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Parana » Radio La Voz
Fecha: 21/06/2025 12:19
Diez trabajadores cesanteados, paro total y una denuncia de desacato empresarial tras la intervención ministerial marcan el conflicto en Esteban Echeverría. “El miércoles a última hora, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, dictó conciliación obligatoria tras el paro que realizamos en los tres turnos para enfrentar los diez despidos injustificados ejecutados por Molinos Río de La Plata", dijo Luciano Greco, delegado de la Comisión Interna del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación filial Buenos Aires (STIA), a Buenos Aires/12. Así se resume el núcleo del conflicto que atraviesa desde hace días la planta que el grupo Pérez Companc posee en el distrito de Esteban Echeverría. Todo estalló el martes a las 21, cuando los trabajadores de los tres turnos paralizaron la producción en forma total luego de que la empresa despidiera a cinco operarios y una trabajadora. La medida de fuerza fue ratificada al día siguiente, cuando otros cuatro trabajadores fueron cesanteados sin mediar causa alguna. Según la comisión interna, se trata de “una avanzada empresaria que busca reducir la dotación de personal, deteriorar las condiciones de trabajo y avanzar en un esquema de ajuste salarial, ignorando las normas de seguridad laboral vigentes”. Tras más de 24 horas de huelga, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria en la noche del miércoles. La disposición se acató y los trabajadores regresaron a sus puestos, pero la empresa desconoció la resolución oficial: no reincorporó a los diez despedidos ni permitió su ingreso al turno noche. La actitud encendió nuevamente las alarmas dentro de la planta. “La empresa volvió a desconocer la autoridad del Estado provincial negándole el ingreso de los despedidos del turno noche”, señalaron los trabajadores en un comunicado difundido el jueves. En ese mismo texto, se exigió a la cúpula del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación que denuncie el incumplimiento de la empresa ante el Ministeriode Trabajo. El conflicto no es nuevo ni aislado. Desde fines de mayo, la firma habría comenzado con un proceso de reestructuración interna que incluyó la reubicación arbitraria de personal y la reducción de operarios en las líneas de producción, según anticipó Greco semanas atrás a este medio. La decisión, denunciada por el delegado ante el Comité Mixto de Seguridad e Higiene de la planta, implicó que muchos sectores comenzaran a operar con menos trabajadores de los mínimos establecidos, lo que elevó los riesgos de accidentes y afectó la seguridad laboral de todo el plantel. “Las advertencias del Comité fueron ignoradas por la empresa”, insistió Greco. Según datos proporcionados por la representación gremial, la planta de Esteban Echeverría emplea a unos 200 operarios bajo convenio, además de trabajadores administrativos, supervisores y personal tercerizado. En palabras de Greco: “La empresa quiere imponer de hecho una reducción de personal y salarios, sin discutirlo en el Comité Mixto de Salud y Seguridad, como exige la ley”. Además, señaló que el gremio todavía no solicitó inspecciones a la planta activó medidas de fuerza concretas en respaldo a los despedidos. Esta falta de respuesta por parte de la conducción del STIA fue otra de las quejas que resonaron entre los trabajadores. Un panorama desalentador y el apoyo del municipio En el plano político, la postura empresarial fue leída como parte del clima que se vive desde la asunción del actual gabinete de Javier Milei. “La motosierra entró en Molinos Río de la Plata en sintonía con el gobierno nacional. Es una muestra del desprecio que la empresa y el ejecutivo nacional tienen por las y los trabajadores", apuntaron desde la planta. Los trabajadores aseguran que la empresa no sólo desafía a la autoridad de la Provincia al desconocer las disposiciones de la cartera que comanda Walter Correa, sino que aprovecha el retroceso del Estado nacional en su rol de garante de derechos laborales. En todo ese marco general, el acompañamiento local apareció cuando desde la Municipalidad de Esteban Echeverría, el intendente Fernando Gray recibió a los trabajadores y se solidarizó con ellos ofrecieron respaldo institucional. El trasfondo económico y social también es insoslayable. La empresa Molinos Río de la Plata forma parte del grupo Pérez Companc, una de las familias más acaudaladas del país según Forbes, con una fortuna superior a los 4 mil millones de dólares. Durante la pandemia, la empresa mantuvo su producción con personal esencial, a pesar de los riesgos sanitarios que enfrentaban sus trabajadores. "Así y todo nosotros fuimos esenciales, trabajamos igual, hubo compañeros que arriesgaron su salud produciendo alimentos para toda la población”, recordó Greco en una entrevista con AM750. La situación salarial que atraviesan los operarios tampoco escapa a la crisis. En promedio, un trabajador calificado cobra 1.035.000 pesos brutos mensuales, mientras que la línea de pobreza, según el INDEC, ya supera ese monto. El reclamo sindical busca recuperar lo perdido en paritarias anteriores y conseguir una mejora que compense la inflación. Sin embargo, las negociaciones han sido escasas y poco fructíferas: a fines de mayo, una movilización del STIA a la sede de la cámara empresaria CIPA fue impulsada tras una oferta del 1 por ciento de incremento, calificada como “miserable” por la dirigencia. El conflicto de Molinos se inserta así en una trama más amplia: la del ajuste sobre el sector laboral en plena recesión. La paralización de la industria, los despidos encubiertos y la precarización son fenómenos que se repiten en distintas ramas de la economía productiva. Recientemente, la planta de Kimberly-Clark que producía los pañales de la marca Huggies cerró sus puertas y trasladó sus operaciones a su base central en la provincia de San Luis. Doscientos trabajadores quedaron en la calle y por ahora no hay soluciones. La próxima audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense está prevista para el miércoles próximo, según confirmó Greco a Buenos Aires/12. Mientras tanto, la tensión persiste. Los despedidos continúan afuera de la planta y la empresa sostiene su decisión. Del otro lado, los trabajadores aseguran que seguirán movilizados y en alerta.
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