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Concordia » Cadena Entrerriana
Fecha: 24/06/2025 05:21
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, enfrenta una denuncia penal presentada este lunes por los diputados nacionales Blanca Osuna y Leopoldo Moreau. La acusación, radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8 a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, también alcanza a los jefes de Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal, así como a todos los responsables en la cadena de mandos que participaron en los operativos del pasado 18 de junio. Los legisladores imputan a los denunciados los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, agravados por los artículos 248 y 249 del Código Penal Nacional, y por los artículos 1 y 2 de la Ley N° 23.592 contra Actos Discriminatorios. Hostigamiento y Persecución Política: Las acusaciones centrales La denuncia detalla que personas que se dirigían a participar de la movilización en Plaza de Mayo, en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, fueron «amedrentadas y hostigadas» mediante la detención de los vehículos en rutas nacionales. Según el escrito, se les obligó a descender de los micros, se realizaron requisas sin orden judicial, se exigió documentación, se tomaron fotos de listas de pasajeros y se solicitaron datos personales, todo sin notificar las razones de la demora ni entregar acta o fundamento legal alguno. «Hecho gravísimo. Habilitaron requisas de mochilas o carteras sin orden judicial en camino a una movilización, lo que configura abuso de poder. Ese es un esquema organizado de persecución política y vigilancia estatal sobre ciudadanos en razón de su pertenencia o simpatía política no puede naturalizarse. No aceptamos que reinstalen métodos que en Argentina se conocieron en dictaduras”, advirtió la diputada entrerriana Blanca Osuna. La denuncia enfatiza que estos operativos violaron la Constitución Nacional, la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley de Inteligencia Nacional y tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los legisladores sostienen que las fuerzas de seguridad actuaron sin presunción de delito ni motivo razonable, criminalizando la protesta y la actividad política de ciudadanos, algo expresamente prohibido por la normativa vigente. Cuestionamientos al Decreto 383/2025 y pedido de intervención judicial La denuncia también pone en tela de juicio la legalidad del Decreto 383/2025, que faculta a las fuerzas de seguridad a realizar tareas de «prevención» sin control judicial, incluyendo el ciberpatrullaje en redes sociales y sitios digitales. “Lo estamos viendo: persecución, detenciones, vigilancia, espionaje digital. No es prevención, es represión selectiva. Este decreto ilegal debe ser anulado inmediatamente. La gravedad institucional revela un patrón sistemático de persecución por parte del Gobierno Nacional”, sostuvo Osuna. En el escrito presentado al juez Martínez de Giorgi, se solicitó a la Justicia que ordene la inmediata custodia judicial de toda la base de datos, planillas, archivos digitales y dispositivos utilizados para almacenar la información recolectada. Asimismo, se requirió que se informe si los datos relevados han recibido algún tratamiento o derivación por parte de los organismos intervinientes. «Esperamos que la Justicia actúe ante ese atropello a la Democracia, proteja los derechos y ponga fin a este uso ilegal del Estado que debe proteger y no perseguir, amedrentar y violentar”, concluyó la diputada Osuna, dejando en manos de la justicia la resolución de este grave planteo sobre el accionar de las fuerzas federales, concluye el comunicadoo enviado a Cadena Entrerriana. compartir
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