridad.
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