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Gualeguaychu » El Argentino
Fecha: 23/06/2025 04:11
Tras la difusión del índice de inflación de mayo (1,5%), las principales empresas de medicina prepaga comenzaron a comunicar nuevos aumentos. En un escenario de creciente desregulación y liberación de precios, los amparos judiciales se consolidan como la única vía de defensa para los afiliados. Domingo, 22 de Junio de 2025, 7:02 Redacción EL ARGENTINO Las empresas de salud justifican los aumentos por el alza en costos médicos, honorarios y servicios tercerizados. Hasta el momento, seis prepagas han dado a conocer el aumento que aplicarán en las facturas de julio: Sancor (1,2%), Hospital Italiano (1,3%), Swiss Medical (1,25%), Federada (1,5%), OSDE (1,8%) y Galeno (1,9%). EL ARGENTINO dialogó con las abogadas Selva Chesini y Carina López, quienes advirtieron sobre el colapso del sistema de obras sociales y prepagas, y explicaron por qué los amparos judiciales se convirtieron en el único recurso para acceder a tratamientos médicos. Además, plantean dudas sobre la efectividad del nuevo sistema de mediación, el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (Promesa). A su vez, el abogado Felipe Martínez Garbino reflexionó sobre el DNU 70/2023, afirmando que debilitó seriamente las garantías en materia de salud al desregular el sector y permitir aumentos abusivos. En relación al Promesa, aseguró que aunque podría ser una herramienta útil, sí impide el acceso rápido a la Justicia, podría transformarse en un obstáculo más que en una solución. El rol de los amparos ante la crisis de la salud Chesini y López hace años litigan en temas de salud y hoy atienden un volumen inusitado de casos que, según describen, reflejan una crisis estructural del sistema sanitario argentino. - ¿Cómo se canalizan legalmente los reclamos contra obras sociales y prepagas? - No tenemos estadísticas exactas, pero los casos aumentaron muchísimo. Hay dos vías judiciales: la justicia provincial y la federal. Por ejemplo, el ex Iosper va por la justicia provincial. En estos casos, un amparo presentado un viernes puede tener sentencia el martes. Es rápido porque trabajan incluso fines de semana y feriados. En cambio, las prepagas y las obras sociales nacionales, como el PAMI, se resuelven en la justicia federal, que es mucho más lenta y burocrática. Pero cuando se demuestra la falta de cobertura el fallo casi siempre es favorable. En este sentido, Martínez Garbino aportó: “Según datos oficiales, los amparos por cuestiones de salud se incrementaron casi un 500 % en el último año. Esto no es casual: cuando el Estado o los agentes de salud niegan prestaciones esenciales, las personas recurren al único canal rápido y eficaz que hoy tienen a mano, el amparo judicial. Desde el punto de vista jurídico, el derecho a la salud está garantizado por la Constitución Nacional”. “El DNU, recientemente fue declarado inconstitucional” Martínez Garbino se refirió al impacto que tuvo el DNU presidencial en el sistema de salud. Al respecto, mencionó: “El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, recientemente declarado inconstitucional por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, generó un impacto regresivo profundo en el sistema de salud argentino. Uno de los ejes centrales de esta normativa fue la eliminación del control estatal previo que ejercía la Superintendencia de Servicios de Salud sobre los aumentos en las cuotas de la medicina prepaga”. Hasta ese momento, cualquier suba debía estar fundada razonablemente y aprobada por ese organismo, sin embargo, el DNU habilitó aumentos exponenciales, muy por encima de los índices inflacionarios generales. - ¿Quiénes fueron los más afectados por el DNU? - Tuvo consecuencias graves sobre los sectores más vulnerables: personas con discapacidad, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas. Muchas de estas personas vieron incrementos muy superiores a la media, a menudo con aumentos diferenciados o la imposibilidad de sostener el plan contratado. De los aproximadamente 6 millones de usuarios del sistema de medicina prepaga, se estima que alrededor del 10% -unas 600.000 personas- tuvieron que abandonar sus coberturas por no poder afrontar los nuevos valores. Esto no solo afectó a quienes quedaron sin cobertura, sino que también provocó una sobrecarga significativa del sistema de salud público, que ya opera con recursos limitados. Por su parte, Chesini y López afirmaron que el impacto que tuvo el DNU fue “gravísimo”. “La eliminación de la obligación de permanecer en una obra social debilitó su base solidaria. Los que ganan más se van a prepagas, entonces las obras sociales pierden financiamiento. Además, la liberación de precios de prepagas y medicamentos generó más rechazos y dilaciones. Las entidades ahora exigen más documentación para entregar medicamentos que antes otorgaban sin problemas”. Medicamentos y materiales ontológicos Por otra parte, Chesini contó a EL ARGENTINO cuáles son los casos que más predominan: “La mayoría son por medicamentos y materiales oncológicos, enfermedades crónicas, intervenciones quirúrgicas y tratamientos para niños y adultos mayores. Son cuestiones urgentes: si no se actúa rápido, el tratamiento se pierde. En esos casos, el amparo es eficaz. Cuando la documentación está en regla, los fallos salen en dos o tres días, con una cautelar inmediata. La efectividad, te diría, es del 100%”. En esta misma línea, Martínez Garbino expresó: “Muchos usuarios se vieron forzados a bajar de categoría o plan, lo que implicó una cobertura más acotada, sobre todo en lo que respecta a medicamentos. Esto ocurre en un contexto en el que las políticas de salud impulsadas por el actual gobierno nacional también implican una reducción significativa en el presupuesto destinado al PAMI y al acceso a medicamentos gratuitos para jubilados. Este panorama se agrava con el incremento sostenido en los precios de los medicamentos, especialmente los importados, lo cual limita aún más el acceso a tratamientos esenciales para una porción importante de la población”. El Promesa: ¿Solución o regresión? El crecimiento vertiginoso de la presentación de amparos judiciales llevó al Gobierno a crear, a través de un decreto presidencial, un nuevo procedimiento, la Promesa (Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud), que entrará en vigencia en 60 días. Por un lado, Chesini y López indicaron: “en salud, no tiene sentido cuando hay urgencia. El proceso tarda mínimo una semana y muchas veces la obra social ni se presenta. Para reintegros o temas no urgentes, podría funcionar. Además, interviene otro profesional que también cobra, así que no abarata tanto como se cree. Aún falta experiencia para evaluar su eficacia”. Por otro lado, Martínez Garbino aseguró que: “si Promesa se implementa con mediadores idóneos, con plazos breves, con patrocinio letrado gratuito y sin constituir una traba obligatoria para acceder al Poder Judicial, puede ser una herramienta valiosa y complementaria, como lo es la mediación en materia civil y de familia en nuestra provincia. Pero si la práctica revela que este procedimiento sirve para ganar tiempo, evitar cautelares o forzar a la ciudadanía a dilatar su reclamo de derechos urgentes, entonces lo que parece un avance será, en realidad, una regresión”.
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