23/06/2025 17:26
23/06/2025 17:25
23/06/2025 17:24
23/06/2025 17:24
23/06/2025 17:23
23/06/2025 17:22
23/06/2025 17:22
23/06/2025 17:22
23/06/2025 17:21
23/06/2025 17:21
Parana » Informe Digital
Fecha: 23/06/2025 13:31
CARLOS CASARES, Buenos Aires.- Para recorrer la ruta provincial 50, que es de tierra, entre la localidad de Carlos Casares y Bolívar, es indispensable subirse a una camioneta. No obstante, las posibilidades de quedar atrapado en el barro son elevadas. Si esto ocurre, solo queda esperar un poco de suerte y la llegada de un vecino con un tractor, ya que tampoco hay señal de teléfono. Lo sabe muy bien la gente de Ordoqui, una localidad con 137 habitantes, a años luz de los 2000 que alcanzó en la década del 40, cuando pasaba el tren. “Aquí había seis fábricas”, recuerda Roberto Berardo al evocar tiempos prósperos para una comunidad conectada con la ciudad. Hoy en día, en este pueblo, sobre el camino de tierra que se torna intransitable, se encuentra una planta compresora que transporta gas de Vaca Muerta al AMBA. Este es uno de los sectores del centro y oeste bonaerense que enfrenta serios problemas de inundaciones debido a las intensas lluvias de los últimos meses, especialmente en abril y mayo, pero también por la falta de continuidad en diversas obras de infraestructura. Según la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), alrededor de 2 millones de hectáreas quedaron bajo el agua en toda la provincia durante el momento más crítico del fenómeno. La entidad informó que Carlos Casares y 9 de Julio se convirtieron en el epicentro del problema. En la actualidad, entre 800.000 y un millón de hectáreas siguen afectadas, además de Carlos Casares y 9 de Julio, abarcando también Bolívar, 25 de Mayo, Henderson (partido de Hipólito Yrigoyen), parte de Saladillo y General Alvear, entre otras áreas. Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) ya redujo en 100.000 hectáreas, es decir, a 7,1 millones de hectáreas, la siembra nacional proyectada de trigo debido a los excesos hídricos. LA NACION realizó un recorrido de casi 1000 kilómetros por Carlos Casares, 9 de Julio y también Roque Pérez en las últimas semanas. En Carlos Casares, al menos 82.000 hectáreas están inundadas, como se puede observar por satélite; sin embargo, no se visualiza el agua en aquellas hectáreas que aún tienen cultivos, por lo que se estima que la cifra real podría ser el doble. En 9 de Julio, hay 80.000 hectáreas afectadas, aunque este número también podría aumentar. Al menos, han caído unos 800 milímetros de lluvia en lo que va del año. Roque Pérez y localidades aledañas también enfrentan un océano de agua. La falta de continuidad en el dragado en la zona de Roque Pérez ha empeorado la situación en los campos. “Lo que resulta frustrante es que pasan los años y las obras siguen sin realizarse. Existe un Plan Maestro para el Río Salado [N.d.R., que abarca 17 millones de hectáreas] desde hace 25 años, pero se ha hecho poco al respecto. Cuando se proyectó el plan, se dijo que las obras estarían finalizadas en 10 años. La inversión se habría pagado con creces gracias a los resultados de la producción. No obstante, seguimos enfrentando pérdidas económicas debido a las inundaciones recurrentes en la provincia de Buenos Aires”, señala Pablo Ginestet, secretario de Carbap. De acuerdo a la entidad, se ha construido poco más del 50% de la infraestructura prevista. Un análisis de la organización reveló que el costo de no haber realizado las obras ha sido exponencialmente mayor que la inversión necesaria: el presupuesto inicial contemplaba un desembolso de US$2000 millones (actualmente, cerca de US$4000 millones). Se estima que los productores de la cuenca han aportado al fisco, principalmente vía retenciones a las exportaciones, más de US$35.000 millones, a pesar de haber acumulado pérdidas productivas superiores a los US$5000 millones. Debido a las inundaciones, parte de los cultivos de soja no pueden ser cosechados, y lo que se ha recolectado presenta alta humedad. “Desde el Consejo del Salado hemos estado insistiendo y subrayando la necesidad de avanzar con los proyectos de las llamadas obras complementarias [N.d.R., como canales más pequeños que se conectan con otros más grandes, entre otras], que tienen un costo mucho menor que el dragado y son imprescindibles, ya que permitirían llegar a los rincones de la cuenca y darle un sentido integral al Plan Maestro para la prevención o mitigación de inundaciones”, comenta Alberto Larrañaga, titular del Consejo Asesor del Plan Maestro del Salado. En la localidad de Alberti, en el kilómetro 193 de la ruta 5, se puede observar el río Salado y parte del problema: el puente es demasiado estrecho, por lo que, a pesar del dragado, se desborda. Fuentes del gobierno provincial, en diálogo con LA NACION, informaron que falta completar parte de la etapa IV del Plan Maestro, a cargo del gobierno nacional, y que esperan que se libere el presupuesto necesario para reanudar las obras. Hasta el momento no hay novedades al respecto. Este medio se comunicó con el Ministerio de Economía de la Nación, pero no obtuvo respuesta. El impacto de las inundaciones en la población rural es monumental. A pesar de amar sus hogares, confiesan que, en muchas ocasiones, atraviesan momentos difíciles y sienten tristeza por las nuevas generaciones que optan por emigrar. En Ordoqui, en abril estuvieron 17 días sin luz, carecen de señal telefónica y es complicado acceder a internet. La falta de mantenimiento de los caminos rurales en general, especialmente cuando están secos, la ausencia de reemplazo de alcantarillas rotas y el escaso tratamiento de los bajos son reclamos comunes entre los usuarios. Las historias son numerosas: se quedan encajados, no pueden acceder a sus propiedades, tienen dificultades para transportar leche y granos, los animales enferman y mueren, y no pueden sembrar ni cosechar. Vivir y trabajar en el campo es una odisea. En estas circunstancias, por ejemplo, no pueden llegar ni docentes ni médicos. Se debe rezar para no tener un accidente o una emergencia médica grave. Los niños se ven afectados. Carolina Bonino, residente de Ordoqui, menciona que debe recorrer 80 kilómetros para llevar a sus hijos a una escuela agrotécnica, pero por las vueltas obligadas debido a las inundaciones, la distancia se convierte en 150. Y añade: “Hay niños que simplemente no logran llegar a la escuela”. “Hemos padecido 16 inundaciones en cuatro décadas, y nada cambia”, comenta Alicia Sánchez, también habitante de esta localidad. “Necesitamos que se reactiven las obras de la Cuenca del Salado”, concluye. Toda la comunidad está atenta a esta promesa incumplida. Es ineludible la discusión entre quienes intentan extraer la producción con vehículos pesados (o intentan hacerlo), y aquellos que piden que no se circule por los caminos de tierra cuando están embarrados, ya que los “huellones” los vuelven intransitables. Ambas partes tienen razón. Ambos luchan por sobrevivir al caos y a los problemas que surgen al transitar por los caminos, a pesar de que una tasa vial rural puede ascender, por ejemplo, a los $4.500.000 anuales para un campo de 300 hectáreas (sin importar si es totalmente productivo o tiene áreas bajas, como lagunas). Leonardo Milanessi, encargado de la estancia Fortín Rifle, tuvo que evacuar a una familia de su hogar debido a que el agua ingresó en él. Las historias son múltiples. Matías Santamaría, propietario de un tambo que antes producía 27.000 litros diarios, ahora genera solo 15.000 litros. Dos veces al día, debe trasladar a sus empleados de Ordoqui en tractor. También fue afectado Leonardo Milanessi, quien debió evacuar a una familia de su hogar porque el agua llegó hasta allí. Federico Ortiz Ham es un productor agropecuario de Bacacay, cerca de 9 de Julio. “Tenemos el 70% de las 1371 hectáreas bajo agua y hemos perdido un lote completo de 150 hectáreas de soja. Además, tuvimos que malvender los animales. Aquí hay gente que tiene el agua dentro de sus casas. Nos preguntamos: ¿cómo sigue esto?”, reflexiona. Fabián Córdoba, miembro de la Comisión Vial de Carlos Casares, describe costos ocultos. Menciona que en esta situación, se cosecha la soja con mayor humedad, lo que requiere invertir en secado. Por su parte, Mario Reymundo, presidente de la Sociedad Rural de Carlos Casares, resume: “Nos gustaría que la política cambiara su actitud. Que dejen de percibir al sector agropecuario únicamente como una fuente de recursos y nos vean como un socio estratégico para el desarrollo del país. Este cambio implica entender la relevancia de la infraestructura, en particular de los caminos rurales, para el progreso de toda la comunidad rural”, sostiene. Alicia Sánchez agrega: “A los políticos no les interesa nuestra realidad”. Los caminos rurales están intransitables en muchos sectores. “Contamos con caminos del siglo pasado, cuando la circulación se hacía en carreta o a caballo, mientras los productores invierten en equipamiento del siglo XXI. Ha pasado mucho tiempo desde que la política tomó el camino equivocado. Brasil multiplicó su producción por seis, mientras que Argentina solo lo hizo por tres,” sostiene Reymundo. Nicolás Capriroli, dirigente de Carbap, menciona que parte del problema son los canales clandestinos y la falta de mantenimiento de los caminos rurales. A pesar de los inconvenientes, el resultado de diversas charlas con quienes viven este drama deja una conclusión: se sienten abandonados. “No ha venido nadie a intentar ayudar”, afirma Nicolás Capriroli, de Carbap 9 de Julio, y señala que la mitad de la cosecha en la zona está “muy complicada”. Añade al pedido de acción para prevenir la proliferación de canales clandestinos la necesidad de que los caminos rurales sean bien mantenidos por los municipios. En 9 de Julio se ha implementado lo que ellos llaman un “semáforo” para los caminos, donde los productores opinan sobre su estado. Actualmente, el 95% de estas vías están en rojo. Todos piden que se destine el 100% de la tasa vial al mantenimiento de los caminos para asegurar su transitabilidad, incluso en épocas de excesos hídricos. El Canal Mercante, parte del Plan Maestro, ofrece un alivio a la zona, pero aún se requieren obras complementarias que logren desagotar el exceso hídrico. Daniel Stadnik, intendente de Carlos Casares, declara que “los caminos rurales están colapsados” y que “cada año, la erosión eólica los ha desgastado. Están entre 50 centímetros y un metro por debajo del nivel natural de los campos”. También menciona que, en el partido, el 70% de lo recaudado en la tasa vial se destina a caminos, y el restante a un fondo para el mantenimiento del municipio. “El presupuesto no es suficiente -asegura- ya que el Estado nacional se lleva un porcentaje muy alto de los ingresos generados por el trabajo del productor, y la tasa vial no alcanza durante las emergencias.” En 9 de Julio, el 75% de lo recaudado se destina al mantenimiento de los caminos, que abarca sueldos y gastos administrativos del personal encargado de estas labores. El 25% restante también se destina a cubrir gastos del municipio. “Durante los últimos 20 años, ha habido un mantenimiento muy básico de los caminos rurales; cuando te sorprende una lluvia de 1000 mm en 100 días, es una catástrofe”, afirma Juan Pablo Boufflet, secretario de Obras y Servicios Públicos de 9 de Julio. Stagni confirma que “se está viviendo un ciclo húmedo preocupante. Sería fundamental llevar a cabo los dos canales proyectados del Plan Maestro al sur de la localidad.” El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó, el 29 de mayo último, a través del Decreto 2025-1180, la declaración del estado de emergencia y/o desastre agropecuario por inundaciones, lo que postergará o eliminará impuestos para quienes demuestren que tienen afectado el 80% de su campo. La medida abarca a las explotaciones rurales en los partidos de Puán, Tornquist, 9 de Julio, Carlos Casares, General La Madrid, Coronel Suárez, Guaminí, Bolívar, Tapalqué, 25 de Mayo, Saladillo y Roque Pérez. Desde Carbap critican que una obra crucial de dragado para evitar el desborde del Río Salado está paralizada por falta de financiamiento del gobierno nacional. Se trata del Tramo IV, Etapa 2 del Plan Maestro Integral, que abarca 32 kilómetros entre Roque Pérez y el puente que conecta los partidos de 25 de Mayo y Lobos. Fuentes cercanas a las empresas de dragado confirman que registran una deuda que, sumada al presupuesto para el tramo que falta, asciende a US$120 millones, una asignación que, de momento, permanece sin asignar. En conversación con LA NACION, el intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, confirma que, a pesar de que existe un Fondo Hídrico de Infraestructura, la obra está paralizada. “El río se desbordó por todos lados. Esos 32 kilómetros que faltan son un cuello de botella; ambos lados están dragados, pero este tramo que falta complica todo”, asegura. También menciona que no haber actualizado los puentes, que quedaron pequeños, afecta the zona. “El agua invadió el pueblo y tuvimos que instalar bombas para drenarla”, agrega. Ignacio Iturriaga, administrador de un establecimiento rural en la zona, explica que el río pasó de tener unos 60 metros de ancho y 1,20 metros de profundidad a alcanzar, con el dragado, 200 metros de ancho y hasta 3,5 metros de profundidad. “Aguas arriba y aguas abajo los trabajos sí se han completado, pero este tramo intermedio sigue sin resolverse. Como consecuencia, el agua que desciende con gran fuerza desde aguas arriba se estanca y se desparrama en la zona, provocando inundaciones y anegamientos antes de encauzarse nuevamente más adelante”, detalla. Iturriaga también señala que “en todo el proyecto de canalización no se contempló la instalación de compuertas, que permitirían regular tanto la entrada como la salida del agua”, opina. En cuanto a la ejecución de la obra, señala que las dragas empezaron a disminuir su avance hace más de un año, hasta quedar paralizadas. “Un hecho clave que marca la gravedad del evento es que los campos quedaron completamente cubiertos de agua en apenas 96 horas”, añade el productor. Otro productor de la zona, Fernando Agustinelli, quien también gestiona un campo en la cuenca del Salado, confirma que vive la misma situación crítica y que el abandono de las obras genera una gran incertidumbre para todos los que trabajan la tierra en esta región. Se pierden cosechas, ganado, alambrados, tranqueras y animales. El panorama es extremadamente complicado, y no se despeja debido a las continuas lluvias. “El exceso hídrico persistirá hasta la primavera, como mínimo”, concluye Ginestet. Mientras tanto, lejos de la comodidad urbana, quienes viven en la ruralidad enfrentan diariamente desafíos de grandes proporciones que ya deberían ser parte del pasado.
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por