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La Paz » Politica con vos
Fecha: 21/06/2025 12:10
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo dijo con total claridad en su mensaje a la multitud que la acompañó en Plaza de Mayo, el día de su arbitraria detención. La proscriben y no la dejan competir en las próximas elecciones, expresó, «porque saben que pierden (…). El verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro, sabe que se cae y por eso es que estoy presa». Por Carlos Heller El modelo del Gobierno libertario, continuó, «se cae no solo porque es injusto e inequitativo, sino fundamentalmente porque es insostenible en términos económicos. Tiene vencimiento, como el yogur, y no es nuevo, ya lo vimos con Martínez de Hoz en el 76 y con Cavallo en los 90». Más allá de esas fundadas afirmaciones, lo que ocurrió en los últimos días es de una gravedad superior a la injusta condena a la exmandataria, ya que se puso en cuestión el Estado de derecho, el contenido real de la democracia en la Argentina. Cristina fue juzgada por medio de mecanismos plagados de imperfecciones y por jueces como mínimo bajo sospecha por su claro vínculo con ciertos sectores del poder que querían desde hace mucho tiempo sacarla del juego. La propia legitimidad del máximo tribunal, compuesto por solo tres miembros, cuando prácticamente no hay casos en el mundo donde estos estrados tengan menos de nueve integrantes, está en cuestión. Se hace así evidente la necesidad de un Poder Judicial independiente, verdaderamente justo, que dé garantías de imparcialidad y objetividad que hoy no se observan. De la misma forma, se precisa un Parlamento respetado y no maltratado, que no sea considerado un ámbito formal, pasible de ser salteado mediante el uso de decretos para gobernar o de vetos de las leyes cuando no son del agrado del oficialismo. En este contexto, solo cabe interpretar la condena a Cristina Fernández como un castigo hacia su persona por lo hecho durante doce años de Gobiernos kirchneristas y un mensaje intimidatorio para el resto del arco opositor. Basta con recordar medidas esenciales adoptadas entre 2003 y 2015, como la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la cancelación total de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. También la estatización de empresas y de los fondos previsionales –que antes de ser privatizados, en los años 90 del siglo pasado, estaban bajo gestión estatal–, los planes educativos y de viviendas. La gran movilización popular del miércoles 18 mostró el respaldo a una figura, pero también a un estilo de democracia muy diferente del actual. Cabe resaltar, además, la masiva presencia de manifestantes de distintos sectores que componen el espacio del que formo parte, en los que va avanzando la idea de buscar unidos un cambio de rumbo. Desde luego habrá controversias y se tendrá que encontrar la manera de resolverlas, pero me animo a predecir que tanto en septiembre como en octubre próximos nuestro espacio irá unido, en pos de la concreción de contenidos programáticos bien representados. Miles en la calle. Una multitud respaldó a la expresidenta y a la democracia el pasado miércoles. Evidencias El modelo, que se pretende consolidar con decisiones autoritarias solo respaldadas por instituciones que representan intereses de porciones minúsculas de la sociedad, va quedando en evidencia día a día. Véase el siguiente dato sobre la magnitud del ajuste practicado, en perjuicio básicamente de sectores populares. En los cinco primeros meses de 2025 frente al mismo lapso del 2023 (evitando la comparación con el año pasado, cuando el gasto público mermó fuertemente) los ingresos del fisco cayeron 4,9% en términos reales, mientras los gastos primarios (antes del pago de intereses) se redujeron en un 27,6%. Casi todos los gastos mostraron fuertes caídas, como los de Capital (-83%) y los subsidios económicos (-67%, lo cual impactó en el aumento de las tarifas de los servicios públicos). En las jubilaciones y pensiones contributivas el recorte fue de 10,4%, mientras que otras prestaciones sociales (excluida la AUH) bajaron un 24%, del mismo modo que se redujeron las transferencias corrientes a provincias (-43%) y a universidades (-19%), entre otros ítems. Por otra parte, el incremento de partidas para la AUH (0,9 billones, descontando el efecto inflacionario) tuvo como contrapartida la «motosierra» sobre otros programas sociales (-3,1 billones). En síntesis, el desfinanciamiento del Estado y los tijeretazos en el gasto público en perjuicio de sectores de menores recursos se complementa con bajas de impuestos para los de mayor capacidad contributiva. Todo ello mientras se muestra un supuesto saldo positivo de las cuentas públicas, que bien mirado –considerados los nuevos endeudamientos y pagos de intereses– oculta la verdadera realidad deficitaria. Un panorama preocupante que impone a la ciudadanía el deber de poner límites a políticas reñidas con la democracia, de recorte de derechos e hipotecas que se pretenden legar a futuras generaciones.
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