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Concordia » Cadena Entrerriana
Fecha: 23/06/2025 14:19
El exministro de Trabajo de Entre Ríos, Guillermo Smaldone, elevó una queja ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná buscando revertir la decisión del juez de Garantías Julián Vergara, quien le denegó la apelación para su sobreseimiento en la megacausa por supuestas coimas. La investigación, que ya fue elevada a juicio, también tiene como imputados al exgobernador Sergio Urribarri y al empresario Diego Armando Cardona Herreros, entre otros exfuncionarios. Smaldone, quien ejerce su propia defensa, argumenta que la negativa a su apelación y la admisión de pruebas, que considera obtenidas de forma irregular, le causan un «gravamen irreparable» y violan su derecho al debido proceso. El exministro sostiene que la interpretación restrictiva de «gravamen irreparable» por parte del juez Vergara «desnaturaliza la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio», citando incluso doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fallo del Juez Vergara y la investigación de las «Coimas» El juez Julián Vergara había rechazado el pedido de sobreseimiento de Smaldone, Urribarri y Cardona Herreros, entre otros imputados, argumentando que la denegatoria de sobreseimiento no es apelable según la ley procesal vigente y que no constituye un gravamen irreparable. El magistrado destacó que la normativa solo habilita la apelación cuando el sobreseimiento es «concedido», no cuando es «denegado». La causa investiga una compleja trama de supuestas coimas pagadas por el empresario Diego Armando Cardona Herreros, dueño de Relevamientos Catastrales S.A., a funcionarios del gobierno de Sergio Urribarri. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano han presentado una exhaustiva investigación que detalla cómo se habrían distribuido millonarias sumas en «PLM» (pagos ilegales de marketing), una sigla que, según la evidencia, se utilizaba para registrar los sobornos. La mecánica de la corrupción, según la fiscalía, era sistemática: cada vez que la provincia efectuaba un pago por una contratación a las empresas de Cardona Herreros, se activaba un sistema de distribución de dinero para funcionarios y empresarios. La investigación revela la ruta, montos y beneficiarios de estos pagos, incluyendo transferencias bancarias, efectivo, y la adquisición de bienes y servicios para funcionarios y sus familias, como pasajes aéreos y objetos costosos (alfombras, heladera, cinta de correr) entregados en domicilios vinculados a Urribarri y Smaldone. Los fiscales han enfatizado el «estrechísimo vínculo amistoso» entre Urribarri y Cardona Herreros, evidenciado por cientos de mensajes telefónicos entre ambos. Incluso, señalaron que el exgobernador habría utilizado líneas telefónicas a nombre de terceros para sus comunicaciones. Pedidas de penas en la Causa Tras elevar la causa a juicio, el Ministerio Público Fiscal ha anticipado las penas que solicitará para los imputados: Sergio Daniel Urribarri: 10 años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $540.000. 10 años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $540.000. Diego Armando Cardona Herreros: 9 años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $540.000. 9 años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $540.000. Guillermo Smaldone: 5 años de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua y multa de $90.000. 5 años de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua y multa de $90.000. Carlos Marcelo Haidar: 6 años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $540.000. 6 años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $540.000. Luis Alfonso Erbes: 5 años de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua y multa de $360.000. 5 años de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua y multa de $360.000. Miguel Ángel Ulrich: 4 años y 6 meses de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $360.000. 4 años y 6 meses de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $360.000. José Humberto Flores: 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $90.000. Se espera que la resolución del vocal Santiago Nicolás Brugo en la queja de Smaldone sea crucial para el futuro de este resonante caso de corrupción en Entre Ríos. Entrerios ahora /Cadena Entrerriana compartir
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